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El exmagistrado obligado a pagar pensión alimentaria

Eduardo Campo no logró que Corte Suprema tumbara proceso por paternidad en su contra.

REDACCIÓN JUSTICIA
Mientras está pendiente del avance de una millonaria demanda que entabló contra el Estado por el caso de las 'chuzadas', el exmagistrado de la Judicatura y procurador delegado Eduardo Campo Soto perdió la batalla jurídica por tumbar otro proceso en el que él aparece como demandado.
La Corte Suprema de Justicia se negó a revisar en instancia de casación la condena contra Campo Soto a pagar 800.000 pesos mensuales de cuota alimentaria a un joven de Valledupar que hoy tiene 16 años y cuya madre demandó al jurista en un proceso de paternidad.
El caso arrancó hace cinco años, cuando Gloria Martha Vega Torres inició un proceso civil contra el entonces magistrado de la Judicatura. Un juzgado de familia de Valledupar falló en el 2009 en contra de Campo Soto y le estableció la cuota alimentaria.
Dos años después, el Tribunal Superior de Valledupar reconfirmó esa sentencia. Para ese momento, Campo, que ya estaba como procurador delegado ante las Fuerzas Militares, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, que inicialmente fue aceptado pero que se cayó por errores "protuberantes" en el trámite.
Recientemente, en su cuenta de Twitter, Vega Torres dijo sobre el caso: "Llevo cinco años tratando de conseguir que los derechos de mi hijo no sean vulnerados. El señor Eduardo Campo Soto ha aprovechado su influencia para manipular el proceso que se lleva a cabo en su contra".
EL TIEMPO intentó comunicarse con el funcionario, sin éxito. Sin embargo, a través de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, el actual procurador delegado para las Fuerzas Militares admitió la existencia del proceso en su contra y aseguró que tiene los soportes que prueban que ha cumplido con lo dispuesto en el fallo.
El caso aumenta la polémica alrededor del procurador y exmagistrado, cuyo nombre acaba de aparecer mencionado en el escándalo del 'carrusel de pensiones' en la Judicatura. En efecto, como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, una de las magistradas auxiliares que lograron pensiones millonarias por fugaces nombramientos en esa corte fue Zilath Corrales Pérez, cuñada de Campo Soto.
Ella logró multiplicar su pensión de 2,9 millones a casi 11,5 millones gracias a un nombramiento de poco más de un mes realizado en el 2008 por la magistrada Julia Emma Garzón, que era magistrada auxiliar y quedó encargada del despacho de Campo Soto cuando este cumplió sus ocho años en la Judicatura.
Garzón y Corrales Pérez fueron llamadas a juicio fiscal por la Contraloría. Tendrán que responder por un presunto detrimento patrimonial contra el Estado que hasta ahora va marcando 570 millones de pesos.
Demanda por 'chuzadas'
El exmagistrado Eduardo Campo Soto entró al Ministerio Público pocos meses después de la posesión del procurador Alejandro Ordóñez, en el 2009.
A finales de ese año, en medio del escándalo por las 'chuzadas' del DAS contra políticos, periodistas y magistrados, su nombre apareció en una lista de víctimas de esos seguimientos ilegales.
Por esta causa, Campo Soto demandó a la Nación por 1.416 millones de pesos, con el argumento de que las actividades realizadas por los agentes del liquidado organismo de inteligencia le causaron "estrés, desesperación, angustia, depresión e insomnio", al igual que a su esposa y a sus tres hijos.
El caso está para ser conciliado con la misma Procuraduría, que es el paso previo a una demanda formal. Campo señala que él y su familia fueron víctimas de "abusos y arbitrariedades gravísimas que (les) han ocasionado enormes perjuicios morales", por lo que pide una reparación a cargo del Estado.
Otras demandas
Una condena por alimentos no constituye una falta para un funcionario público. Pero no cumplir con la sentencia es castigado duramente por el Código Único Disciplinario. Se recuerda el caso de Ovidio Claros, también magistrado, quien tuvo que conciliar una demanda similar que entabló su exesposa, recién llegó a la Judicatura.
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