Los argumentos con los que Palacio avanza para entrar en la JEP

Los argumentos con los que Palacio avanza para entrar en la JEP

Se crea debate por conexidad entre la ‘Yidispolítica’ y el conflicto armado. 

Diego Palacio está interesado en acogerse a la justicia transicional

Diego Palacio, exministro de Protección Social.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

05 de abril 2017 , 10:08 a.m.

Aun con la desaprobación expresa de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, el exministro Diego Palacio dio un paso adelante en su intención de someterse a la nueva Justicia Especial para la Paz (JEP).

El exministro, condenado por el escándalo de la ‘Yidispolítica’, logró que la Secretaría de la JEP, encabezada por el magistrado Néstor Raúl Correa, le diera un primer espaldarazo a su solicitud y le pasara el caso a un juez de ejecución de penas, quien podría ordenar incluso la libertad mientras el Tribunal de Paz toma una decisión de fondo.

El argumento principal del exministro ha generado debate: asegura que la reelección de Álvaro Uribe, de la que él fue pieza clave, fue un hecho que impactó el conflicto armado en Colombia y que, en consecuencia, la ‘Yidispolítica’ cabría en la órbita de la JEP.

“De la sentencia condenatoria proferida en mi contra se desprende, según el alto tribunal (Corte Suprema), que la conducta judicializada fue realizada con el objetivo de lograr un cambio en el régimen constitucional vigente hasta ese momento, que permitiera la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez”, dice la carta en la que Palacio pide pista ante la JEP. Y agrega: “(Esa) reelección tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad y la consolidación de la política de seguridad democrática, la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley”.

En el argumento lo acompaña el abogado Enrique Santiago, que asesoró jurídicamente a las Farc en el proceso de paz y quien ha sostenido que “podría existir un nexo entre el conflicto y los sucesos de la ‘Yidispolítica’ ”. Incluso, Santiago y el exministro Álvaro Leyva sostuvieron varias reuniones con Palacio para analizar el tema.

El martes, el magistrado Correa anunció que la solicitud fue avalada y remitida a un juez de ejecución de penas para que decida. Palacio, como lo ha hecho en todo este tiempo, no admite haber cometido el delito de cohecho. Lo que pretende es que la condena de 80 meses que le impuso la Corte Suprema sea revisada por la nueva justicia. Pero al acogerse, y siempre y cuando su caso sea aceptado, se juega dos cartas ganadoras.

Por un lado, si el juez de ejecución apoya la primera revisión de la Secretaría y el caso es enviado a la JEP, entre tanto esta empiece a funcionar y decida de fondo el procesado tiene derecho a la libertad. Esto, bajo el supuesto de que el delito sería de los menos graves entre los que llegan a la nueva jurisdicción.

Y por esta misma razón, incluso en el escenario de que no lograra la revisión de su caso, podría beneficiarse de la figura de la cesación de procedimiento, que es similar a la amnistía que cobija a los guerrilleros y que aplicaría, de nuevo, para los delitos que no son de guerra y lesa humanidad.

En la carta al magistrado Correa, que tiene más de 20 páginas, Palacio sostiene que la conducta por la que fue condenado no le significó ningún lucro económico y tuvo de trasfondo su convencimiento de que la seguridad democrática era la mejor manera de acabar con “el flagelo de la violencia”.

Tanto los argumentos como la primera decisión de la Secretaría de la JEP abrieron debate. César Rodríguez, director de Dejusticia, señaló que de prosperar esta posición se abriría un boquete por el que las conductas ilegales de cualquier particular o funcionario podrían intentar justificarse por el conflicto. Rodríguez sostiene que los acuerdos establecen como condición que el vínculo entre la conducta judicializada y el conflicto tiene que ser “claro y directo” y que en el caso de Diego Palacio ese nexo no está probado.

María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, sostiene que aunque en principio la solicitud de Palacio podría parecer difícil de acomodar en el molde de la JEP, será la Sala de Revisión la que decida si el caso debe avanzar en esa jurisdicción, y que la Secretaría dio el paso correcto al enviar la solicitud de libertad a los jueces de penas.

Duros cuestionamientos de Uribe al magistrado Correa

Al anunciar el envío de la solicitud de Palacio a un juez de ejecución de penas, el magistrado Néstor Raúl Correa dijo que el argumento del exministro era que “el Gobierno de entonces tenía un enfrentamiento de alto nivel de intensidad con la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr resultados militares, y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al señor presidente (Uribe), y para reelegirlo fue que se incurrió en el delito de cohecho”.

Esos términos, que no eran exactos porque la carta de Palacio hace siempre referencia al fallo de la Corte Suprema, que él no comparte, provocaron una dura reacción del expresidente Álvaro Uribe a través de Twitter.

Uribe acusó a Correa de mentir y lo llamó “magistrado de la justicia terrorista”.
El magistrado Correa precisó poco después que su explicación había sido sacada de contexto y señaló que nunca dijo que el exministro hubiera reconocido haber cometido ese delito.

JUSTICIA

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