Bioenergy, otra megaobra de Ecopetrol en la mira por sobrecostos

Bioenergy, otra megaobra de Ecopetrol en la mira por sobrecostos

Lotes comprados para planta de etanol no se usaron por estar rodeados de tierra de Víctor Carranza.

Empresa petrolera Bioenergy

Ecopetrol adquirió el 98 por ciento de las acciones de El Alcaraván a través de la empresa Bioenergy.

Foto:

Cortesía Bioenergy

04 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Terpel acaba de comprar los primeros 100.000 litros de etanol de El Alcaraván, la imponente planta de etanol en Puerto López, Meta, de la que Ecopetrol tiene el 98 por ciento de las acciones a través de la empresa Bioenergy. En dos años, la petrolera estatal aspira a producir allí 504.000 litros diarios del carburante y cubrir el 38 por ciento de la demanda nacional.

La mala noticia es que detrás de esa megaobra hay una investigación penal, fiscal y disciplinaria por millonarios sobrecostos en su montaje, posible conflicto de intereses de un exmiembro de la junta de la petrolera y hasta por la adquisición de 600 hectáreas que no pudieron ser usadas y en donde hoy pastan vacas de una finquera.

Las irregularidades son tan protuberantes que Bioenergy es el próximo objetivo conjunto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Además, la propia Ecopetrol tuvo que ordenar una auditoría interna y contratar a sabuesos internacionales –la consultora Kroll–, para adelantar su propia investigación forense y establecer por qué la obra se retrasó 48 meses y dejó pérdidas que la Contraloría estima en 168 millones de dólares.

Directivos de Bioenergy y Ecopetrol atribuyen los retrasos y sobreprecios a que Isolux, el contratista español encargado del montaje de la planta, dejó tirada la obra en abril del 2014, cuando faltaba la mitad.

EL TIEMPO halló irregularidades que lindan con lo penal y que impactaron el costo final de un proyecto que, en criterio de la Contraloría, no estaba dentro de las líneas ni negocios estratégicos de Ecopetrol. De hecho, la idea de construir la planta en pleno Llano, ensayando con dos tipos de caña de azúcar para producir el etanol, fue de Henry Echeverri, exfuncionario de Ecopetrol, y de Transportes Premmier, contratista de la petrolera.

En asocio con otros inversionistas fundaron Bioenergy en el 2005. Y dos años después, le presentaron el negocio a la junta de Ecopetrol, la cual les firmó un memorando de entendimiento para echarlo a andar.

Para estructurar la megaobra, se contrató a Alia2 S. A. y a la firma Visión Valores S. A. S.

‘Operación avispa’

“En Visión Valores figura el reconocido empresario Gustavo Gaviria Ángel, quien se había desempeñado como miembro de la junta de Ecopetrol cuando se empezó a discutir la viabilidad del proyecto de etanol. La empresa de Gaviria recibió 2.400 millones de pesos por la estructuración y estamos verificando si existió o no un posible conflicto de intereses”, explicó uno de los investigadores.

Gaviria le dijo a EL TIEMPO que no recuerda qué temas trataron en las juntas en las que participó y si su presencia coincidió con el proyecto de Bioenergy. Pero sí puede afirmar que nunca ha usado información privilegiada. Además, que le va a pedir a Ecopetrol copia de las actas de junta para verificar si se habló o no del negocio, y el martes tendrá una respuesta. Ecopetrol también pidió indagar el eventual conflicto de intereses.

Voceros de la petrolera también le admitieron a este diario que los dos lotes que los promotores del negocio adquirieron en 2008 para levantar la planta –555 hectáreas, conocidos como La Esperanza– no se pudieron usar, los arrendaron en 22 millones de pesos al mes para el pastoreo de vacas, y los piensan vender.

“Necesitábamos comprar los lotes alrededor para completar 17.000 hectáreas de caña de azúcar. Pero una firma que contratamos para revisar la tradición de la tierra descubrió que era de herederos del esmeraldero Víctor Carranza y la recomendación legal fue buscar en otra zona. No nos interesa guardar nada debajo del tapete, que se tomen las medidas y las sanciones necesarias”, explicaron voceros de Ecopetrol.

Aquí surgen dos interrogantes: ¿por qué si los promotores dijeron haber pagado unos 700 millones de pesos por esos dos lotes, aparecen en libros de Bioenergy por 5.000 millones de pesos? ¿Se valorizaron tanto en 9 años o se escrituraron por debajo del precio?

Lo cierto es que se tuvo que comprar 5.000 hectáreas a varios kilómetros de La Esperanza y arrendar 12.000 más para cultivar la caña, la cual empezó a ser atacada por una plaga. Este impasse obligó a desarrollar dos especies de avispas en laboratorio.

La Contraloría, que lidera la investigación, quiere saber cuánta caña se perdió por la plaga y por los retrasos en la planta.

