Exmagistrados van a CIDH para tumbar techo a megapensiones

Exmagistrados van a CIDH para tumbar techo a megapensiones

Defensa Jurídica dice no se debe usar el sistema IDH para presentar casos "absurdos".

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia.

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Milton Díaz / Archivo EL TIEMPO

27 de junio 2018 , 08:52 p.m.

Un hueco fiscal de entre 43 y 57 billones de pesos en 20 años sería el costo de que se cayera el tope que la Corte Constitucional le puso hace cinco años a las megapensiones en el país.

Ese es el cálculo que hace la Agencia de Defensa Jurídica del Estado al evaluar solicitudes que fueron presentadas por cinco exmagistrados de altas cortes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que argumentan que la sentencia C-258 del 2013 de la Corte Constitucional viola los derechos de los colombianos que devengan salarios más altos.

Los reclamantes son los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González y Fernando Vásquez Botero, y del Consejo de Estado Bertha Lucía Ramírez Páez, Ana Margarita Olaya Forero y Jesús María Lemos Bustamante.

Esas solicitudes, en etapa de admisibilidad, todavía están lejos de tener informes de fondo o de que de ellas salgan recomendaciones para el Estado; sin embargo, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia dice que las meras solicitudes ya son “indignantes”.

“En caso de que se revierta esta decisión de la Corte habría un impacto fiscal cercano a los 50 billones de pesos. Sería un traslado de recursos de los colombianos más pobres a un grupito de personas”, señala Vélez. Agrega que se espera que la Comisión sea “clara” en proteger a la mayoría de los pensionados colombianos que son los que menos ganan, pues hoy el 51 por ciento de los 1,7 millones de pensionados que hay en el país ganan menos de dos salarios mínimos, mientras 1.032 son los actuales beneficiarios de las megapensiones.

En caso de que se revierta esta decisión de la Corte habría un impacto fiscal cercano a los 50 billones de pesos.

Pensionados del Congreso y las altas cortes tienen hoy un techo a sus mesadas cercano a los 20 millones de pesos, es decir 25 veces el salario mínimo. Sin embargo, muchos han demandado alegando supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales.

Otros procesos

Pero esas no son las únicas pretensiones polémicas ante la CIDH. Según la Agencia de Defensa Jurídica, 18 condenados e investigados por parapolítica tocaron la puerta de la instancia internacional alegando que el Estado Colombiano les violó su derecho a la doble instancia en el trámite de sus procesos penales.

En la lista están, entre otros, Mario Uribe Escobar, Jorge Aurelio Noguera Cotes, Piedad Zuccardi, Salvador Arana Sus, Miguel Pinedo Vidal, Álvaro Araújo Castro y Odín Horacio Sánchez Montes de Oca.

Lo cierto es que aunque la Comisión se pronuncie sobre estas peticiones, Colombia ya ha avanzado sustancialmente en la garantía de la doble instancia para aforados judiciales. De hecho, actualmente están siendo elegidos nueve nuevos magistrados que conformarán las salas de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia.

En todo caso, tal como ha dicho este tribunal, esa evaluación de procesos ya no estaría abierta para quienes tengan condenas al momento de la entrada en vigencia de ese sistema en la Sala Penal.

La competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular es otra de las situaciones que ha sido puesta en conocimiento del Sistema IDH. El proceso que más lejos ha llegado es el de Gustavo Petro, que cursó en tiempo récord el trámite que en promedio toma 20 años. Por esa petición, que se radicó en el 2013, la CIDH ya presentó una serie de recomendaciones a Colombia en el sentido de que el país debe fortalecer garantías en el trámite de procesos disciplinarios en la Procuraduría.

Vélez indicó que se pidió una prórroga en el cumplimiento de las exigencias porque se necesitan cambios estructurales en las normas colombianas. Esas mismas peticiones presentaron Piedad Córdoba –quien fue inhabilitada por la Procuraduría, pero el Consejo de Estado tumbó la decisión– e Iván Cepeda –investigado–.

Hoy hay en fila 912 solicitudes ante la CIDH, 378 están en etapa de admisibilidad, en 164 casos se están construyendo informes de fondo y 6 están en cumplimiento de recomendaciones. De acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica, el 60 por ciento de los procesos que históricamente han llegado desde Colombia a esa instancia tienen relación con el conflicto armado.

JUSTICIA​

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