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Investigación

Empiezan los interrogatorios por el manejo de los contratos de paz

Carlos Fidel Simancas Narváez estaba vinculado como contratista de la Organización Internacional de las Migraciones.

Carlos Fidel Simancas Narváez estaba vinculado como contratista de la Organización Internacional de las Migraciones.

Foto:Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Fiscalía citó a 9 personas, incluido Marlon Marín. Siguen relevos en entidades por el escándalo.

Sair Buitrago
Las esquirlas del escándalo por el manejo de los contratos de la paz terminaron por tumbar de su cargo como contratista de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) al exsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Carlos Fidel Simancas Narváez.
Simancas, quien se quemó como candidato del Polo Democrático al Senado en el 2010, fue alto funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro y también tuvo la confianza del hoy ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien fungió como alcalde encargado de Bogotá durante una de las suspensiones del hoy candidato presidencial por el caso de las basuras.
En esa Secretaría, Simancas Narváez fue jefe de la exaspirante al Congreso por el partido Alianza Verde, Sonia Elvira Veloza Mogollón, quien este viernes fue citada a interrogatorio en la Fiscalía como parte del “grupo de personas que cumplían roles específicos” en las presuntas irregularidades en el manejo de proyectos productivos para desmovilizados de las Farc.
Veloza se quemó en las elecciones del 2014 y en su momento fue cuestionada porque personas cercanas a su campaña habían recibido contratos en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Otras ocho personas –entre las que no figura Simancas– también fueron citadas por la Fiscalía, y sus oficinas y viviendas fueron allanadas bajo sospechas de que eran parte del entramado de Marlon Marín Marín, quien según el organismo investigador era una especie de articulador de la red que pretendía lucrarse con los contratos de la paz.
Este jueves, horas antes de los allanamientos realizados por el CTI, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) –con la que no tenía ningún vínculo legal Simancas– le pidió a la pagadora del contrato, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desvincularlo de la función de “acompañar en el terreno” a los desmovilizados y darles apoyo técnico para formular proyectos productivos que luego pasaban a revisión del Consejo Nacional de Reincorporación, creado por el acuerdo de paz.
Este diario estableció que el contrato con Simancas se inició en febrero, sin que hasta ahora haya alcanzado a presentar ningún proyecto productivo. También buscó en varios teléfonos al exfuncionario, pero no respondió a las llamadas para hablar al respecto.
El escándalo de las dudas por el manejo de la plata de la paz, revelado hace casi dos semanas por EL TIEMPO, sacó de su cargo a la poderosa gerente del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina.

El caso penal

La Fiscalía sigue, entre tanto, el rastro de varios planes para sacar provecho de los contratos de implementación del proceso de paz. Así, Marlon Marín buscó primero obtener tajada de los contratos para la atención básica de salud en los sitios de concentración de los desmovilizados.
Marín, quien está preso por el caso de narcotráfico que enreda al exnegociador de las Farc Jesús Santrich, fue llamado a interrogatorio por el asunto de los contratos para la paz, pues la Fiscalía considera que era uno de los cerebros de un plan para lograr “la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”.
Además de Marín y Sonia Veloza, los fiscales del caso citaron a declarar a la también excandidata al Congreso María Elvira Valencia Gómez, al exdiputado José Domingo Ardila Neira y a cinco personas más: María Isabel Rueda Rueda, Yéssica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón y Aldemar Cuello.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Sair Buitrago
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