El expediente que hundió al ‘zar del oro’

El expediente que hundió al ‘zar del oro’

Jairo Hugo Escobar Cataño fue condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de cuatro mineros.

Los Serafines

Tras el crimen, los sobrevivientes de ‘los Serafines’ se atrincheraron en la mina La Roca, rodeados de 55 escoltas armados.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

09 de julio 2017 , 01:18 a.m.

En menos de una década, Jairo Hugo Escobar Cataño pasó de ser el dueño de una compraventa del nordeste antioqueño a ser uno de los más temidos y ricos poderes criminales de esa zona del país, en donde era conocido como el ‘zar del oro’.

Escobar Cataño, que acaba de ser condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de cuatro mineros, logró amasar una fortuna de más de 36.000 millones de pesos, la cual le permitió tener a su servicio un aparato armado que, según expedientes judiciales, “se encargaba de amenazar y asesinar a las personas que no accedían a sus intereses en las minas que pretendía tener”.

El condenado, que era conocido por sus excentricidades en la región minera de Antioquia, fue capturado el 23 de noviembre del 2012 cuando pretendía viajar a Cartagena (Bolívar). Trece días antes, un juez de Medellín había expedido en su contra una orden de detención por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, extorsiones y desplazamiento forzado.

Escobar Cataño, según la sentencia del juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia, fue uno de los determinadores de la muerte de los mineros Jaime Nicolás Jiménez, Johan Esteban Pareja Avendaño y los hermanos Yeison Andrés y Wilmar Alberto Taborda Jiménez, estos dos últimos dueños de la mina La Roca, que en diciembre del 2011 estaba ‘pintando’ y dando paso a una veta que prometía una millonaria producción de oro.

Antes de acudir a ‘los Rastrojos’, grupo que financiaba el condenado, intentó entrar a la mina por túneles hechos por otro yacimiento con la finalidad de salirles adelante a los hermanos Taborda Jiménez.

Testigos que declararon en el caso señalaron que a la zona llegaron hombres armados que formaban parte de ‘los Rastrojos’ quienes “amablemente” empezaron a pedir una extorsión de cinco millones de pesos mensuales, que luego subieron a diez y que terminaron en presiones armadas y citaciones a campamentos para que los mineros entregaran el control de las minas. Incluso les pusieron a algunos de los dueños de los cortes pistolas en la cabeza y les descargaron ráfagas de fusil en los pies para forzarlos a las pretensiones de los hombres armados.

Socio los entregó

‘Los Serafines’, como eran conocidos los dueños de La Roca, se negaron a entregar la mina y fueron citados a una reunión en el sitio conocido como el Alto de los Muertos para hablar de la disputa. Allí fueron asesinados.

Al encuentro llegaron por recomendación de su socio Carlos Mario Salazar Londoño, exsecretario de gobierno de Segovia (Antioquia), “a quien extrañamente no le dispararon” y que fue el único sobreviviente del ataque. El exfuncionario, dice la investigación de la Policía y la Fiscalía, fue el encargado de llevar con engaños a las víctimas hasta donde los sicarios.

Aunque acudieron a la reunión armados con pistolas Walther nueve milímetros, jericho y fatih, ‘los Serafines’ fueron reducidos por los sicarios que tenían el apoyo de hombres armados que establecieron tres anillos de seguridad. Según la investigación, Escobar Cataño ofreció 800 millones de pesos para cometer los homicidios, pero terminó pagando 500 millones en billetes de cincuenta y de veinte mil pesos.

Tras el crimen, los sobrevivientes de la familia, Serafín y Eudes Taborda Jiménez, se atrincheraron durante meses en la mina La Roca, rodeados de 55 escoltas armados con pistolas y escopetas y portando chalecos antibalas.

En el juicio, testigos señalaron que el ‘zar’ también fue responsable del homicidio de ‘Marcos Legumbre’, un narco que trotaba todos los días vestido de camuflado y escoltado por diez hombres en moto por su finca de la que salían avionetas cargadas con coca.

También lo señalaron de la muerte del minero Rafael Pombo y del ‘Mello’, quien fue citado a una reunión en la que le advirtieron que Escobar estaba pagando mil millones de pesos para quedarse con su mina y que si quería conservarla, tenía que mejorar esa oferta.

En el expediente judicial se lee que en la época dura de los paramilitares, los integrantes del bloque Central Bolívar se instalaron en una finca del ‘zar del oro’, que usaban como centro de acopio de droga, y que él se reunía permanentemente con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’. Tras la desmovilización de las Auc, el grupo de escoltas de Escobar Cataño estaba conformado por exintegrantes de ese bloque paramilitar, que volvieron a delinquir y que cuidaban su imperio.

Poder corruptor desde la prisión

En el juicio se escucharon testimonios de varios uniformados de la Policía que señalaron que en la investigación se encontraron evidencias de que en el 2013, después de ocuparle la Fiscalía los bienes a Jairo Hugo Escobar Cataño con fines de extinción de dominio, él había desplegado maniobras para mantenerlos bajo su control y seguía delinquiendo desde la celda en la cárcel El Pedregal de Medellín, “amenazando a personas y testigos”.

En el expediente se advierte que incluso “ofreció a través de un abogado la suma de 30 millones de pesos para que lo trasladaran de la cárcel El Pedregal a la de máxima seguridad de Itagüí por intermedio del director de la cárcel de Itagüí”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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