Según preacuerdo, debe declarar en contra de oficiales colombianos por nexos con narcos y 'paras'.

El general (r.) de la Policía Mauricio Santoyo sabe que el costo de encender el 'ventilador' en Estados Unidos contra otros uniformados aliados con la mafia y el paramilitarismo, a cambio de una rebaja de su condena, es que no podrá volver a pisar suelo colombiano. (Siga este enlace para leer: La polémica jurídica despertada por el caso Santoyo).

Por eso, uno de los puntos del documento de su negociación con la Fiscalía de Estados Unidos es que se le otorgue residencia en Miami luego de pagar no menos de cinco años de cárcel por admitir que les entregó información y que trabajó con la 'oficina de Envigado' y las autodefensas. De hecho, su esposa y sus tres hijos ya están en un hotel de esa ciudad, bajo supervisión estatal.

EL TIEMPO también confirmó que hacía más de un año Santoyo conocía el indictment en su contra, revelado por este diario el 19 de junio.

En ese momento, contactó a la abogada Susy Ribero-Ayala. De 50 años y raíces colombianas, ella fue fiscal en la Florida y se retiró hace tres años para representar a narcos y extraditables. Entre sus clientes figura el capitán de la Policía Carlos Flórez, quien, en un caso parecido al de Santoyo, fue requerido en Estados Unidos por venderle información a la organización del capo Daniel el 'Loco' Barrera.

Aunque la exfiscal alcanzó a afinar detalles para que Santoyo se entregara, todo indica que fue relevada porque le propuso que se declarara culpable de narcotráfico, cargo que finalmente lograron tumbar.

Ribero-Ayala fue abordada por este diario, pero se negó a dar detalles de su labor. Lo concreto es que, tras pasar por las manos de dos abogados más, Óscar Rodríguez, un curtido penalista, selló finalmente los términos de un preacuerdo con la Fiscalía el viernes 17 de agosto.

Los contactos con el fiscal Neil McBride se iniciaron la misma semana en la que Santoyo se entregó por intermedio de la DEA. Sin embargo, esta agencia se marginó del proceso porque al general (r.) le preguntarán por uno de sus agentes apostado en Colombia en la época en la que se creó el grupo de los 'Pepes' para matar a Pablo Escobar, aseguró una fuente federal. Sobre la negociación, la misma fuente señaló que "no se hizo a través de encuentros personales, sino por decenas de comunicaciones vía e-mail, con copia a Washington".

Uno de los puntos del preacuerdo, que se perfeccionará en septiembre, indica que, si Santoyo quiere salir de la cárcel en el 2022 o antes y obtener residencia condicionada, debe declarar en procesos que avanzan contra oficiales colombianos del Ejército y de la Policía, por nexos con narcos y 'paras'.

De hecho, las grabaciones y testimonios que Estados Unidos tiene sobre esos uniformados llevaron a Santoyo a cambiar su plan de declararse inocente. Algunos por los que se le indagará trabajaron con él entre el 2002 y el 2008, incluido un coronel que lo acompañó en su paso por la Casa de Nariño y generales retirados del tiempo en que estuvo en Antioquia, uno de ellos del Ejército.

"Nuestra expectativa es probar el pago ilegal a oficiales y políticos por acciones que beneficiaron a miembros de la 'oficina de Envigado' y el apoyo a esas organizaciones criminales para el ingreso de armas y el tráfico de drogas", explicó la fuente federal.

El paso de Santoyo por el Gaula también será revisado, específicamente por haber puesto esa división al servicio de la 'oficina de Envigado' para aniquilar a milicianos que secuestraron a familiares de mafiosos. Uno de los casos fue el de dos hijos del dirigente deportivo y jefe de la 'oficina' Gustavo Upegui.

En esa época, el entonces mayor Santoyo era subordinado del general Luis Alfredo Rodríguez y del general Jorge Daniel Castro, quien fue comandante en el valle de Aburrá mientras Santoyo lideraba el cuerpo élite antiterrorista.

Esta semana, Castro se declaró sorprendido con las sindicaciones contra su exoficial, quien recibió decenas de condecoraciones en sus 30 años de permanencia en la Policía.

Otro capítulo que le interesa a Estados Unidos es la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín. El operativo, dirigido contra milicianos, fue liderado por el general Leonardo Gallego y el jefe de la Cuarta Brigada, el general Mario Montoya. En este caso se quieren descartar supuestos pagos de la mafia a uniformados por la acción y la entrega de armas estatales a 'paras' para que apoyaran este y otros operativos.

Al respecto, se indaga por qué en los documentos que los 'paras' usaron para ingresar fusiles a Colombia a través del barco Otterloo (2002) aparece la firma de un militar.

De la información que dé Santoyo sobre estos episodios dependerá no solo su tiempo en prisión, sino, además, el permiso para permanecer en Estados Unidos, lejos de la gente que va a señalar en juicio y de una posible extradición a Colombia, donde tiene tres procesos abiertos.

A Santoyo lo interrogarán también por el ingreso de más de 1.700 fusiles mediante la falsificación de documentos, trámite en el que aparecen firmas de generales del Ejército. Juan Carlos el 'Tuso' Sierra dio detalles de algunas de estas operaciones.

u.investigativa@eltiempo.com