‘Pasamos de carteles de la droga a los de la contratación’: Procurador

‘Pasamos de carteles de la droga a los de la contratación’: Procurador

Fernando Carrillo habla del escándalo de corrupción que implica a la Triple A de Barranquilla.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

25 de marzo 2018 , 02:15 a.m.

Un escándalo similar al de la compañía brasileña Odebrecht, pero esta vez realizado por la empresa española Inassa, ha sido descubierto. Tres gerentes de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como Triple A, fueron citados a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación, dentro de la investigación de los hechos de corrupción de lo que se llama en España el caso Lezo.

Se trata de desviaciones de dineros de varias empresas de servicios públicos en Colombia y por lo menos en siete países de la región, que terminaron beneficiando a la compañía Canal de Isabel II, una de las empresas de servicios públicos de Madrid.

La diferencia entre Odebrecht de Brasil e Inassa de España es esta: mientras las autoridades de España ofrecen toda la cooperación para la investigación, las autoridades del Brasil la niegan, pues no han respondido un solo requerimiento de la Procuraduría de Colombia.

Estas revelaciones las hizo en dialogo con EL TIEMPO, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. El alto funcionario considera que en Colombia “pasamos de los carteles de la droga a los carteles de la contratación”.

¿Cómo se conoció la desviación de dineros en el caso de Barranquilla?

Descubrimos que había un contrato de asistencia técnica cuya remuneración a favor de Inassa corresponde al 4,5 por ciento de la facturación de la Triple A de Barranquilla. La Triple A es la compañía pública de Barranquilla que presta los servicios domiciliarios de aseo, alcantarillado y agua de esa ciudad. Inassa, una compañía española, suscribió en 1996 un contrato para hacerse accionista de la Triple A, en el que reconocían un cargo por el gerenciamiento. Posteriormente, en el año 2000 apareció una figura de un contrato de asistencia técnica entre la Triple A e Inassa, filial para Latinoamérica del Canal de Isabel II, piedra fundamental del escándalo de corrupción que se investiga por la desviación de recursos públicos.

¿Pero la Triple A de Barranquilla no es una empresa oficial?

Sí, es una categoría especial de entidad pública. Es una empresa prestadora de servicios públicos creada por el Concejo de Barranquilla y la composición de su capital es mixta. El Estado tenía el 84,5 por ciento de capital y en un proceso de capitalización, que es la primera línea de investigación de la Fiscalía y la Procuraduría, se redujo el capital público paulatinamente hasta llegar actualmente al 14,5 por ciento. Inassa tiene hoy el 84,5 por ciento. Por estos hechos en España y en Colombia se adelantan las investigaciones por lo que se conoce como caso Lezo, sobre los presuntos sobrecostos y actos de corrupción en el proceso de adquisición, capitalización y descapitalización de las acciones de la Triple A, y que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha llamado la operación Acordeón.

¿Quién o quiénes marchitaron el capital oficial y privatizaron la empresa?

Eso es lo que estamos investigando con la Fiscalía, en el marco de una mesa de trabajo con la Fiscalía española. Cuál fue el entramado que permitió que esa empresa española se apropiara de 100 millones de dólares, desde el año 2000.

¿Tanto dinero?

Más de 100 millones de dólares salieron de la empresa Triple A hacia Inassa, y nadie ha podido explicar dónde está ese dinero. La Superintendencia de Sociedades esta también investigando esto.

Más de 100 millones de dólares salieron de la empresa Triple A hacia Inassa, y nadie ha podido explicar dónde está ese dinero

¿Y qué ha hecho la Procuraduría para investigar semejante irregularidad?

Acabamos de citar a juicio disciplinario público a Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermer Redondo, en su condición de gerentes generales de la Triple A, por esos hechos; es decir, la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios, o sea Inassa y la sociedad Triple A.

¿Pero con quién o quiénes se firmaban los contratos de asistencia técnica?

Fue firmado por Luis Nicolella de Caro, en representación de Inassa, y Francisco Olmos Fernández, de la Triple A.

¿En qué consistía la asistencia técnica?

Según lo escrito, Inassa prestaría asistencia técnica genérica a la Triple A. No encontramos soportes ni evidencias de que ese servicio pagado se hubiera prestado.

¿Por qué se cita a audiencia pública a los tres exgerentes de la Triple A?

La falta imputada consiste en “apropiarse directa o indirectamente en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, falta que fue calificada como gravísima a título de dolo para los señores Navarro y Serrano y de culpa gravísima para Redondo.

¿Y qué se ha hecho sobre el proceso de descapitalización de la Triple A?

La Procuraduría interviene a través de una acción popular instaurada por los ciudadanos, para defender el patrimonio público. La Fiscalía investiga los actos de corrupción relacionados con la simulación de órdenes de servicio para beneficiar a terceros por cerca de $ 27.000 millones. Y la Procuraduría, adicionalmente, investiga el uso de los subsidios por el orden de $ 70.000 millones.

¿Todos los contratos de asistencia técnica eran ficticios?

Sobre este punto Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Inassa en Latinoamérica, quien vivió muchos años en Barranquilla, ha reconocido a la justicia española que cobraba por una asistencia técnica que no daba. ¿Qué fue lo que descubrimos? Un sifón por donde se fue el 4,5 por ciento de los recursos desde el año 2000 hasta el 2017, cuando nosotros pedimos la suspensión del contrato. La cuenta suma ya más de 80 millones de dólares en lo que se refiere a ese aberrante uso de la figura del contrato de asistencia técnica.

¿Qué fue lo que descubrimos? Un sifón por donde se fue el 4,5 por ciento de los recursos desde el año 2000 hasta el 2017, cuando nosotros pedimos la suspensión del contrato

¿De cuánto estamos hablando?

