Escándalo de corrupción en España por Canal Isabel II toca a Colombia

Escándalo de corrupción en España por Canal Isabel II toca a Colombia

Grupo Inassa, investigado por fraude y lavado, es socia de la Triple A de Barranquilla.

Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González a su llegada al despacho que tiene en la calle Alcalá de Madrid acompañado por Guardias Civiles para proceder al registro del mismo.

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EFE

19 de abril 2017 , 09:00 p.m.

España amaneció este miércoles con la noticia de que, en una redada de la Guardia Civil, cayeron presos 12 directivos de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.

El juez Eloy Velasco los acusa de hacer parte de un entramado corrupto con el que desviaron millonarios fondos públicos para la financiación de políticos del poderoso Partido Popular (PP), para sufragar lujos personales y para la compra irregular de empresas de servicios públicos en Brasil y Colombia. De hecho, Colombia es uno de los eslabones de la investigación.

EL TIEMPO estableció que los investigadores españoles rastrean la adquisición de la Triple A, empresa que maneja los servicios públicos en Barranquilla.

Incluso, se acaban de expedir órdenes de captura internacionales contra directivos de Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), la filial de Canal de Isabel II en Colombia a los que también acusan de fraude, lavado, malversación y cohecho.

Conexión Colombia

En el abanico de capturados aparece Ignacio González, expresidente de Canal Isabel II y también de la Comunidad de Madrid, por el PP, la región autónoma que rodea a la capital ibérica.

El reputado empresario y político fue capturado en su domicilio y de manera casi simultánea cayó Edmundo Rodríguez Sobrino. Este último es muy conocido en Colombia por haber sido representante de Canal Isabel II a través de Inassa.

En el expediente que lleva el juez Velasco, se investiga un viaje a Cartagena de González y Rodríguez en 2008. El desplazamiento produjo polémica cuando se revelaron imágenes de los dos ejecutivos cargando unas bolsas.

En España se especuló que se trataba de dinero en efectivo, pero ellos aseguraron que eran unas toallas.

EL TIEMPO estableció que los investigadores españoles rastrean la adquisición de la Triple A, empresa que maneja los servicios públicos en Barranquilla

“Rodríguez viajaba al menos una vez al mes a Colombia a vigilar cómo marchaban los negocios de los españoles en el Caribe colombiano”, le dijo a EL TIEMPO uno de sus socios en Metroagua, la polémica empresa de acueducto de esa ciudad que provocó marchas y acciones populares por su mala calidad.

En Metroagua, la española Inassa tiene un 35 por ciento; el empresario William Vélez, un 33 por ciento, y el distrito de Santa Marta, un 28 por ciento.

De hecho, hace apenas dos días y obligados por una medida cautelar que impulsó el exalcalde Carlos Caicedo, devolvieron la infraestructura y el control de la empresa. Sin embargo, están reclamando una millonaria suma.

“Devolvieron la empresa, pero el 40 por ciento de la infraestructura está en ruinas. Hace una semana amenazaron desde Madrid con una demanda por 10 millones de euros por unos supuestos pozos”, explicó el alcalde Rafael Martínez, quien dijo que están listos a contrademandar.

No obstante, el procurador Fernando Carrillo, que apoyó a Santa Marta en la recuperación de Metroagua, desestimó las pretensiones de Inassa tras el escándalo en España.

Negocios vivos

En cuanto a la Triple A, los españoles del escándalo tienen hoy el 60 por ciento al que se hicieron poco a poco después de varias capitalizaciones y reducir la participación de la alcaldía y de otros minoritarios.

Inassa también controla desde 2013 ASA, el acueducto de Riohacha (Guajira). En esa época el alcalde era Rafael Ceballos, imputado en octubre por malos manejos en contratación. 

La española posee además la empresa Recaudos & Tributos S.A., especializada en cobros de cartera e impuestos. Están presentes en Barranquilla y hasta 2014 recaudaban tributos en Santa Marta.

Ese año, con el respaldo de la Corte Constitucional, el entonces alcalde Carlos Caicedo canceló el contrato por ser ilegal.

UNIDAD INVESTIGATIVAuinvestigativa@eltiempo.com

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