El excongresista y expersonero de Bogotá hizo una veloz carrera como líder indígena.

Francisco Rojas Birry, el joven embera al que hace 22 años 25.880 colombianos llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente, termina su carrera pública refugiado en una lujosa casa del norte de Bogotá, condenado por la justicia ordinaria y protegido por un grupo de indígenas que, armados de bastones, han evitado que la Fiscalía cumpla la orden de captura que hay en su contra por enriquecimiento ilícito. (Imágenes de la guardia indígena en la casa de Rojas Birry)

Mucha agua bajo los puentes ha corrido desde el salto a la política nacional dado por el indígena que se graduó de abogado gracias a una beca de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Nacido hace poco más de medio siglo en el Alto Baudó, en las selvas del Chocó, creó la organización estudiantil Aunana y la organización regional Embera Waunana del Chocó (Orewa), que buscaba organizar a las 157 comunidades indígenas de esa región del país.

Eran los tiempos en los que Rojas Birry llegaba al Capitolio Nacional a pie, de alpargatas y rodeado de tambores, imagen bien distinta del hombre pasado de peso, que usa camisas de marca y que, rodeado de escoltas, se movía hasta hace poco por Bogotá en Toyota blindada.

Después de su vertiginosa carrera política, que lo llevó de ser coautor de la Carta del 91 al Congreso, al Concejo de Bogotá y a la Personería de la capital, Rojas enfrenta ahora una pena de ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito. La justicia, como la Procuraduría, demostró que el expersonero recibió 200 millones de DMG, la 'pirámide' de David Murcia Guzmán.

Él asegura, en una entrevista publicada ayer en la página web de la Onic, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que lo que le cobran es su raza: "Si yo fuera un ciudadano simple que no tuviera figura, que fuera Francisco Rojas Birry, el indio de Catrú que lava carros, no me pasa nada (...). Me pasa porque soy abogado, porque fui senador y porque les quité un espacio. Aquí en Bogotá, para ser personero el requisito no era ser indio (...), no me lo perdonan y me llevan a la cárcel...".

Paradójicamente, anota el concejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, Rojas llegó a ser uno de los más reconocidos exponentes de esa clase política a la que hoy señala de perseguirlo. En el Congreso aún se recuerdan sus fiestas con el entonces senador Samuel Moreno Rojas, en cuya administración terminó elegido personero, con 40 votos de 45 posibles, ante 26 candidatos más. "Rojas estuvo ausente de los grandes debates de la ciudad en los que la Personería debería haber llevado la voz principal. No hizo un solo pronunciamiento sobre el 'carrusel' de la contratación y guardó silencio frente a las denuncias sobre irregularidades en el trámite de licitaciones y adjudicaciones de negocios multimillonarios", dice el investigador Óscar Sevillano, de la corporación Nuevo Arco Iris.

El escándalo, que tiene presos al exalcalde Samuel Moreno y a su hermano, el exsenador Iván Moreno, pasó inadvertido para el organismo de control como también para la Contraloría Distrital, en manos del destituido y llamado a juicio excontralor Miguel Ángel Morales Russi.

En suma -según Sevillano-, el expersonero de Bogotá mantiene viva una decena de investigaciones disciplinarias entre las que están una por el nombramiento de su exesposa, Angelith Shirley Núñez González, en la dirección disciplinaria de la Empresa de Acueducto de Bogotá; otra por presunta omisión en los procesos que se le abrieron al exalcalde Moreno Rojas y varias por maltrato laboral contra personal vinculado a la Personería.

Su despacho en el Congreso de la República se vio en medio de un escándalo por millonarias llamadas a líneas calientes, en el 2000. Luego enfrentó demandas por maltrato laboral y por alimentos. En el 2004, la Procuraduría lo sancionó con una multa de 45 días de salario por presionar nombramientos en la Contraloría General.
Su decisión de buscar refugio en la justicia indígena para eludir la condena que le impuso la justicia de la sociedad en la que se mueve desde hace más de dos décadas ha generado polémica, incluso entre las mismas etnias. Así, mientras la Onic, liderada por emberas como Rojas Birry, considera que en su caso la justicia colombiana está pasando por encima de sus derechos, líderes de otras comunidades señalan que lo que procede es su entrega.

Feliciano Valencia, vocero del Comité Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que "es una situación que se presentó por actuaciones personales y para beneficio personal de Rojas Birry", por lo que su caso no debería ser reclamado por la justicia indígena. Y Gabriel Muyuy, de la comunidad inga del Putumayo, señala que aunque lo ideal es que el conflicto de competencias entre las justicias ordinaria e indígena sea resuelto cuanto antes por la autoridad competente (el Consejo Superior de la Judicatura), "todos los servidores públicos (...) tienen el deber de responder por los actos que como servidores públicos hayan realizado".

Danilo Villafañe, autoridad de los arhuacos, dice que, por su hoja de vida, Rojas Birry debe ser juzgado por los jueces indígenas. "Si la justicia indígena lo encuentra responsable de delitos dentro de la comunidad indígena o dentro de la comunidad del hermano menor, debe ser castigado".

Entre los emberas, en todo caso, el enriquecimiento ilícito no existe. Sus leyes no contemplan ni siquiera la palabra delito, sino errores y faltas graves, medianas o leves. Entre sus castigos están la privación de la libertad, la expulsión y el trabajo comunitario.

Hace dos meses, cuando un juez de Bogotá anunció la condena, su abogado pidió que no se dictara orden de captura con el compromiso de que en la siguiente audiencia, el viernes pasado, su cliente se presentaría.

Ese día, Rojas Birry no llegó. Cuando el CTI fue por él a su casa, varios indígenas impidieron el paso. Él asegura que "como líder indígena y como buen colombiano (...) jamás eludirá la acción judicial". "Estaré con la frente en alto (...) presto a acatar las decisiones de los jueces".

REDACCIÓN JUSTICIA