Los extraños negocios en la Imprenta Nacional

Los extraños negocios en la Imprenta Nacional

Ahora compra tiquetes para magistrados, hace cuñas y ayudó en la visita del Papa.

Imprenta Nacional en Bogotá

Autoridades ya revisan los nuevos contratos de la otrora poderosa Imprenta Nacional.

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EL TIEMPO

17 de febrero 2018 , 10:00 p.m.

Altos funcionarios de dependencias oficiales se han venido quejando de las visitas a sus despachos de Jaime Oswaldo Neira La Torre, gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia, la empresa estatal que tradicionalmente se encargaba de producir desde el ‘Diario Oficial’ hasta libros y papelería pública.

Dicen que Neira, exasesor del concejal Wilson Duarte y funcionario del contralor de Bogotá Miguel Moralesrussi –ambos investigados en el ‘carrusel’ de la contratación–, les está ofreciendo un inusual portafolio de servicios, que incluye desde compra de tiquetes y reserva de hoteles hasta la adquisición de ‘software’ para gestión de archivos, pasando por producción de cuñas para alcaldías, entidades del Distrito y hasta para la Policía.

Pero mientras incursiona en nuevos y jugosos negocios, impresos claves para la Nación, considerados incluso de seguridad nacional, están presentando graves fallas. EL TIEMPO estableció que la Registraduría Nacional del Estado Civil está alarmada porque no ha podido subir al sistema los datos de 21.300 colombianos que nacieron entre noviembre del 2017 y hoy, por problemas con el código de barras de los registros civiles.

“Ha sido imposible que el sistema de la Registraduría lea los documentos que remiten los notarios. Y hay otros 83.600 registros civiles sin usar que presentan el mismo problema”, le dijo a EL TIEMPO una fuente del alto gobierno.

Y agregó que la empresa que subcontrató la Imprenta insiste en que los códigos están correctos. Y aunque ya se han hecho reuniones con la Imprenta para buscarle salidas a esta crisis, Neira le dijo a este diario que desconoce ese problema.

Además, que la junta lo autorizó a ofrecer los nuevos servicios y a contratar 40 personas para desarrollarlos, a pesar de tener una planta de 230 personas.

Al respecto, este diario estableció que, el 26 de enero pasado, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia le envió una carta a Neira en la que le pide explicaciones sobre varias denuncias de direccionamiento de contratos, de tráfico de influencia y contratación de personal no calificado.

Cambio de estatutos

De hecho, ya hay una queja que la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca le trasladó el 20 de diciembre pasado, según la cual una subcontratista de la Imprenta “contrató a personal a todas luces sin la experiencia requerida (…). Muchos no eran profesionales y sus perfiles no correspondían al objeto contractual”.

Para dar el viraje y ofrecer los nuevos servicios, Neira cambió los estatutos de la entidad en enero del 2017, dos meses después de renunciar a la gerencia de Servicios Postales Nacionales 4-72 y llegar a la Imprenta.

Uno de los contratos más llamativos dentro de su nuevo rol es con el Consejo de la Judicatura, por 10.626 millones de pesos. La Imprenta se comprometió a la “producción de eventos” con esa entidad, lo que incluyó la compra de pasajes de avión, la reservación de hoteles y la logística para eventos de formación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara.

La Imprenta también fue usada como operadora logística para organizar la visita del Papa Francisco en septiembre del 2017. Esta vez fue el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) el que la contrató, por 10.500 millones, para las “gestiones necesarias” del viaje pontifical en Bogotá, en el aeropuerto de Catam y en Villavicencio.

Y en 2017 firmó contratos con la Secretaría de Ambiente de Bogotá para gestionar la estrategia de comunicación de la entidad, incluyendo la compra de espacios en medios. También se encargó de producir cuñas radiales, programas para televisión, contratar maestros de ceremonia para eventos y producir contenido para páginas web de la Alcaldía de Chía, todo por 768 millones de pesos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos los contrató, por 19.976 millones de pesos, para la gestión de sus archivos. Y le prestaron el mismo servicio a la Central de Inversiones, por 3.800 millones, y a la Unidad Nacional de Protección, por 2.777 millones.

Incluso, la Policía Nacional le pagó 4.100 millones de pesos por la idea creativa y el plan de comunicaciones para una campaña institucional. Para ejecutar varios de esos nuevos contratos, además de personal, Neira ha subcontratado a decenas de empresas.

Autoridades indagan

Neira le explicó a EL TIEMPO que decidió cambiar los estatutos por la situación crítica del sector gráfico, que ha llevado a la entidad a explorar otras líneas de trabajo, como la comunicación.

“Incrementamos los ingresos el 50 por ciento, esta es una empresa sin presupuesto de transferencia, tenemos que generar recursos propios”, explicó.

Dijo que no tiene conocimiento de la queja de la Registraduría, y de los 2.000 contratos con proveedores, solo sabe de uno o dos reclamos aislados.

También negó que esté nombrando a recomendados de políticos y añadió que disminuyó en 400 millones la planta de trabajadores temporales para incrementar las órdenes de prestación de servicios y tener personal especializado en las nuevas líneas.

Además, explicó que se ha demorado en consolidar la información financiera de la entidad, porque encontró que los sistemas de información eran deficientes. En todo caso, la junta directiva –donde se sientan representantes de las carteras del Interior, Cultura, Educación; de las secretarías del Senado y la Cámara–, no le validó la contabilidad de 2017.

Además, en septiembre, la Procuraduría y Contraloría General recibieron denuncias para que investiguen los nuevos contratos de la Imprenta Nacional.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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