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Investigación

¿En qué va la negociación entre Uber y el Gobierno?

La compañía llegó a insinuar que la víctima coludió con un rival de mercado para perjudicarlos, según los documentos entregados en corte.

La compañía llegó a insinuar que la víctima coludió con un rival de mercado para perjudicarlos, según los documentos entregados en corte.

Foto:Justin Sullivan / AFP

Proyecto reposa en el Congreso sin ningún avance. Ministro Cardona pidió se le dé trámite.

Andrea Morante
Aunque la búsqueda del Gobierno por reglamentar el servicio de transporte público de lujo no ha faltado, Uber sigue funcionando en medio de la ilegalidad.
El Ministerio de Transporte expidió una resolución, según la cual la empresa que desarrolle una plataforma tecnológica, como herramienta para que los usuarios accedan al servicio de transporte, tiene la obligación de atender el marco normativo que regula cada modalidad de servicio específico (afiliarse a una empresa de transporte autorizada).
Dicha norma fue respaldada recientemente por un concepto internacional de un alto tribunal europeo que dictaminó que “Uber debería ser clasificado como un servicio de transporte y quedar sujeto a regulaciones como otros operadores de taxis”.
La operatividad del servicio en el país continuó igual, pues –al decir de algunos analistas– “mientras que haya clientes, continuarán operando”. En búsqueda de una estrategia más agresiva, la Superintendencia de Puertos y Transporte radicó en el Congreso un proyecto de ley que le apretaría las tuercas a Uber.
En esencia, busca que los prestadores del servicio que no se acojan a las normas y sean abordados por la autoridad tendrán tres oportunidades para corregir su panorama (en un periodo igual o inferior a un año), luego de lo cual se verían abocados a perder la licencia de tránsito y su registro. Según la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito), esto implicaría la chatarrización del vehículo sancionado.
El proyecto reposa en el Congreso sin ningún avance, por lo que el ministro de Transporte, Germán Cardona, ha hecho llamados reiterativos al Legislativo para que le dé trámite, al radicado el 3 de octubre del 2017.
En el proyecto de ley se ordena que “las autoridades podrán inmovilizar y multar al vehículo cuando se demuestre que presta un servicio no autorizado”. La iniciativa le daría más ‘dientes’ a la Supertransporte para imponer estas sanciones.
JUSTICIA
Andrea Morante
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