El expediente que llevó a nueve a prisión por el atentado al Andino

El expediente que llevó a nueve a prisión por el atentado al Andino

Otras dos personas fueron detenidas. Hay orden de captura contra otra mujer señalada de ser del Mrp.

Capturados por atentados en el Centro Comercial Andino

Traslado de cuatro de los detenidos a Paloquemao para su judicialización.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

02 de julio 2017 , 01:20 a.m.

Dos hombres y una mujer ingresaron al centro comercial Andino el viernes 16 de junio en horas de la tarde. Trataron de cambiar sus rasgos físicos utilizando pelucas, barbas falsas y gafas oscuras para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad.

Instalaron la carga –de 700 u 800 gramos de amonal– entre una lámina hueca de las divisiones del baño de mujeres del segundo piso del centro comercial, a la altura del dispensador de papel higiénico. Por eso, el artefacto no fue detectado por el personal de aseo que cada media hora revisa los baños.

El explosivo fue activado vía celular el sábado 17 de junio pasadas las 5 y 10 de la tarde. Los terroristas cobraron la vida de tres jóvenes mujeres y dejaron nueve heridos, entre ellos Pilar Molano, quien perdió una pierna.

Esas revelaciones forman parte del expediente de la Fiscalía y Policía contra ocho señalados miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp) ya capturados, otros dos que fueron detenidos el viernes y el sábado (Cristian Santiago Sandoval e Iván Ramírez respectivamente) y hasta la noche del sábado estaban en audiencias de legalización de captura e imputación de cargos; otra mujer aún es prófuga. Según las autoridades, ellos son los responsables del atentado de hace dos semanas en el Andino.

La investigación señala que la red realizó labores de inteligencia en inmediaciones del centro comercial por lo menos una semana antes del ataque. Así lo demuestran la triangulación de los celulares y videos de las cámaras de seguridad del sector. Incluso, se comprobó que dos de las capturadas estuvieron en un sitio de internet desde el cual descargaron un plano del Andino, sobre el que señalaron salidas de emergencia y entradas principales.

Los detenidos fueron enviados a las cárceles Modelo y Buen Pastor para que esperen el juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado y porte ilegal de armas y explosivos.

Mientras ellos mismos y sus familiares y abogados hablan de un ‘falso positivo judicial’ y defienden su inocencia, tanto Fiscalía como Policía están seguras de haber golpeado a un grupo radical que desde hace dos años ha llevado a cabo al menos 15 acciones con explosivos en Bogotá y una más en Pereira.

Boris Ernesto Rojas Quijano, un abogado conocido como ‘Mao’, es señalado de ser la cabeza del Mrp.
“Es un hombre con retórica, con un alto poder de convicción. En menos de dos años logró reclutar a dos docenas de muchachos universitarios”, aseguró una fuente del caso.

En el escrito de acusación que se prepara para el juicio se presentarán las escuchas a 120 líneas telefónicas. Lo que muestran es que en el caso del Andino y en otros en los que el Mrp no reivindicó autoría, específicamente en la explosión de febrero que mató a un policía en el sector de la Macarena, en Bogotá, habría participación de las personas capturadas.

Esas acciones indicarían una radicalización del grupo, que tiene vínculos con las milicias del Eln en Bogotá y estaría dando el salto de las acciones panfletarias a las abiertamente terroristas. “Tenemos un 90 por ciento de certeza de que tuvieron que ver con la bomba de febrero y ahora estamos seguros de que su intención en el Andino era matar. Desvirtuamos la hipótesis de la falla en el temporizador. La carga la activaron a conciencia a esa hora”, dijo una fuente que estuvo en la investigación.

Tras el ataque contra un centro comercial atestado en víspera del día del padre, agentes especializados de la Sijín y el Grupo de Operaciones de la Sipol (Servicio de Inteligencia de la Policía) empezaron a atar cabos y llegaron a cada uno de los señalados. Seis de ellos salieron días después del ataque hacia El Espinal, Tolima.
“Los papás de ‘Mao’ viven allá. Se hospedaron en un hotel de 40.000 pesos la noche. Un grupo especial se registró en la habitación de al lado. Armaron una gran fiesta, bebieron y bailaron hasta el amanecer. El sábado, los capturamos a los seis en la piscina”, relató un investigador.

