Estado deberá indemnizar con 557 millones de pesos a Sigifredo López

Estado deberá indemnizar con 557 millones de pesos a Sigifredo López

Tribunal de Cundinamarca condenó a la Nación por privación injusta del exdiputado del Valle. 

Sigifredo López

El exdiputado del Valle, Sigifredo López, pidió que el acto sea público y se realice en Cali.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

13 de julio 2017 , 08:52 p.m.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, condenó a la Nación- representada en la Fiscalía General de la Nación- a pagar una millonaria indemnización de 558 millones de pesos a favor del exdiputado del Valle, Sigifredo López, por privación injusta de la libertad al haber sido señalado de participar en el secuestro de 11 sus compañeros, los diputados del Valle, en abril de 2002.

Los 558 millones de pesos como multa se dividen en: 446 millones por perjuicios morales a él y a su núcleo familiar, 97 millones por perjuicios materiales en calidad de daño emergente y 14 millones por perjuicios materiales en calidad de lucro cesante.

“Se declara administrativamente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación- por los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Sigifredo López Tobón, producto de la investigación penal seguida en su contra por los delitos de homicidio agravado, perfidia toma de rehenes y rebelión”, dice el fallo.

En el mismo, se indica que la Fiscalía debe reparar integralmente a López Tobón por la “violación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre”. También solicita que en la página web de la Fiscalía se publique un “encabezado en el que reconozca públicamente su responsabilidad en el caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia”.

Además, se pide a la Fiscalía que en futuras actuaciones tenga presente que debe ser “muy cuidadosa con la vinculación de personas a investigaciones penales y, en especial, en las medidas privativas de la libertad que imponga”.

“La magnitud de los delitos y la publicidad que se realice de los hechos investigados, pueden afectar derechos como el buen nombre y la honra y, por ende, afectar el patrimonio público”, puntualiza la decisión.

Por último exime de responsabilidad patrimonial y administrativa al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional.

JUSTICIA

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