Demandas contra el Estado llegan a 300 billones de pesos

Demandas contra el Estado llegan a 300 billones de pesos

Una reconocida firma se encargará de defender al país frente al pleito con la española Unión Fenosa.

Luis Guillermo Vélez

Luis Guillermo Vélez, nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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Archivo particular

03 de abril 2017 , 12:54 a.m.

Luis Guillermo Vélez, nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoce que las demandas contra el Estado llegan a los 300 billones de pesos. Igualmente, anuncia que Colombia ya tiene una reconocida firma que defenderá al país frente a la demanda de la española Unión Fenosa por la liquidación de Electricaribe.

¿Cuánta plata han logrado salvar de las millonarias pretensiones contra el Estado?

En el pasado, las sentencias contra del Estado eran, más que una vena, una arteria rota en materia fiscal. La Agencia ha dado muy importantes resultados; si lo mira comparativamente hablando, es difícil encontrar otra entidad que les genere un importante retorno de inversión a los colombianos.

Esta agencia cuesta al año aproximadamente unos 43.000 millones de pesos y le ha significado ahorros al Estado por 41 billones de pesos. Con una inversión de cerca de 200.000 millones de pesos en estos cinco años, el Estado se ha ahorrado 41 billones de pesos; es difícil encontrar un retorno de inversión igual.

El número de pleitos es relativamente pequeño, pero las cuantías tienden a ser grandes, y son litigios delicados

Y en materia internacional, ¿cómo se está defendiendo el Estado?

Tenemos unas áreas importantes de litigio internacional donde hay dos tipos de pleitos: el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual ya se tiene bastante experiencia, y los abogados de la Agencia han demostrado una altísima efectividad; allí tenemos resultados muy importantes, que no se daban antes. Y tenemos un área de litigio nueva, que es de inversión, derivada principalmente de los tratados de protección de inversión que ha firmado Colombia en las últimas dos décadas.

El número de pleitos es relativamente pequeño, pero las cuantías tienden a ser bastante grandes, y son litigios bastante delicados. El más conocido es el de Electricaribe.

¿Cómo va a proceder Colombia en la demanda por ese caso?

El Estado está preparado para este tipo de situaciones y contrató una de las firmas más reconocidas en materia de litigio de inversión que existen en el mundo, y que se llama Sidley Austin. Le damos la máxima importancia a esta disputa, vamos a defendernos con la mayor vehemencia. No se puede olvidar que estamos es frente a una quiebra de una compañía que en noviembre del año pasado no pudo pagarles a sus proveedores ni a los bancos.

Esto la llevó a una situación de insolvencia que la condujo, eventualmente, a no poder prestar el servicio de energía y a afectar directamente a más de 10 millones de colombianos. A ellos se les aplicó un mecanismo contenido en la ley desde hace más de 25 años y que se ha aplicado en 34 oportunidades en circunstancias similares, y sin ningún tipo de diferenciación de si la compañía es pública o privada, nacional o extranjera.

¿Temen posibles demandas en el tema minero en lo referente a las consultas previas?

Yo no utilizaría la palabra ‘temor’, simplemente considero que los colombianos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos compromisos internacionales adquiridos mediante tratados de hace mucho tiempo, que les generan ciertos derechos a los inversionistas extranjeros; entonces, los actos no solo del Gobierno, sino de cualquier ente estatal, que eventualmente puedan ser generadores de vulneraciones a inversionistas podrían ser llevados a tribunales internacionales.

Eso no quiere decir que los agentes gubernamentales o los entes de control no puedan o no tengan derecho a ejercer su soberanía, a ejercer sus funciones respectivas y a cumplir con su deber y aplicar la ley.

¿Cuál es la meta para seguir bajando los pagos por demandas?

Tenemos en este momento cerca de medio millón de demandas contra el Estado; las pretensiones de esas demandas son cercanas a los 300 billones de pesos, y hay unos sectores en los que esa litigiosidad es muy grande; por ejemplo, buena parte se da frente a la Fiscalía por detenciones injustificadas, hay cerca de 17.000 procesos contra el ente investigativo, que suman 45 billones de pesos. También tenemos el sector de minas y energía, donde hay demandas principalmente por daños ambientales, también muy cuantiosas. Tenemos el sector defensa, en su mayoría por temas laborales; el Ministerio de Hacienda, donde hay un número importante de litigios relacionados con las ‘pirámides’ del 2008.

Si bien hay pretensiones cuantiosas en todos los casos, hay unos en los que hay pérdida procesal más alta que en otros; en el caso, por ejemplo, de las ‘pirámides’, el éxito del Estado es cercano al 100 por ciento.

En el caso de la Fiscalía con las detenciones injustificadas o privación injusta de la libertad, uno lo que encuentra es que la mayoría de esos litigios concluyen en condena.

JUSTICIAjusticia@eltiempo.com

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