‘El alcalde me pidió un soborno de $ 8.000 millones’

‘El alcalde me pidió un soborno de $ 8.000 millones’

Es la historia de cómo en muchos municipios, para sacar adelante proyecto, hay que pagar un soborno.

‘El alcalde me pidió un soborno de $ 8.000 millones’

Los cuatro denunciantes. De izquierda a derecha, Alberto Cuéllar, Andrés y Guillermo Leaño y Julián Giraldo.

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Salud Hernández-Mora

25 de enero 2018 , 05:33 p.m.

“Esto de ser alcalde es una maravilla. Uno se enriquece sin tener que robar”. Hugo Orlando Arévalo pronunció la frase como si realizara un sorprendente hallazgo filosófico. Su interlocutor, al que acababa de exigir una coima a cambio de no entorpecer el proyecto inmobiliario que pretendía desarrollar en su finca, intentó disimular su perplejidad. “Nos había pedido a mi hermano Andrés y a mí una casa por hectárea, y son veintitrés en total”, asegura Guillermo Leaño.

Los dos Leaño lo demandaron el 12 de octubre de 2017, junto con otros dos propietarios –Julián Giraldo y Alberto Cuéllar– de predios en el municipio sabanero de El Rosal, Cundinamarca, situado a tiro de piedra de Bogotá.

Al principio, a mí me pidió 8.000 millones. Luego lo bajó a 3.000, y la casa de la finca donde vivo, yo creo que siempre le ha gustado. Al final me decía que le diera el 10 por ciento del negocio que yo hiciera con la constructora”, precisa Julián Giraldo, natural de dicha localidad y dueño de un extenso terreno donde tiene la intención de levantar, de la mano de una empresa constructora, un complejo de viviendas. Pero en su municipio, donde Arévalo ha sido elegido a la alcaldía por segunda vez, poner en marcha un negocio inmobiliario, es un proceso sinuoso y oscuro. Lo corrobora Alberto Cuéllar, el cuarto demandante.

Julián Giraldo

Julián Giraldo, delante del predio que pretende desarrollar en El Rosal con una constructora.

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Salud Hernández-Mora

“En el 2016 acudí con dos empleados de la constructora Bolívar, interesada en mi lote, a una reunión con la responsable de Planeación de El Rosal para presentarle el proyecto, que ya tenía todo en regla. Ella nos llevó al alcalde y, sin más, nos preguntó: ¿Ustedes ya saben cómo es esto?”, recuerda Cuéllar. “El propio Hugo Arévalo se respondió: Esto es con plata. Los de Bolívar y yo quedamos asombrados de semejante desfachatez. Como es apenas natural, Bolívar, con esas condiciones, abandonó el proyecto”.

Contra lo que suele suceder en estos casos, y después de analizar las consecuencias y los riesgos que asumían, las cuatro víctimas de un modelo de corrupción muy extendido por todo el país decidieron dar un paso adelante y denunciar ante la Procuraduría y la Fiscalía el intento de soborno.

“Me reuní con mis hermanos, porque el lote es de todos, y decidimos que no íbamos a pagar un peso a nadie, no tenemos por qué. Y que acudiríamos a las autoridades con todo”, rememora Cuéllar. “Sabíamos que es más fácil dar lo que piden y que no te pongan obstáculos, pero creemos que alguien tiene que parar la corrupción, que no podemos criticar a los políticos y no hacer nada y callarse. Igual pensaron los Leaño y Julián”.

En el 2016, Arévalo, según una grabación que está en manos de los investigadores, les exigió a todos 208.000 millones para financiar el costo de llevar agua a sus predios, cantidad que encontraron excesiva e impagable. Consultaron con posterioridad a Aguas de Bogotá, y en la empresa capitalina calcularon que alargar el acueducto hasta la zona de El Rosal, donde están los lotes, rondaría los diez mil millones.

El alcalde no es el único demandado por corrupción. Cinco concejales también pretendieron comerse una parte de la torta. En una reunión celebrada en el domicilio de Julián Giraldo, que quedó grabada y es prueba en el proceso, reclamaron su bocado del botín: 200 millones para cada uno, por pagar entre los cuatro: Giraldo, Cuéllar y Guillermo y Andrés Giraldo. En caso contrario, sugerían que pondrían pegas a las promociones inmobiliarias. La justificación para su exigencia no era otra que estar convencidos de que sus antecesores habían recibido su parte a la hora de aprobar el POT que daba luz verde a diversos negocios en El Rosal. Y ellos no iban a ser los bobos del paseo.

Me reuní con mis hermanos, porque el lote es de todos, y decidimos que no íbamos a pagar un peso a nadie, no tenemos por qué

“Llevo dieciséis años intentando sacar adelante los proyectos sin pagar a nadie. Y es descorazonador ser consciente de que sin corrupción uno no puede avanzar”, comenta Julián Giraldo, un físico que prefirió abandonar su carrera en Bogotá para vivir en el campo y dedicarse de lleno a emprender una serie de iniciativas empresariales en lo que eran las fincas familiares. Poco después de que presentaran la denuncia, y ante el temor de sufrir algún tipo de represalias, optó por abandonar El Rosal un tiempo y refugiarse en Bogotá. Pero regresó este mes, hastiado del agite capitalino.

Su situación es más compleja que la de los demás porque, a diferencia de sus compañeros en la denuncia, conoce al alcalde y su familia desde niño, y su ideal es seguir en su pueblo el resto de su vida.