Al taxímetro de pérdidas se suman 30 millones de dólares que se habrían podido recuperar a través de una carta de crédito que la contratista Isolux debió haber firmado. Pero los españoles, protagonistas de un escándalo de corrupción en varios países, ofrecieron cambiarla por una póliza y al final no entregaron ni lo uno ni lo otro.

De hecho, cuando dejaron tirado El Alcaraván, acumulaban 1.400 observaciones de Bioenergy, que actuó como interventor, y que tuvo que pagar 2 millones de dólares para rehacer obras que quedaron mal diseñadas o con líos estructurales. En ese punto se está centrando la Fiscalía.

Además, en el desembolso de 4 millones de dólares más al nuevo contratista, Consorcio Menegua, para que volviera a hacer la ingeniería de detalle del proyecto que quedó mal.

Y la cifra sigue creciendo. Terminar la planta costó 35 millones de dólares más de lo que Isolux cobraba. Eso sin contar los 5,3 millones de dólares que se pagaron para preservar los equipos mientras la planta estuvo parada y por renegociar con el 70 por ciento de los subcontratos. La razón: Isolux olvidó incluir una cláusula de cesión.

Y aunque Bioenergy llevó el caso ante un tribunal de arbitramento internacional para intentar recuperar 20 millones de dólares y lo ganó en marzo, tras un cruce de cuentas tan solo obtuvo 6 millones de dólares.

Las autoridades empezarán a citar a los directivos de Bioenergy y de Ecopetrol para que expliquen el nuevo descalabro y si se demoraron en tomar medidas contra Isolux. Uno de ellos es Jaime Flórez, gerente del proyecto en el 2008, quien acaba de ser citado a imputación por la Fiscalía en el otro escándalo que salpica a Ecopetrol: los sobrecostos en la Refinería de Cartagena (Reficar).

Y mientras avanza el caso, Bioenergy sigue pagando 6 millones de dólares semestrales en intereses al banco que les prestó 160 millones de dólares para construir el megaproyecto, hoy con la producción parada en espera de la cosecha de caña de agosto.

‘Evaluamos una nueva demanda contra Isolux’

Voceros de Bioenergy, entre ellos su gerente Rafael Pittaluga, le dijeron a EL TIEMPO que la base de las investigaciones por los sobrecostos y demoras en la planta El Alcaraván son las informaciones que ellos mismos entregaron a los órganos de control.

“Nos hemos reunido con los fiscales. Además, la actual administración de Ecopetrol no solo ordenó una auditoría interna y una independiente, sino que cambió a todos los directivos de Bioenergy, incluido a Jaime Flórez –vinculado a la investigación por sobrecostos en la Refinería de Cartagena–, quien ya no trabaja para la petrolera”, explicaron.

Y añadieron que si bien no van a entrar a discutir la conveniencia del proyecto, que se estructuró cuando Javier Gutiérrez era presidente de Ecopetrol, lo sacaron adelante a pesar de que el contratista español Isolux abandonó la obra a mitad de camino: “Cuando arrancó el proyecto, el gobierno Uribe quería desarrollar la altillanura y sacar combustible más limpio, mezclándolo con etanol. Hoy ya produjimos 800.000 litros, de los cuales hay 700 en bodega, porque un decreto del Ministerio de Minas frenó la demanda temporalmente. Y buscamos llegar a 504.000 litros diarios en 2019”, dijeron. Y aunque se le endilga a Bioenergy una posible demora para tomar decisiones contra Isolux, señalaron que “cambiar de caballo (contratista) en una carrera como estas no era lo más conveniente”.

Además, argumentaron que Bioenergy también trató de proteger los 4.000 empleos que genera la planta, de los cuales 800 son trabajadores locales que se hubieran visto afectados con una decisión abrupta. Y recalcaron que a Isolux solo le pagaron lo que construyó y compró en equipos: 143 millones de dólares de los 209 millones pactados inicialmente.

No obstante, admitieron que hubo obras claves que se tuvieron que rehacer. “Nos tomó tiempo volver a arrancar. Se invirtieron 5.400 millones de pesos más por estructuras que se levantaron de nuevo, pero esas no se las pagamos a Isolux porque la interventoría alertó”, añadieron. Y agregaron que si bien los españoles argumentaron que dejaron tirada la obra por los más de 200 días de bloqueo que sufrieron por un sector de la comunidad, en realidad, su trabajo fue deficiente, lento y ocasionó millonarios sobrecostos.

“Todo esto se lo vamos a explicar a las autoridades para que determinen quién es el responsable, de qué puntualmente y si le cabe algo de culpa a altos funcionarios de Bioenergy y de Ecopetrol”, precisaron. Y advirtieron que evalúan instaurar nuevas demandas contra Isolux y contra su personal en Colombia, incluido el gerente de la época, Antonio Aranzadi.

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u.investigativa@eltiempo.com

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