Procuraduría advierte deficiencias para combatir la violencia sexual contra las mujeres.

En medio de un crítico análisis, la Procuraduría les da dos meses a las entidades estatales para que diseñen políticas públicas, planes y estrategias claras que permitan transformar las causas estructurales de la impunidad, la discriminación y la violencia sexual contra las mujeres.

Con este llamado, a más tardar el primero de marzo del año 2012 las entidades como la Fiscalía, los jueces de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social, los  Ministerios del Interior, de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública deberán enviarle a la Procuraduría información cuantitativa y cualitativa sobre sus acciones, planes y hallazgos para erradicar este tipo de violencia. (Vea el especial multimedia Profesión: Mujer, ni un abuso más)

El llamado del Ministerio Público al Estado se da después de que dicho órgano de control revisara las directrices para abordar la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto colombiano, especialmente contra la mujer.

En la evaluación encontró que a pesar de los esfuerzos de algunas entidades las acciones para erradicar este tipo de violencia no han sido suficientes.

"Las acciones hasta ahora asumidas no logran garantizar el acceso a la justicia y la restitución efectiva de derechos de las mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto" advirtió el Ministerio Público en un comunicado.

La Procuraduría resalta la encuesta publicada por la Oxfam en el año 2010 en la que se afirma que entre los años 2001 y 2009 al menos 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, 149 diarias y seis cada hora, por lo que concluye el órgano de control que al comparar la vulneración de las mujeres con el quehacer del Estado, "no se ha superado el estado de cosas inconstitucional, subsisten los vacíos institucionales en materia de prevención, atención y acceso a la justicia de las víctimas".

A pesar de que el Ministerio Público encuentra avances  en algunas investigaciones, en la reciente Ley de Víctimas, la sensibilización y acompañamiento a servidores públicos y organizaciones sociales en temas de género, también reprocha que pasados más de 10 años desde que se expidió la Resolución 1325 en la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, la realidad de vulneración no haya cambiado, "continúa la afectación de derechos de manera especial y desproporcionada, subsiste, a juzgar por el bajo porcentaje de condenas impuestas, entre otras realidades procesales, el patrón de impunidad" afirma el ente de control.

El Ministerio Público encontró que las entidades estatales no dan cuenta de información del diseño de políticas públicas sobre justicia, restitución efectiva de derechos y dignificación de la vida, no hay una planeación estratégica ni metas para superar la problemática que sufren las mujeres en medio del conflicto.

Por eso le solicitó a la Fiscalía que brinde en el plazo dado información sobre las investigaciones que se llevan por estos hechos, la garantía de las víctimas para el acceso a la justicia, actualizar las bases de datos sobre delitos sexuales, y capacitación a sus funcionarios sobre temas de género, entre otras exigencias.

A los jueces de la República el órgano de control les pidió que en materia de indemnizaciones asuma el daño moral y material de las víctimas, así como las medidas de rehabilitación y la participación de las mujeres en las diligencias judiciales.

Por otra parte, a Acción Social le solicitó que facilite el acceso a la reparación administrativa, a los Ministerios de Protección y Justicia los exhortó a que permitan las medidas de protección necesarias y que realicen los estudios de riesgo, a la Defensoría del Pueblo que cumpla con la implementación de orientación psicojurídica de mujeres y a la Fuerza Pública, que cumplan con las capacitaciones a sus integrantes que permitan prevenir y sensibilizar sobre este tipo de violencia, teniendo en cuenta "los registros de faltas y conductas de sus servidores en dicha temática" afirmó el Ministerio Público.

REDACCIÓN JUSTICIA