Alan Jara dice que no cometió delito al frente de Gobernación del Meta

Alan Jara dice que no cometió delito al frente de Gobernación del Meta

Defiende su gestión tras escándalo que involucra a funcionarios de su anterior cargo.

Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas

En abril del 2016, el presidente Santos designó a Alan Jara como director de la Unidad para las Víctimas.

Foto:

Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

04 de junio 2017 , 10:37 a.m.

En medio de la tormenta por la investigación por presunta corrupción que tiene a tres de sus exfuncionarios de la gobernación del Meta presos y a él mismo bajo la lupa de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, Alan Jara defendió su gestión al frente de la Unidad de Víctimas.

En la primera entrevista que concede desde que estalló el escándalo, Jara afirmó que su continuidad depende de su nominador, que es el Presidente de la República.

Hay sectores que afirman que la Unidad para las Víctimas se politizó desde su llegada y que virtualmente los programas que se venían adelantando perdieron el impulso. ¿Cuáles son sus cifras?

Con relación al mayor dolor de cabeza que tenía la institución, que era el número desproporcionado de tutelas, recibí la Unidad con 50.926 tutelas pendientes de respuesta en mayo de 2016; a mayo de 2017 solo tenemos 4.763. Una reducción de tutelas del 90,5 %. Igualmente recibimos en mayo de 2016 128.416 derechos de petición pendientes de respuesta, a mayo de 2017 logramos reducir esta cifra a 43.117: una importante reducción del 66 %. Este esfuerzo en la reducción de las tutelas, que congestiona el sistema judicial, le ha representado a la Rama un ahorro cercano a los 300.000 millones de pesos; a las víctimas, 18.200 millones; y a la Unidad, 18.600 millones de pesos.

¿Hay presiones políticas alrededor del tema de víctimas?

No. En el ejercicio de mi cargo no he recibido ningún tipo de presión.

¿Por qué el silencio de casi tres semanas frente a los problemas judiciales de personas de su entera confianza y que incluso lo acompañaron en la Unidad?


Más que un silencio es el respeto total y absoluto frente a las autoridades competentes. Yo sigo concentrado trabajando en los temas de la Unidad para las Víctimas.

¿Puede garantizar que en su gobernación el Meta estuvo a salvo de la corrupción?

A lo largo de mi vida pública, que se inició en el año de 1983, he actuado siempre con apego a la ética y al respeto de las normas.

Hay que dejar que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes y determinen lo ocurrido en ese caso

¿Cómo responde a los señalamientos que se han hecho contra su gobernación por un presunto caso de corrupción en el Meta que tienen presos a tres de sus exfuncionarios?

Hay que dejar que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes y determinen lo ocurrido en ese caso.

La Unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte tiene en su poder un expediente que lo relaciona con ese caso. ¿Considera que esta situación interfiere con su función como jefe de la Unidad?

Ese caso no tiene nada que ver con mi gestión. La Unidad trabaja a toda marcha para dar cumplimiento a la misión que le fue encomendada. Además de ese mandato constitucional, venimos apoyando la implementación del Acuerdo de Paz con la perspectiva de las víctimas. Y ello, en todo el territorio nacional.

La Fiscalía sostiene que los detenidos actuaron de forma dolosa para “apropiarse de recursos públicos a favor de terceros y presuntamente bajo las instrucciones de personas de alta jerarquía en el departamento del Meta”. ¿Se siente aludido por esta afirmación?

No.

¿Ha considerado la posibilidad de renunciar a su cargo por esta situación y por eventuales complicaciones del expediente?

Todo funcionario público de libre nombramiento y remoción sabe que su permanencia en el cargo depende del nominador.

Lo que necesitamos es que dejen de tomarnos del pelo: Asfades

Para Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos (Asfades), la Unidad de Víctimas ha incumplido los compromisos que tiene en términos de reparación colectiva.

“No hemos tenido ningún avance en la implementación de la ruta de reparación colectiva; por el contrario, con la llegada de Alan Jara se estancó el proceso y no hemos podido avanzar en nada. Llevamos más de un año estancados y nos preocupa que con todo esto que ha salido a la luz pública de la situación durante su periodo como gobernador, la situación empeore”.

Gómez asegura que con la anterior administración hubo logros importantes, pero que ahora el proceso se detuvo.

“En el caso de Asfades, con la exdirectora Paula Gaviria logramos que se nos reconociera como sujetos de reparación colectiva. Ahora estamos exigiendo que se implementen las rutas para los sujetos de reparación colectiva en todo el país y para eso se debe partir del reconocimiento político de las organizaciones. Creemos que a la Unidad de Víctimas le ha quedado grande el cumplimiento de la ley 1448 y lo que nosotros necesitamos es que no nos sigan tomando del pelo; todo el tiempo nos dicen que no hay operador y que por eso no se ha podido avanzar nada”.

Reparación a víctimas

Jara asegura que durante el último año, la Unidad para las Víctimas ha entregado 616.551 millones de pesos en ayudas humanitarias, 408.028 millones de pesos en indemnizaciones, 11.359 millones en apoyos a proyectos municipales y 5.999 millones para la creación y puesta en funcionamiento de 28 nuevos puntos de atención.

Agrega que se han reducido algunos trámites para ahorrarles tiempo a las víctimas: “La toma de declaración, que tardaba en promedio 41 días, hoy se hace de inmediato; la inclusión en el Registro de Víctimas, que tardaba 31 días, hoy es inmediata. Y la valoración de las declaraciones, que duraba alrededor de 99 días, hoy dura 28 días”. Dice que en el 2016 la entidad tenía 5.440 servidores públicos y este año, 4.351.

El proceso en la Fiscalía

Hace menos de un mes, la Fiscalía capturó al gerente de la empresa Llanopetrol, Ricardo Rodríguez, y a tres funcionarios de la Gobernación del Meta durante la administración de Alan Jara. Se trata del exsecretario de Hacienda del departamento Jairo Iván Frías, el exjefe de Planeación Hernando Martínez y la exasesora jurídica Luz Stella Casasfranco, señalados de hechos de corrupción. Según la Fiscalía, se desviaron más de 18.000 millones de pesos al parecer “bajo las instrucciones de personas de alta jerarquía en el departamento”.

Los hechos tienen que ver con la firma de un convenio para la refinería del Meta, obra de la que “no se ha puesto ni la primera piedra”.

REDACCIÓN JUSTICIA

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