El escándalo de corrupción judicial que sacude al Meta

El escándalo de corrupción judicial que sacude al Meta

Fiscalía capturó a 24 funcionarios judiciales de ese departamento por favorecer a delincuentes.

Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín y Ronald Floriano Escobar,

Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín, uno de los favorecidos. Ronald Floriano Escobar, juez de ejecución de penas capturado.

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Policía

30 de junio 2017 , 09:52 p.m.

Tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio tendrán que responder por delitos tan graves como concierto para delinquir y prevaricato por acción y por omisión, señalados de hacer parte de una red de corrupción judicial que favorecía a delincuentes a cambio de fuertes sumas de dinero.

Desde noviembre del año pasado, la Fiscalía ha intentado imputarles a los magistrados cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero se han registrado situaciones como magistrados que se declaran impedidos para conocer el proceso u otros que el día de la audiencia están de permiso o de vacaciones.

Entre tanto se puede realizar la audiencia de imputación contra los magistrados Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, la Fiscalía y la Policía realizaron un operativo en el que fueron capturados 24 funcionarios judiciales del Meta señalados de hacer parte de la misma red de corrupción.

La vicefiscal general María Paulina Riveros aseguró este viernes que en esta investigación –que se denominó operación Caballistas–, se encontró que estas personas hacen parte de “una empresa criminal que otorgaba subrogados como suspensiones condicionadas de las penas a personas condenadas por homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico”.

Las investigaciones aseguran que los integrantes de esta red operaban desde el 2013 en los distritos judiciales del Meta y Cundinamarca.

La red concedía redenciones de pena o favorecían con detención domiciliaria a personas a las que se les había impuesto detenciones preventivas en centros penitenciarios. También les otorgaban las suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Entre los 24 capturados se encuentren seis jueces de control de garantías (los que están en la etapa inicial de los procesos), además de funcionarios del Inpec, abogados, asistentes de juzgados, entre otros. “Fue una empresa criminal de servidores judiciales y abogados litigantes”, indicó la Fiscalía.

Algunos de los nombres que han dado a conocer las autoridades son los de Javier Eduardo Aldana, fiscal seccional de Villavicencio, conocido como el ‘Cantante’ por sus capacidades artísticas con el joropo.

También fue detenido Raúl Ardila Baquero, juez penal; Ronald Floriano Escobar, juez de ejecución de penas; y Luis Everth Salazar Sarria, juez promiscuo del municipio de Guamal (Meta).

La Dijín también capturó a Claudia Silgado, investigadora del CTI en el departamento; Ómar de la Hoz, médico psiquiatra forense de Medicina Legal; y José Luis Rangel, jefe jurídico del Inpec en Villavicencio.

El juez Ardila Baquero estaría relacionado con una investigación por dejar en libertad y absolver a Carlos Hernando Barrera Alfonso, integrante de una banda criminal que apodan el ‘Ingeniero’ y que hacía parte de los ‘libertadores del Vichada’.

Los tres magistrados del tribunal se declararon impedidos para conocer del tema por “tener vínculos de amistad íntima” con el juez que fue llevado a juicio por la decisión de dejar libre a el ‘Ingeniero’.

El juez Ronald Floriano Escobar favoreció con una decisión a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, condenado a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. En el 2014, este juez le concedió el beneficio de casa por cárcel.

‘Cesarín’, jefe de la banda ‘oficina de Envigado’, se fugó aprovechando el beneficio y luego fue recapturado. El juez ya había sido llevado a juicio por ese caso.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.

Impedimentos frenan imputación

El pasado 16 de junio, la Fiscalía presentó de nuevo la solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra los tres magistrados. Cuando el caso fue repartido a la magistrada María Stella Jara Gutiérrez, del Tribunal de Bogotá, ella manifestó su impedimento porque tiene “una amistad íntima” con Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

Jara dijo que desde su vinculación a la Rama Judicial en 1990 sirvió al Distrito Judicial de Villavicencio por 15 años en varios cargos, cuando ya Díaz era magistrado.

LLANO SIE7E DÍAS y JUSTICIA

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