EE. UU. rastrea red de narcocarros en el Senado de Colombia

EE. UU. rastrea red de narcocarros en el Senado de Colombia

A jefe de banda de lavadores le hallaron Toyota blindada, con placa oficial y caleta incorporada.

Narcocarros del Senado

Diego Vidal Dussán es señalado de dirigir una red de lavadores. Tenía en su poder una de las camionetas que remató el Senado.

Foto:

Néstor Gómez / Archivo EL TIEMPO

16 de diciembre 2017 , 11:05 p.m.

La poderosa agencia federal ICE estuvo detrás de la reciente captura de Diego Alberto Vidal Dussán, un empresario huilense acusado de liderar una red de lavadores de dinero de la mafia.

Vidal, representante de un centro de cirugía plástica, de una constructora y de una importadora de aparatos electrónicos, cayó hace 15 días en Bogotá, acusado de mover más de 24 millones de dólares del narcotráfico en maletas de doble fondo, hacia Panamá y Perú. Sus señalados cómplices son tres miembros de su propia familia, una abogada y cuatro sujetos más.

Pero el ICE está seguro de que esta red, que autoridades califican de poderosa, tiene tentáculos que llegan al ‘clan del Golfo’, mafiosos de Medellín y Cali, e incluso al Congreso de la República.

La mayoría de capturados son oriundos de Neiva (Huila), y entre las evidencias recogidas por la Fiscalía hallaron un dato que indica que Vidal estaría relacionado con el sonado caso del carro del Senado, incautado en abril de 2016, con 614 millones de pesos encaletados.

El conductor resultó ser el también huilense Luis Javier Rojas Morera, hijo de una exfuncionaria de esa corporación, que afronta un juicio por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho. Y EL TIEMPO estableció que Vidal Dussán, también huilense, tiene en su poder una camioneta del Senado, con matrícula oficial y caleta incluida.

¿Se trata de una simple coincidencia? Eso es lo que quieren establecer el ICE y la Fiscalía.

Vidal Dussán fue capturado en un lujoso apartamento con puerta blindada, un sofisticado sistema de seguridad y una habitación adaptada como bóveda para almacenar dinero, incluidas divisas. En el lugar se hallaron varias de las maletas de doble fondo que usaban para sacar la plata del país.

Y aunque alcanzó a destruir documentos, reporteros de este diario establecieron que la camioneta del Senado es una Toyota Land Cruiser, color gris, de matrícula OHK 279 de La Calera.

El vehículo aparece a nombre de Novambiental Construcciones SAS, de la que Vidal Dussán es representante legal y gerente. En esa compañía también figura Lizet Paola Gary Hurtado, la abogada capturada y señalada de crear empresas fachada para ocultar el dinero.

La compra del vehículo del Senado, con uno de los blindajes más altos, se realizó en 2014. Sin embargo, este sigue rodando con placas oficiales, una situación similar a la del carro caleta del joven Luis Javier Rojas Morera.

Pero la Land Cruiser no es el único blindada en manos de Vidal Dussán y de su grupo.

Con brazalete

A nombre de su empresa constructora también aparece una Toyota Prado blanca de placas FAZ 971, que le compró en 2015 a una mujer, importadora y contratista de la Alcaldía de Neiva. Vidal mandó blindar el vehículo tres meses después, a pesar de ser un modelo viejo: 2005.

A su nombre también figuró una ambulancia, que aparece prestando servicios en Corinto (Cauca). Al parecer, está ligada a Medicorpus Centro de Ortopedia y Cirugía Plástica, una pequeña clínica de la que el señalado lavador es representante. La compañía aparece con contratos en los municipios de La Dorada y de Victoria (Caldas).

Los agentes del ICE estuvieron atentos a la audiencia de imputación de cargos contra Vidal Dussán y su grupo, el pasado 11 de diciembre, y quedaron desconcertados al saber que el juez 35 penal municipal de control de garantías se negó a enviarlos a prisión.

Consideró que la Fiscalía no sustentó la media de aseguramiento privativa de la libertad y resolvió negársela a 8 de 9 imputados.

“El juez y la defensa de los imputados alegaron que la Fiscalía no ha probado el delito subyacente. Esto significa que no especificó a quién se le habría lavado el dinero. Primero dijeron que a las Farc, luego que contrabandistas chinos y más adelante que la mafia. Por eso no se les envió a una cárcel”, le dijo a EL TIEMPO un investigador presente en la audiencia en el complejo judicial de Paloquemao.

No obstante, quedaron vinculados al caso y portan desde hace seis días un brazalete electrónico de ubicación. Además, no pueden salir del país y deben hacer presentaciones personales hasta que se resuelva su situación jurídica.

Junto con Vidal Dussán, los afectados con la decisión son Paola Andrea Vidal Dussán, investigada por supuestamente organizar los viajes con el narcodinero; y la mamá, Esperanza Dussán Valenzuela, al parecer encargada del reclutamiento de los correos humanos, comprar tiquetes aéreos y dar instrucciones para la entrega o recepción de las maletas.

También figura Bladimir Alberto Dussán Aragonez, quien aparentemente movía la plata en Colombia, y la abogada Lizet Paola Gary.

Habla la defensa

EL TIEMPO habló con la defensa de Vidal Dussán y esta fue enfática en señalar que el caso del carro caleta del Senado es circunstancial y que no tiene que ver con la investigación sobre posible blanqueo de capitales ilícitos. Al parecer, el empresario aseguró que la Toyota la compró en un remate, ya traía la caleta y no ha tenido tiempo de cambiarle la placa. También negó ser el gran lavador de la mafia, como asegura la Fiscalía.

Sin embargo, fuentes federales le aseguraron a EL TIEMPO que consideran que la red es un “grupo pesado al servicio de narcotraficantes de gran calado”. Por eso están pidiendo que un fiscal de Estados Unidos los judicialice en ese país y tramite su extradición.

La Fiscalía, por su parte, asegura tener el sustento probatorio suficiente para procesar a la red por lavado, enriquecimiento y concierto para delinquir. Además, está a la espera de más información del ICE y de las autoridades de Panamá y de Perú.

El proceso del conductor del ‘carrocaleta’

Luis Javier Rojas Morera, el joven politólogo que fue capturado en 2016 con 614 millones de pesos que movía en un carro del Congreso, logró en agosto recuperar su libertad por vencimiento de términos.

Después de pasar más de un año en casa por cárcel, un juez consideró que la Fiscalía se había demorado antes de iniciar el juicio. Desde un principio su familia y sus defensores han argumentado que Rojas no cometió ningún delito, que tienen cómo demostrar que el dinero que transportaba tiene un origen legal. Su madre, la exfuncionaria del Congreso Magdalena Morera, aseguró que “más temprano que tarde se demostrará ante la justicia que el dinero que Luis Javier Rojas, mi hijo, estaba haciendo el favor de transportar, es lícito, no es como están diciendo, que mi hijo es un criminal, que pertenece a unas bandas. Eso no es cierto”. Sin embargo, el proceso contra Rojas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho sigue su curso.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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