Las platas son 237.000 millones en contratos de asistencia técnica, 27.000 millones en órdenes de servicios y 70.000 millones en subsidios. Todo eso suma 334.000 millones de pesos, que son más de 100 millones de dólares.

¿Quién diseñó y ejecutó ese entramado?

Los gerentes de la Triple A en Barranquilla e Inassa. La justicia española está juzgando a los directivos del Canal II y de Inassa, entre ellos Rodríguez Sobrino, quien aparentemente está colaborando con la justicia española. Es una sucesión de contratos que no tuvo vigilancia de la Alcaldía de Barranquilla desde el 2000 hasta hoy.

¿Este es un escándalo muy similar a Odebrecht?

Así es. Un esquema de corrupción que ha funcionado en toda América Latina, como lo reconoció el expresidente de Inassa, en donde se están investigando pagos de sobornos y, en este caso particular, se llevan recursos de los ciudadanos que pagan tarifas de servicios públicos, subsidiadas en la mayoría de veces por el Estado, que terminan fraudulentamente en manos de Inassa: serían presuntos pagos ilegales por contratos inexistentes.

Se están investigando pagos de sobornos y, en este caso particular, se llevan recursos de los ciudadanos que pagan tarifas de servicios públicos, subsidiadas en la mayoría de veces por el Estado

¿De qué manera el Gobierno de España coopera con la Procuraduría y la Fiscalía?

Hay una estrecha colaboración con España. A diferencia de la nula cooperación judicial de la Procuraduría de Brasil, que no ha colaborado en nada en la investigación que ha adelantado el Ministerio Público colombiano contra los ejecutivos de Odebrecht. La Procuraduría brasilera –que es la Fiscalía–, no ha prestado ningún tipo de ayuda; todo ha llegado por otras fuentes y es bastante deficiente, porque mantienen la tesis absurda de que ellos entregan pruebas pero nadie puede utilizarlas contra los ejecutivos brasileros.

Es la ley del embudo: nos dicen “ustedes persigan a sus corruptos en Colombia y nosotros les ayudamos a castigarlos allá, pero nuestros corruptos son un asunto de la justicia brasilera”. Son intocables. Se olvidan que hubo ejecutivos de esa compañía que estuvieron en el país y fueron los protagonistas de esa catástrofe ética que ha significado Odebrecht y ha afectado gravemente el patrimonio público colombiano y la moralidad. Nuestra preocupación es hoy cómo resolver que Odebrecht indemnice a Colombia y repare el inmenso daño causado.

¿Entonces Brasil no ha colaborado?

No ha colaborado. Hay una anécdota: el anterior Procurador de Brasil dijo en una reunión de fiscales y procuradores latinoamericanos hace un año: “Lo único que les pido es que adelanten sus investigaciones, que aclaren esos escenarios, pero por favor ayúdennos a que la empresa pueda seguir operando en su país”. La cooperación ha sido nula y las ofertas de reparación hasta el momento, insuficientes. Todo esto ha sido un vendaval que se ha llevado hasta el presidente del Perú. Nada le ha hecho mayor daño a la estabilidad política de la región, a la democracia y por supuesto al desarrollo de nuestros países que todo ese escándalo de Odebrecht.

¿Cómo compararía su denuncia a Inassa de España con Odebrecht de Brasil?

Colombia ha pasado de los carteles de la droga a los carteles de la corrupción: de la salud, el sida, el bastón, los enfermos mentales, la hemofilia, el síndrome de Down; más los carteles de la contratación pública: del PAE, que son los carteles de la nutrición infantil; y los carteles de tierra en tema de restitución.

La corrupción antes era generada por el narcotráfico y ahora, por los carteles de la corrupción, que son crimen organizado puro. La corrupción es la peor amenaza a la democracia y es fuente de desconfianza ciudadana en las instituciones. Colombia reclama una revolución de la ética, para que ser pillo deje de dar estatus y los modelos culturales dejen de ser los sicarios y los inescrupulosos.

La corrupción antes era generada por el narcotráfico y ahora, por los carteles de la corrupción, que son crimen organizado puro

Pero el Gobierno y los candidatos presidenciales ofrecen atacar la corrupción…

Más de un año después de haber recorrido el país como procurador estoy convencido de que somos más los honestos que los corruptos. Sé también que hay mucha retórica frente a la lucha contra la corrupción.

La profunda desconfianza ciudadana en la política nace de la pérdida de fe de la ciudadanía en la justicia y las instituciones. La lucha contra ese flagelo exige un pacto de Estado, que vaya más allá de la coyuntura electoral y convoque a los colombianos a unirse en torno a ese tema.

La lucha contra ese flagelo exige un pacto de Estado, que vaya más allá de la coyuntura electoral y convoque a los colombianos a unirse en torno a ese tema

La corrupción no puede ser solo un eslogan de campaña o una bandera electoral. Vencer la corrupción debe ser el propósito prioritario del nuevo jefe de Estado, y para ello se necesita deponer los odios y actuar con responsabilidad en la construcción de un acuerdo fundacional para recuperar la ética antes de que el país se derrumbe en nuestras narices. Recuperar la confianza en las instituciones pasa, además, por vencer la fractura social en que se halla hoy el país. Tenemos que encontrar escenarios de convivencia y convergencia. Colombia tiene que encontrar caminos de confluencia en temas esenciales en un futuro común de confianza y reconciliación.

¿Si los candidatos no deben mezclar el tema de la corrupción con la campaña electoral, entonces qué hacer?

Hay que elegir la ética, hay que votar contra el pasado. Es el momento de la grandeza en la construcción de un gran pacto que libere a Colombia de los corruptos y la violencia que ellos promueven.

YAMID AMAT
Especial Para EL TIEMPO

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