La evidencia del caso Lezo que se llevó la Guardia Civil española

La evidencia del caso Lezo que se llevó la Guardia Civil española

Hallaron documentos del supuesto desvío de 80 millones de euros de la firma Canal Isabel II.

Allanamientos en caso Lezo

En un allanamiento se encontraron 262.000 euros y documentación sobre movimientos y transacciones.

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Fiscalía General / EFE

11 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Nadie sabía cómo abrir la caja fuerte que el español Edmundo Rodríguez Sobrino, el cerebro del supuesto saqueo al Grupo Canal Isabel II, tenía oculta en un lujoso apartamento en Barranquilla.

Estaban listos para intentar forzarla cuando uno de los tres miembros de la Guardia Civil española que llegaron a Colombia para investigar el llamado caso Lezo recordó que Rodríguez tenía una misma clave para el computador personal y para el móvil que le incautaron en Madrid.

“Se la dieron a un funcionario del CTI para que probara y, sorpresa, abrió. No solo encontramos 262.000 euros, también valiosa documentación sobre sus movimientos y transacciones. Esa es una de las ventajas de los operativos mixtos”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de la Fiscalía de Colombia que coordinó los allanamientos y registros conjuntos que se realizaron esta semana.

En efecto, la visita de siete días a Colombia de los investigadores de la Guardia Civil y de un fiscal español tenía una hoja de ruta clara. Para ellos, en el entorno de Rodríguez, cabeza de Inassa, la filial en América Latina del grupo Canal Isabel II, están las claves del desvío de más de 80 millones de euros mediante compras infladas de empresas y pagos a políticos locales a cambio de contratos.

‘Mi punto débil’

Por eso están buscando en Barranquilla, Cartagena, Hong Kong, Panamá y Luxemburgo las piezas que hacen falta para probar el saqueo, que ya tiene presos a 12 ilustres empresarios y políticos españoles vinculados al Partido Popular (PP), incluido Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

Rodríguez, que se pavoneaba por la Costa con empresarios colombianos –como William Vélez, Luis Fernando Arboleda y Diego García Arias– y enviaba obsequios de Navidad a dirigentes locales, se encargó de entregar pistas sobre su conducta. En una interceptación que le hizo la Guardia Civil, el 21 de noviembre del 2016, en un salón del hotel Eurobuilding de Madrid, el español le confesó a Pablo González, otro de los implicados, que su talón de Aquiles era su fortuna: “Vamos, yo tengo puntos débiles, que no cuento a nadie; todo el mundo tiene puntos débiles, claro, sobre todo tenemos puntos débiles que es… Hacienda, que no tiene nada que ver con nada… pero sí tiene que ver, claro. Al final, ellos tienen la llave”.

Por eso, además del apartamento en Barranquilla, cuya existencia reveló una investigación de EL TIEMPO, se le rastrean inversiones en Hong Kong y Luxemburgo. Movimientos migratorios lo sitúan en Asia poco después de negociar paquetes accionarios de la Triple A y de la compañía brasileña Emissao por las que Canal Isabel II pagó siete veces su valor.

Además, hizo tres transacciones de un millón de euros en cuentas abiertas en Luxemburgo. Los movimientos bancarios se registraron en la misma época en que era presidente ejecutivo de Inassa.

También se indaga su participación en fondos de inversión por 1,4 millones de euros.

El rastro en la Costa

Pero la lista de registros, pesquisas y allanamientos, articulados por el acuerdo de colaboración firmado por el fiscal Néstor Humberto Martínez con España, no se limitó a Rodríguez, sino que se extendió a la sede principal de Inassa y otros implicados.

Uno de ellos es el colombiano Diego García Arias, exgerente de esa compañía y quien estaría negociando con la justicia española. También Ramón Navarro Pereira, destacado exgerente de la Triple A.

Este último quedó en el radar de ‘Lezo’ luego de que su nombre apareció en una sociedad ‘offshore’ en Islas Vírgenes, con movimientos que las autoridades quieren chequear.

La Procuraduría también examina la conducta de Luis Fernando Arboleda, exgerente de la Triple A y hoy presidente de Findeter.

Por orden del procurador Fernando Carrillo –que también fue a España por evidencia–, se revisa su desempeño en la Triple A, que Arboleda dice no coincidió con la compra masiva de acciones por parte de los españoles. Además, se chequean contratos de Findeter, de la Triple A y de Metroagua, de la que Arboleda también fue gerente.

A la par, se examina si los exalcaldes de Barranquilla Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoenigsberg tuvieron algo que ver en las supuestas ventas infladas de acciones de la Triple A que permitieron que los españoles le quitaran el control a la ciudad, dejándola con un 15 por ciento.

La comisión de investigadores españoles regresó el jueves en la noche a Madrid con documentos que les ayudarán a aclarar esos episodios y si, tal como lo han revelado varias interceptaciones, políticos colombianos de todo nivel recibieron sobornos de las fichas de Canal Isabel II en América Latina.

“El siguiente paso es cotejar la información que hallamos en la caja fuerte y en la sede de Inassa con una contabilidad encontrada en un allanamiento a Canal Isabel II en Madrid. Si no coinciden y se prueba que la Triple A sirvió para cometer actos de corrupción, ordenaremos las primeras capturas en Colombia”, explicó el investigador.

Por ahora, a Rodríguez se le negó una solicitud de libertad y se rastrean movimientos de dinero hechos desde prisión. Y sus otrora amigos en Colombia le dijeron a EL TIEMPO que hace años no saben de él.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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