Los cuatro confían en la Procuraduría General, que designó para llevar el caso a la procuradora delegada para la Moralidad Pública. Ya suspendió de manera cautelar al alcalde y a los concejales mientras se lleva a cabo el proceso, y en la audiencia celebrada el pasado 11 de enero compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue el posible delito penal del alcalde y los concejales. La defensa de todos ellos intentó echar por tierra las pruebas, desestimar los testimonios y alegar que el primer procurador que investigó tiene lazos familiares con los Leaño. La procuradora no aceptó los argumentos.

“Somos personas sin intereses políticos de ningún tipo y con recursos económicos limitados”, asegura Cuéllar. “Solo nos mueve la responsabilidad de no seguir alimentando la corrupción en el país. No hay derecho a que si uno tiene todo en regla, no pueda desarrollar una iniciativa empresarial solo porque no accede a pagar sobornos”.

Fraude

Para el alcalde, Hugo Orlando Arévalo, es un revés que nunca esperaba. Ya ocupó el mismo cargo entre 2008 y 2011, y, pese a otras quejas sobre supuestas irregularidades, el único incidente que tuvo fue la destitución de su personera, Cristina Correa, sin que pasara nada después. La funcionaria debió abandonar el puesto por recibir, según la Procuraduría, dinero de manera irregular a un puñado de discapacitados a quienes supuestamente el burgomaestre regalaría viviendas.

Le dimos ocho millones, y nos entregó cuatro paredes sin cimientos ni columnas, sin piso ni techo”, se queja Libardo Suaza, hermano de una de las supuestas beneficiadas. Él prestó el dinero para que su hermana Adela, madre de un joven con discapacidad cognitiva y con nulos recursos, tuviera un hogar.

Para su desgracia, el alcalde Arévalo promovió un negocio que poco tenía que ver con mejorar la existencia de sus convecinos. Estando en campaña para su primer mandato, conoció que el propietario de un terreno donde construirían la urbanización Villa María, Carlos Molina, había donado al municipio un área a modo de regalías, para dividirlo en lotes y repartirlo entre los discapacitados de menos recursos económicos. Situado en una buena zona de El Rosal, suponía una mejora sustancial para unas familias que carecen de casi todo.

Llevo dieciséis años intentando sacar adelante los proyectos sin pagar a nadie. Y es descorazonador ser consciente de que sin corrupción uno no puede avanzar

Reunió a un grupo de familias y anunció que en caso de ser elegido, no solo les entregaría un lote sino que regalaría las casas equipadas al completo.

En cuanto conquistó la alcaldía, pidió 8 millones a cada una de las trece familias escogidas, como condición para que fueran beneficiarias de una vivienda. Con un esfuerzo ímprobo, reuniendo peso a peso, cada cual fue cancelando a plazos su aporte. El cobro lo recibía la personera municipal en efectivo, y firmaba un recibo donde constaba que el dinero estaba destinado al Programa de Vivienda para Personas Discapacitadas.

Pasado un buen tiempo, y después de presionar al alcalde para que cumpliera su promesa, puesto que pasaban las semanas y seguían sin casa, los condujeron hasta lo que sería su nuevo hogar. A más de uno se le saltaron las lágrimas al contemplar lo que recibían. “Les dimos la plata, y nos entregan cuatro paredes”, protesta ahora una señora. Pero en aquel momento todos se tragaron su rabia, su tristeza y su desilusión.

Y eso que desconocían que era otro el terreno que les correspondía y que el diminuto barrio que estaban ocupando lo habían levantado sobre un hueco que Arévalo mandó rellenar con escombros, al borde de una quebrada.

Si pudieron poner techos, ventanas y piso de material, fue por un alma caritativa que se apiadó de ellos y que prefiere permanecer en el anonimato. “Un señor del pueblo, al enterarse de la situación, nos dio a cada uno un préstamo de 5 millones sin intereses, y nunca nos ha cobrado. Dios lo proteja”, explica una mujer.

Pasaron los cuatro años del primer mandato de Arévalo, el siguiente alcalde nada solucionó con la manida excusa de que era un problema de su predecesor. En 2015, Arévalo volvía a ocupar la alcaldía. Recordó a los discapacitados y decidió destapar su última carta para sacarles más dinero. Como les dio las casitas sin escrituras, ofreció hacerlas previo pago de 1 millón de pesos por vivienda. A la propuesta respondieron con caras de angustia y noches en vela. ¿Cómo diablos levantarse esa plata si cada día salen a rebuscarse la vida?

La mayoría acopió fuerzas, arañó pesos de sus exiguas ganancias y llevó el dinero a la propia casa del alcalde. En unos casos el hijo y en otros la esposa, recogieron los aportes en metálico. A medida que cobraban, los conducían a la notaría.

Y cuando creían que sus problemas quedaban atrás les asestaron el último mazazo. Planeación municipal no les autorizaba ampliar sus viviendas de 40 metros cuadrados, puesto que la ley prohíbe edificar a menos de 30 metros de una quebrada y todas quedan en ese espacio. “Pero si fue el alcalde el que nos colocó ahí”, replicaron en vano. Hablé con varios de los afectados, algunos analfabetas, y visité el paupérrimo barrio, pero prefirieron que no mencionara sus nombres en esta crónica pese a que tres víctimas presentaron demanda en la Fiscalía.

“En el pueblo él siempre dice que es como un diosito chiquito, que se hace lo que quiere”, comenta uno de los estafados. Y otro agrega: “En reuniones nos insulta, dice: ‘Esos discapacitados son una parranda de hijuep... desagradecidos’”.

Pese a todas las evidencias, les preocupa su futuro y que el alcalde, molesto por quedar al descubierto, les arrebate con artimañas lo poco que consiguieron.

SALUD HERNÁNDEZ - MORA
Especial para EL TIEMPO

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