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Investigación

Impunidad en crímenes contra periodistas colombianos preocupa a la SIP

La asamblea general número 73 de la SIP fue clausurada ayer en Antigua, Guatemala.

La asamblea general número 73 de la SIP fue clausurada ayer en Antigua, Guatemala.

Foto:EFE / Esteban Biba

En 2016 se recibieron 46 denuncias de agresiones. Piden a Fiscalía revisar casos.

Los asesinatos de Norvey Díaz Cardona, director del periódico 'Rodando Barrios', el 18 de octubre de 1996; del periodista Santiago Rodríguez Villalba, el 2 de febrero de 1997, en Sucre; de Freddy Elles Ahumada, reportero gráfico de Bolívar, el 18 de marzo de 1997; y de Gerardo Bedoya, editor de opinión del diario 'El País' de Cali, el 20 de marzo de 1997, se sumaron en los últimos seis meses a la lista de crímenes contra periodistas en Colombia que nunca se resolvieron, y que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la Fiscalía revisar. (Le puede interesar: Historias de violencia contra periodistas en México y Colombia).
Durante su asamblea general número 73, que terminó el lunes en Antigua, Guatemala, la SIP expidió una resolución en la que manifestó su preocupación por la prescripción de las investigaciones de estos cuatro crímenes que se cerraron después de 20 años sin esclarecerse y sin la judicialización de los responsables.
“Expresar estupor y reiterar a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que revise de manera acuciosa elementos que pudieran servir para reabrir los procesos, y a tomar las medidas necesarias para evitar que prescriban otros crímenes contra periodistas”, se lee en el documento. (Además: Un oficio cada vez más peligroso).
La SIP también considera que es fundamental crear una cultura de denuncia contra la violencia, pues “las agresiones contra los periodistas en todas sus manifestaciones constituyen una amenaza a la libertad de expresión”.
En total, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, 76 asesinatos de periodistas han quedado en la impunidad en el país.
Así mismo, han prescrito otro tipo de procesos, como el del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, por las chuzadas que tuvieron como objetivo a varios comunicadores. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá decidió cesar la acción penal en contra de Narváez al considerar que los hechos prescribieron en noviembre pasado.
Aunque el informe de la SIP recoge información sobre la libertad de prensa en periodos de seis meses, el documento señala que durante todo el 2016, 46 periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y 44 dijeron haber sufrido obstrucciones en su trabajo.
Así, por el riesgo en el que llevan a cabo su trabajo, 147 periodistas cuentan con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un organismo adscrito al Gobierno.
En el informe sobre Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa describe algunos de los ataques contra la libertad de prensa más graves ocurridos en el último semestre. Uno de ellos es el atentado que sufrieron los reporteros Andrés González y Cristian Herrera, del diario 'La Opinión' de Cúcuta y de 'Q’hubo', respectivamente, el pasado 13 de enero.
Estos comunicadores fueron atacados por hombres armados cuando se desplazaban hacia el corregimiento de San Faustino de la capital de Norte de Santander. Los periodistas y el conductor del vehículo en el que viajaban, asignado por la UNP a Herrera, salieron ilesos.
Las autoridades, que aún se encuentran investigando lo sucedido, sugirieron que los responsables podrían ser contrabandistas que actúan en la frontera con Venezuela.
A finales de ese mismo mes, un reportero de la emisora Frontera Estéreo de Maicao, en La Guajira, denunció haber sido víctima de un atentado con arma de fuego y del que salió ileso, aunque su vehículo recibió tres disparos.
De la misma forma, de las 12 agresiones que se denunciaron en Casanare durante el 2016, once ocurrieron luego de que periodistas de la región denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal.
En su resolución, la SIP hizo además un llamado urgente a las autoridades de México, Perú, Guatemala, República Dominicana y Honduras, donde 13 periodistas perdieron la vida en razón de su oficio entre octubre del año pasado y el mes de marzo.
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