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Investigación

Los audios que hunden a Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena

Manuel Duque, el alcalde de Cartagena, fue detenido el 3 de agosto. Fue suspendido por tres meses por la Procuraduría.

Manuel Duque, el alcalde de Cartagena, fue detenido el 3 de agosto. Fue suspendido por tres meses por la Procuraduría.

Foto:Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Fue capturado bajo cargos de acordar con concejales entregas de dinero y contratos.

Juan Carlos Rojas
En más de 400 horas de llamadas durante cuatro meses, entre diciembre del 2016 hasta marzo de este año, la Fiscalía documentó el que podría ser el peor caso de corrupción en la historia de Cartagena. Eso, en una ciudad que en los últimos años se acostumbró a ver en líos judiciales a sus alcaldes, con contadas excepciones.

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Por el caso está preso el alcalde Manuel Vicente Duque quien, según la Fiscalía, a los siete días de posesionarse para el periodo 2016-2019, comenzó a tejer la red de corrupción y tráfico de influencias. También están detenidos su primo José Julián Vásquez Buelvas; la contralora municipal, Nubia Fontalvo, y el concejal Jorge Alfonso Useche Correa. Y varios de sus colegas están en la lupa judicial.
En las grabaciones se escuchan conversaciones sobre la forma como se entregaba dinero y contratos a los concejales y se planeaban estrategias para aprovechar sus cargos e información privilegiada, todo con miras a quedarse con la plata de los cartageneros.
En uno de los audios revelados por la Fiscalía durante la imputación de cargos contra los capturados el 3 de agosto pasado se escucha a Vásquez Buelvas, mano derecha del alcalde, y a Tatiana Espitia Boneu, asesora del despacho, hablando de la compra de predios que, según la Fiscalía, después serían vendidos a un precio mayor al Distrito, que los necesitaba para ubicar allí estaciones de bombeo para acueducto y alcantarillado, en un proyecto financiado por el Gobierno Nacional en un corregimiento.
“José, otra cosa: hay un proyecto del alcantarillado de Bayunca (...). Pero mira, eso sí no lo voy a mandar a Presidencia porque ese proyecto lo devolvieron porque hace falta del Distrito la titulación de los predios”, señaló la mujer.
A lo que Vásquez responde: “Eso yo lo puedo comprar”. Y la mujer dice: “Entonces, eso es lo que hay que decidir con John (Montoya): que diga cuáles son los predios, de quién son los títulos y eso para poder hacer eso y mandarlo, ese trámite hay que hacerlo”.
Según los investigadores, la información sobre el proyecto les fue entregada por John Montoya, exgerente de Aguas de Cartagena y quien luego fue nombrado en otro cargo con el mismo salario del actual gerente, que sería cercano a los 50 millones de pesos.
En otra conversación hablan los concejales Erich Piña y Jorge Useche sobre la supuesta entrega de ‘libros’, término que para la Fiscalía eran millones de pesos.
Así, Useche le notifica al otro concejal que llevaba en su carro “32 ‘libritos’ que hay que leerse”. “Todos los meses nos van a dar siete ‘libros’ y medio: el presidente atiende 14 y el burgomaestre atiende 6; eso da 20”.
Cuando Piña pregunta cuándo van a entregar “eso”, el otro político responde: “Papi, yo tengo los míos: me estoy leyendo unos aquí. Ya hay 14 personajes que están leyéndose esos ‘libros’ ahora mismo”.
La Fiscalía sostiene que el primo del alcalde, que está suspendido por la Procuraduría por supuestas irregularidades en licencias de construcción en proyectos, era su delegado para negociaciones ilegales.
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Sin control

La primera fase de la operación, bautizada La Heroica, se concentra en la elección de la contralora Fontalvo Hernández, la cual, según la investigación, fue el producto de una negociación para repartir el presupuesto del ente de control.
De hecho, la funcionaria también aparece en las grabaciones. En una de ellas habla con un hombre, identificado como Carlos, y reconoce que nombró al director de auditoría, Jairo Latorre, por recomendación del alcalde Duque, pero que lo declaró insubsistente porque no quería trabajar y “se la pasaba en Cali”.
Cuando Carlos pregunta de quién era ficha Latorre, ella dice: “De Manolo, Carlos. Pero por Dios, así no (...). Dile a Manolo que te mande a otro tipo”.
Y sin saber que era escuchada por la Fiscalía, la contralora se queja de que “esa gente” no quiere “trabajar correctamente”: “Hombre, estos temas no puedo estar yo hablándolos por teléfono (...). Por estos temas me pueden destituir, meter presa, me pueden (...). Por eso no me gusta hablar por teléfono, por eso no contesto”.
En otra interceptación, Vásquez, considerado el poder detrás del alcalde, habla con Wilson Jaimes, subdirector del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud), e insiste en la forma de mover plata de la salud a otros sectores. Así, pregunta: “¿Esa plata para qué se puede coger?”.
Y el funcionario le advierte que, en todo caso, “no para contratar”. A lo que le responde el primo del alcalde: “Me da la impresión de que no quiere soltar el billete (...). Estaba pensando, hombre; cojamos la plata que hay en salud, llevémosla para una dependencia y le mandamos ingresos corrientes de libre destinación de otra”. Jaimes solo atina a decirle que van a terminar “en un lío tremendo”.
Aparece también el concejal Useche y la edil Ángela Vergara, quienes hablan de que ya habían entregado 50 órdenes de prestación de servicios (OPS) y que a él solo le habían tocado 30.
Esas OPS, según las autoridades, fueron la vía para entregar millonarios recursos a terceros. De hecho, una auditoría del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, de Funcicar, había advertido desde abril del año pasado que en los primeros cien días de mandato del alcalde Duque, el 97 por ciento de la contratación había sido directa. La suma contratada ascendía a los 13.000 millones de pesos.
En otra conversación entre Useche y Vergara hablan de que el primo del alcalde les había dicho que las obras civiles eran de él y que a los demás les podrían dar participación solo si lo tenían “contento y enamorado”. Los pagos a los funcionarios, se escucha en la conversación, serían de 30 por ciento por adelantado y el resto en cuotas.
La Fiscalía prepara la segunda fase de la investigación, en la que serán llevados ante la justicia otros integrantes del Concejo local y del gabinete distrital.
JUSTICIA*
* Con información de John Montaño, corresponsal en Cartagena
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Juan Carlos Rojas
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