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Siete de cada 10 personas dicen que la justicia del país es lenta

Encuesta del Ministerio de Justicia muestra que no crece confianza en el sistema.

REDACCIÓN JUSTICIA
Para cuatro de cada diez colombianos, los funcionarios judiciales del país son “corruptos” o “muy corruptos”. Esa consideración, que define si un ciudadano recurre o no a una institución judicial, ha sido determinante para que en el país no crezca la confianza en el aparato judicial.
Así lo muestra la última Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, que el Ministerio de Justicia desarrolló, con apoyo del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá, precisamente para medir el nivel de acceso y confianza que los ciudadanos tienen en la justicia.
Las estadísticas, recogidas luego de un estudio en 14 ciudades del país con una muestra representativa en más de 6.000 encuestas, dejan ver también que siete de cada diez encuestados dicen que la justicia es “lenta” o “muy lenta”.
Y en cuanto a la confianza que brinda el aparato judicial, un 34 por ciento evaluó con tres (en una escala donde 1 es el mínimo y 4 el máximo) el punto de seguridad que tiene en el actual sistema que rige en el país.
El objetivo de la encuesta es darle los insumos necesarios al Minjusticia para que desarrolle nuevas políticas públicas que logren elevar los servicios que se prestan en los despachos que manejan casos penales y administrativos.
Más de la mitad de los encuestados, el 51,9 por ciento, confesó no haber hecho nada después de presentarse un conflicto o desacuerdo. Esta cifra coincide con las alertas que ha hecho el Gobierno –en especial la Policía– sobre la necesidad de que se eleve el número de denuncias.
Por primera vez, este estudio incluyó la medición de los casos que logran ser conciliados con éxito y las preocupaciones de sectores vulnerables, como los que están en extrema pobreza o en condición de discapacidad.
La encuesta muestra que los primeros padecen en mayor medida conflictos relacionados con delitos violentos, desplazamiento forzado y amenazas. Para el caso de la población con discapacidad, las denuncias están relacionadas con la discriminación personal y el hábitat. Para ellos, de acuerdo con el informe, la justicia es aún más lenta debido a que en promedio en más del 40 por ciento de los casos aún no hay ninguna decisión.
Dentro de las conciliaciones extrajudiciales, las situaciones que más llevaron ante las autoridades –estatales o particulares– a los ciudadanos fueron los hurtos o robos. Les siguieron en la escala el mantenimiento y la alimentación de hijos, problemas con los vecinos, desacuerdos en la prestación de servicios públicos y su pago y la provisión o prestación de los servicios de salud, un tema que pasa a ser aún más denunciado en las poblaciones de niveles socioeconómicos bajos.
La mayoría de esas conciliaciones vía administrativa se hicieron en las defensorías de Familia de Bienestar Familiar (ICBF).
Aplauden la tutela
La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas revela que cerca de dos de cada cinco personas de la población urbana del país mayor de edad sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años, por lo que casi la mitad de los encuestados recurrió a una denuncia o demanda (ver gráfico).
Y también confirma a la tutela como el mecanismo judicial que más usan los colombianos. Un 84 por ciento aseguró conocerla y el 61,4 la ve como una opción favorable. La preocupación está en que el resto de mecanismos, como la acción popular, la acción de grupo y la acción de cumplimiento, apenas llegan al 20 por ciento de conocimiento entre los consultados.
El resto de instituciones judiciales, como la Fiscalía, los juzgados, las personerías, los centros de conciliación y las casas de justicia, tienen un nivel de reconocimiento que oscila entre el 70 y 80 por ciento, el tema es que los ciudadanos aseguraron que en la mayoría de esos centros se han producido muy pocas sentencias o decisiones de acuerdo con el nivel de expectativa de quienes allí llegaron a buscar una solución.
Sin embargo, el informe destaca la alta participación en el acceso a las Oficinas de Quejas y Reclamos, donde la población general recurrió en un 35,3 por ciento; la población en extrema pobreza, 26,6 por ciento; quienes están en situación de discapacidad, 51,5 por ciento. El sector empresarial fue el que menos acudió, con 1,5 por ciento.
Empresas evitan ir a los despachos
Otro de los hallazgos refleja cómo se solucionan los conflictos empresariales. El 72,6 por ciento de las empresas prefieren usar la negociación directa y solo el 2,6 por ciento prefieren el proceso judicial. Según el informe, la preferencia por este mecanismo está ligada con las características de las empresas y en el 56,9 por ciento de los casos es el dueño o representante legal de la organización quien resuelve los problemas. El 75 por ciento reconoció que en los contratos no hay cláusula de arbitraje para resolución de conflictos.
REDACCIÓN JUSTICIA
REDACCIÓN JUSTICIA
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