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Estado aún no sabe si 175 mil que reclamaron reparación son víctimas

Integran grupo de casi 400.000 que buscaron reparación administrativa antes de Ley de víctimas.

Casi seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, unas 20.000 personas afectadas por casi 7.000 crímenes cometidos en medio del conflicto serán beneficiarias de la más grande reparación individual desarrollada hasta ahora en cumplimiento de la histórica norma. (Lea también: Crítico balance de retorno a viejas zonas de violencia).
Familias de víctimas de homicidio, desaparición forzada y secuestro de Antioquia, Meta y Bolívar serán reparadas por vía administrativa. Si los planes se cumplen, antes de fin de año cerca de 130.000 víctimas de diez departamentos habrán sido objeto de diferentes medidas de reparación administrativa, en las que el Estado invertirá 800.000 millones de pesos.
Este año, 100.000 nuevas personas ingresarían a la lista de los que reclaman reparación. Los cálculos de las diferentes entidades del Estado relacionadas con la materia apuntan a que al menos 850.000 hechos victimizantes han dejado no menos de tres millones de personas afectadas. La mayoría son desplazados forzados.
El rezago sigue
Mientras espera a que miles de colombianos que tienen derecho a la reparación integral gracias a la ley se reporten, el Gobierno ajusta un retraso de más de seis meses en el plazo que tenía para resolver si otros 175.000 que reclamaron reparación administrativa son o no víctimas.
Ellos hacen parte de un grupo de cerca de casi 400.000 personas que, hasta abril del 2010, acudieron ante el Estado a inscribirse como afectados por el conflicto armado. En promedio, siete de cada diez de las solicitudes que se analizaron fueron avaladas. (Lea también: Víctimas del país ya han radicado 441 mil solicitudes de reparación).
Pero sobre las 175.000 restantes poco se ha avanzado, a pesar de que el plazo máximo para aceptarlas o rechazarlas era de 18 meses, es decir, a más tardar en noviembre del 2011. Antes de septiembre, según confirmó Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, no habría una definitiva sobre las solicitudes.
Resolver la situación de esos colombianos es uno de los primeros escollos que se le han atravesado a la ley de víctimas, uno de los proyectos bandera del gobierno Santos. Pero no es el único. Además del temor de las víctimas a denunciar, personerías de varias regiones del país se quejan porque -aseguran- no han recibido instrucciones claras del Gobierno sobre la ruta para cumplir la citada ley.
Y también se han registrado roces entre entidades del Estado con responsabilidades en reparación.
Hasta en Bogotá hubo casos de despojo
Una oficina en el segundo piso de un edificio del Centro Internacional de Bogotá se ha convertido en el epicentro de las visitas de los afectados por la violencia, particularmente de los despojados. Allí funciona la Unidad de Restitución de Tierras para la capital del país.
De manera tímida, casi que con susto, llega la mayoría. Tienen miedo de que los violentos los encuentren. Por eso, incluso, hay quienes han llegado con peluca, gafas y bufanda para ocultarse.
Pero, a pesar de ese temor, 2.868 personas habían acudido a esta dependencia hasta el pasado 11 de mayo. Todas con la misma ilusión: recuperar el predio que les quitaron o que tuvieron que abandonar por la violencia de los grupos armados ilegales.
Por lo general, se cree que el desplazamiento y el despojo de predios solo se han dado en lugares lejanos. No obstante, en la oficina de Bogotá ya hay 30 denuncias relacionadas con el Distrito Capital.
En concreto se han denunciado dos casos de despojo de predios rurales situados a las espaldas del cerro de Monserrate. También hay denuncias similares en la zona del Sumapaz.
En Ciudad Bolívar, por ejemplo, hombres que dijeron pertenecer a un grupo armado ilegal les quitaron su casa a los dueños con el argumento de que necesitaban la vivienda para montar un cuartel por la buena visibilidad que tenía. En las localidades de San Cristóbal y Engativá hay otros casos.
Proceso gratuito
Para iniciar el proceso de recuperación de un predio, lo único que se requiere es la cédula y "echar el cuento", de acuerdo con Rodrigo Arteaga, director de la Unidad de Tierras de Bogotá. Por supuesto que si el afectado tiene documentos, eso facilita el trámite de restitución.
"Aquí los escuchamos, les recibimos la denuncias y los asesoramos. No se les pide nada, no hay que pagar nada. Nosotros buscamos lo que se necesite", dijo Arteaga.
Hasta el pasado 11 mayo se habían recibido en todo el país 13.494 solicitudes, de las cuales cerca del 21 por ciento se había tramitado en la capital.
Una buena razón para que el mayor número de reclamaciones se dé en Bogotá, obedece a que las víctimas consideran que es más seguro y por que se calcula que aquí viven por lo menos unos 500 mil afectados por la violencia.
Por eso, se han recibido denuncias de más de 500 municipios de 30 de los 32 departamentos del país. La mayoría son de Meta y Tolima.
Por el momento, los casos que lleva la Oficina de Restitución de Bogotá están en estudio. Todavía no ha pasado ninguno a los jueces de tierras.
Sin embargo, se espera que antes de un mes el primero de los procesos llegue a un estrado judicial.
Entrevista
'Los plazos se han cumplido'
Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, aseguró que un reciente informe de su despacho a la Corte Constitucional, que rajó a 22 de 29 entidades del Gobierno con responsabilidades en el tema, no tuvo una presentación afortunada y dijo que el malestar que provocó ya fue superado. Ese documento decía que, "en general, la mayoría de las entidades que integran el Sistema (de atención a víctimas) presentaron un desempeño bajo o muy bajo (...). Persisten falencias en la capacidad de gestión de las entidades en todos los procesos, especialmente estratégicos y de apoyo".
¿La Unidad de Víctimas va al día con lo que le toca en materia de reparación?
La ley nos dio varios plazos, que han venido cumpliéndose. A junio de este año debíamos tener listo el Conpes de reparación, y va a estar en los próximos días. Tenemos la institucionalidad lista y, algo muy importante, hay cerca de 700 planes de desarrollo de entidades territoriales que han incorporado la atención a las víctimas.
¿Cuándo van a estar listos los criterios de selección de víctimas y por qué todavía no hay oficinas de la Unidad en las regiones?
Son procesos que están en marcha, que tienen unos tiempos relacionados con las exigencias del Estado y que, en todo caso, no han afectado la atención a las víctimas.
REDACCIÓN JUSTICIA
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