Secuestro bajó 5 por ciento en el 2017; 190 casos en todo el país

Secuestro bajó 5 por ciento en el 2017; 190 casos en todo el país

En el último año se recuperaron los cuerpos de siete personas asesinadas en cautiverio.

Secuestrado en Ocaña

En 2017 se logró el rescate de 46 personas, fueron detenidos 149 delincuentes en flagrancia y se obtuvo la orden de captura para 349 más.

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Carlos Capella - Archivo / EL TIEMPO

02 de enero 2018 , 08:59 p.m.

El líder indígena Aulio Isarama Forastero fue secuestrado por el Eln el 21 de octubre del 2017, cuando lo acusaron de entregar información al Ejército. En manos de la guerrilla fue asesinado tres días después.

El grupo armado aseguró que la muerte del líder social se dio en medio de un intento de fuga, pero el reporte de Medicina Legal fue distinto: “Se encuentran evidencias de un disparo a contacto firme en un tórax desnudo. Esto constituye una evidencia científica de un estado de indefensión”, dice la necropsia.

El crimen desató una gran polémica a nivel nacional y fue catalogado como una clara violación al cese de fuego y hostilidades acordado entre el Gobierno y el Eln, que está vigente desde el primero de octubre e irá hasta el 9 de enero de este año.

Informes de inteligencia señalan que el Eln, pese a adelantar una negociación con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aún mantiene a cinco personas secuestradas, especialmente en Norte de Santander, casos que se suman a los plagios cometidos el año pasado en Arauca, Cauca, Nariño y Valle.

Aunque en el país se sigue cometiendo este delito –calificado como un crimen de lesa humanidad–, en los últimos 17 años ha venido cayendo. En el 2016 se reportaron 199 secuestros, mientras que el año pasado hubo 190, lo que muestra una disminución del 5 por ciento.

Esa estadística, comparada con las cifras del 2000, muestra una reducción del 94 por ciento. Ese año, Colombia alcanzó el pico más alto en secuestros con 3.572 casos denunciados, por lo que en promedio 10 personas eran secuestradas al día. Fue un año marcado por el accionar de las Farc y los llamados secuestros políticos, sumado a los extorsivos contra comerciantes, ganaderos y empresarios, como una forma de financiar la guerra. A la par estaban las grandes redes criminales especializadas en este delito que contaban con la infraestructura para mantener por meses a los plagiados y lograr el pago exigido por su liberación.

Al drama del secuestro se suma el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en cautiverio. En el 2017, además del caso del líder Isarama Forastero, se recuperaron los cuerpos de seis personas asesinadas mientras estaban secuestradas.

Uno de los casos registrados es el del exconcejal de Acacías, Meta, Ismael Alejandro Cubides, cuyos restos fueron ubicados en febrero del año pasado. Fue secuestrado el 23 de diciembre del 2016 en inmediaciones de Villavicencio. Medicina Legal dictaminó que fue asesinado el mismo día de su secuestro, y pese a ello, los delincuentes seguían presionando a la familia por el pago para dejarlo libre.

Igual fue la suerte de los esposos Álvaro Daza y Neida Domínguez, y de Carmen Domínguez, hermana de Neida, y Hernán Mejía. Los cuatro fueron reportados como desaparecidos en diciembre del 2016. Sus cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron ubicados en zona rural de La Hormiga, en Putumayo, a mediados de febrero del 2017. La investigación apunta a que fueron asesinados horas después del secuestro. El crimen se dio porque se negaban a pagarles la extorsión a ‘los Puntilleros’ por ejercer su actividad de comerciantes en la región.

El secuestro ha mutado

Este año, el Gaula de la Policía ha desarticulado 20 redes dedicadas al secuestro, de ellas dos “pueden ser catalogadas de alto nivel por su logística e infraestructura, quizá las últimas en el país dedicadas específicamente al plagio de personas”, dijo a EL TIEMPO el general Fernando Murillo Orrego refiriéndose al desmantelamiento de ‘los Costeños’, que actuaban en la costa norte, especialmente en La Guajira, donde fueron secuestrados ocho empresarios. Los delincuentes aprovechaban la frontera para esconder a sus víctimas.

La otra red desarticulada se autodenominaba ‘los Lobos’ y su zona de injerencia era Nariño. Exigían hasta 200 millones de pesos por la liberación de sus rehenes. Estas estructuras hacían un estudio previo del nivel económico y familiar de sus víctimas para intimidarlas.

El general Murillo considera que este delito ha mutado como resultado de la especialización de la Fuerza Pública para enfrentar las redes delictivas a través de la inteligencia y de ayudas tecnológicas. “A esto se suma lo que para mí es la base del éxito: la denuncia. Cuando las familias denuncian, nos dan la oportunidad de actuar y de reducir significativamente las posibilidades de que la víctima sea asesinada durante su secuestro”, aseguró.

En 2017 se logró el rescate de 46 personas, fueron detenidos 149 delincuentes en flagrancia y se obtuvo la orden de captura para 349 más. Los capturados integraban pequeñas redes de delincuencia común. “Ahora los secuestradores se basan en la oportunidad o buscan a sus víctimas a través de un rápido estudio para tener un secuestro ‘exprés’, de horas o de dos días máximo. La cifra que exigen es fácil de conseguir”, dijo el oficial.

Las redes criminales dedicadas al secuestro hasta hace unos cinco años pedían cifras sobre los 500 o 1.000 millones de pesos, basándose en el poder adquisitivo de la víctima, la empresa para la que laboraba o su familia. Podían pasar meses hasta llegar a una negociación. Contaban con la logística: cambuches, armas y personal entrenado en negociar y presionar para mantener al secuestrado, o los vendían a los grupos guerrilleros para recibir una compensación económica. Hoy los núcleos dedicados al secuestro prefieren hacerlo en corto tiempo por la rápida acción de las autoridades.

El autosecuestro es otra modalidad que se mantiene y que va ligada a la familia. Es el caso de una mujer de 24 años que fue ubicada por el Gaula en mayo del año pasado en Soacha. La investigación arrojó que fingió su plagio para dejar a su esposo y denunciarlo como expendedor de drogas en Nimaima en Cundinamarca. “Es un desgaste físico, táctico y de ayudas técnicas, porque cada denuncia se toma como cierta y se le da prioridad a la misma con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida de la víctima”, recalcó el general Murillo, y señaló que en 2017 se evitó que llegaran a las arcas de las redes dedicadas al secuestro más de 65.000 millones de pesos.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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