'A este paso vamos a terminar en deuda con los delincuentes': Fiscal

'A este paso vamos a terminar en deuda con los delincuentes': Fiscal

Esta es la respuesta de Néstor Humberto Martínez frente a propuesta de rebaja de penas del Gobierno.

Fiscal

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

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Carlos Ortega /ELTIEMPO

17 de marzo 2017 , 08:51 p.m.

En tres páginas, el fiscal Néstor Humberto Martínez dejó claro que se opondrá con todos los argumentos a los proyectos de jubileo y rebaja de penas por “razones humanitarias” que presentaron esta semana la ‘U’ y el Ministerio de Justicia.

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Martínez pidió la convocatoria de urgencia del Consejo de Política Criminal para analizar el impacto de las dos propuestas, que en su concepto generarían una “excarcelación masiva” y que envían “señales equivocadas frente a los casos de delincuencia ordinaria, aun en medio de la profunda crisis carcelaria existente, cuya solución se ha aplazado recurrentemente”. Esa solución, sostiene el Fiscal, es utilizar los recursos de la extinción de dominio para resolver el problema de la infraestructura carcelaria”.

Según Martínez, los proyectos del Gobierno y ‘la U’ generan “profunda perplejidad”, pues no tienen en cuenta “el impacto en la política criminal del Estado”. De hecho, el Fiscal le pide al Gobierno que en el Consejo de Política Criminal permita la presencia de alcaldes y gobernadores “para que expongan sus preocupaciones sobre el giro que ha tomado la política criminal en los últimos tiempos y su impacto en la preservación del orden social”. “De seguir por este camino de beneficios y rebajas punitivas, vamos a terminar en deuda con los delincuentes”, dice el Fiscal.

El proyecto del Gobierno plantea una rebaja del 20 por ciento de la pena para casi todos los delitos. El de ‘la U’, rebaja de la sexta parte de la pena y una excarcelación en masa de sindicados, con excepciones. De esta iniciativa, dice el Fiscal, no se expuso “fundamento teórico y empírico alguno”: “Llega al insólito extremo de decretar la libertad de delincuentes de todos los niveles a partir de la vigencia de la ley”. Sus beneficiarios, agrega, serían “autores de los delitos que más impactan la seguridad de los colombianos”.

Llama la atención no solo el alcance de la propuesta, sino que la misma se haya radicado en el Congreso sin consultar la opinión previa del Consejo de Política Criminal.

Y frente a la iniciativa del Ejecutivo, sostiene que no solo no fue consultada con el Consejo, sino que además de afectar la efectividad de la lucha contra los delitos de impacto ciudadano “increíblemente favorecería a miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir (bandas) e, inclusive, a narcotraficantes”.

Para sustentar sus cuestionamientos, la Fiscalía presentó las cuentas de lo que recibiría un condenado por corrupción (cohecho propio). Si recibiera la pena máxima (12 años), pero aceptara cargos ya tendría derecho a la rebaja de la mitad de la condena. Con la rebaja del 20 por ciento –bien por el jubileo o por el proyecto del Gobierno– esos seis años quedarían en 57,6 meses, menos de 5 años de prisión.

Pero podría acceder a la libertad al cumplir las tres quintas partes de la pena, es decir, con apenas 34,5 meses. A eso habría que sumarle los descuentos por redención de pena: la cárcel efectiva, aun con la imposición de la pena máxima, quedaría en solo 20,7 meses, menos de dos años. “Un remedo de pena, que haría de las sentencias algo más parecido a un diploma”, asegura Martínez.

Y la situación es aún más grave en los casos de hurto y lesiones personales: “el condenado no estaría un solo día en la cárcel, pues se le impondrían penas inferiores a cuatro años”, advierte el Fiscal.

Reparos a otras leyes

El fiscal Néstor Humberto Martínez Neira reiteró sus reparos a otros proyectos del Ejecutivo, como la Ley 148 de 2016 del Senado que amplía los beneficios a las personas presas.

El jefe del ente acusador señaló que promover la casa por cárcel a quien se le imponga una pena menor de 10 años “equivale a prohijar una excarcelación masiva”.

Y añadió que el proyecto “de un plumazo reduce todas las condenas, a través de un nuevo régimen de redención de penas”.

Igualmente criticó el artículo que establece que los jueces enviarán a prisión a los detenidos solo si se cuenta con los cupos que garanticen una estancia digna en los penales, al considerar que esa reforma “hará más compleja la tarea de la Fiscalía y la Policía en la lucha contra los delincuentes”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com​

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