Seguimientos

Expertos en informática forense de la Dijín trabajan en el análisis del contenido de 16 computadores, cuatro CPU, 19 celulares, 8 tarjetas SIM, 23 USB, cuatro cámaras fotográficas, 50 disquetes y cinco cámaras nocturnas que fueron incautadas en los 12 allanamientos realizados.

En la investigación hay evidencias de seguimientos a las patrullas de Policía del sector: están registradas incluso con el número de unidades asignadas. También hay reportes del personal de vigilancia del centro comercial y de rutinas del personal de aseo.

Paradójicamente, una polémica decisión judicial, la que dejó en libertad en marzo de este año a Andrés Mauricio Bohórquez, ‘Calvo’, y a Juan Camilo Pulido Rivera, ‘Visajes’, aunque habían sido capturados con una carga explosiva en un sector residencial, permitió a las autoridades seguirles la pista y llegar a otros señalados miembros del Mrp.

El juez arguyó que no eran un peligro porque la bomba no había alcanzado a explotar. Los investigadores dicen que estos dos abogados fueron entrenados en el manejo de explosivos por el Bloque Oriental del Eln. El viernes anterior al atentado, la Fiscalía insistió en la captura del ‘Calvo’, pero de nuevo fue negada. Este hombre se identificaba con una cédula falsa, al igual que César Barrera Téllez, ‘Barbas’. Según los cargos de la Fiscalía, este último era el encargado de adelantar las labores de inteligencia para instalar los explosivos.

Lizeth Rodríguez Zárate, ‘Japo’, abogada, está señalada de almacenar explosivos y dispositivos electrónicos y elementos como brazaletes y banderas. Alejandra Méndez, dice la Fiscalía, coordinaba los encuentros clandestinos y supuestamente hacía inteligencia sobre unidades de policía. Natalia Trujillo Nova habría realizado inteligencia informática: experta en diseñar rutas de huida y el análisis de cámaras de seguridad. A Lina Vanessa Numpaque, ‘Mestiza’, la señalan de coordinar acciones directamente con los explosivistas.

Durante los allanamientos se incautaron dos bultos de nitrato de amonio, ácido acético y pólvora negra, componentes químicos para elaborar explosivos.

La vicefiscal María Paulina Riveros señaló que a una de las capturadas se le encontró una pistola nueve milímetros en su cartera, “situación que está soportada en una grabación del momento en la que se materializó su aprehensión”. El arma fue encontrada en poder de Lizeth Rodríguez Zárate.

Tras una semana de audiencias, la jueza consideró que hay pruebas suficientes para enviar a prisión a los ocho detenidos. “Indiscutiblemente, frente a un acto de barbarie, terrorismo y zozobra como el del centro comercial Andino no podemos cerrar los ojos (...).

Este sábado se le imputaron cargos por concierto para delinquir y terrorismo a Cristian Sandoval, mientras que Iván Ramírez, conocido como el ‘Talibán’ y cuya captura se llevó a cabo en Sasaima, Cundinamarca, fue presentado de nuevo ante un juez. Ramírez había sido detenido también con las otras ocho personas, pero fue dejado en libertad por un error de procedimiento.

El fiscal dijo en la audiencia de Sandoval que durante los allanamientos de la semana pasada se encontraron evidencias que lo vinculan con el Mrp. De hecho, precisó que este se empezó a acercar al grupo desde el 9 marzo y que participó en una última reunión la segunda semana de junio.

A la cárcel, un detenido

En el caso de Cristian Santiago Sandoval, detenido en la noche del viernes, la juez juez 42 penal municipal de garantías lo envió a prisión. Sus argumentos fueron que Sandoval es un peligro para la sociedad y se deben proteger las investigaciones de la Fiscalía.

El detenido no aceptó los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Por otra parte, el abogado Elmer Montaña, de la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a Lizeth Johana Rodríguez, aseguró que cuando se le preguntó al fiscal si había un video que comprometiera a los detenidos en el atentado del Andino, este dijo que no lo había.

JUSTICIA

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