La evidencia de las siete casas de pique de Tumaco

La evidencia de las siete casas de pique de Tumaco

Hay un video de hombres de ‘Guacho’ desmembrando a un informante en zona rural.

Armada patrullando en Tumaco

En Tumaco se ve con frecuencia a la Armada patrullando las aguas del puerto para enfrentar a la delincuencia.

Foto:

Raúl Arboleda / AFP

07 de mayo 2018 , 06:59 a.m.

“Si su muerto no está en Medicina Legal, hay que irlo a buscar a El Tigre. Allá, en la vía Tumaco-Pasto, cerca de unos manglares, tiran los pedazos. Las mamás de los muchachos hacen los levantamientos porque en algunos barrios no pueden entrar ni el CTI ni la Policía”.

Este es uno de los testimonios que la Procuraduría, en cabeza de Fernando Carrillo, le entregará a la Fiscalía dentro del expediente que prueba la existencia de al menos 7 casas de tortura y pique en Tumaco (Nariño).

Todas están ligadas a las 12 estructuras criminales que se disputan narcorrutas y 1.200 válvulas ilegales que chupan gasolina del Oleoducto Transandino para usarla en la producción del alcaloide y para sus lanchas rápidas. Pobladores entregaron la ubicación exacta de las casas, bajo el dominio de hombres de Walter Arizala, alias Guacho, y de Guerrillas Unidas del Pacífico. Y dan cuenta de cómo niños entre 6 y 10 años sacan los restos humanos.

En las casas pican los cuerpos y los tiran al agua. Los niños sacan de los esteros los pedazos pequeños

“En las casas pican los cuerpos y los tiran al agua. Los niños sacan de los esteros los pedazos pequeños. Y las bolsas grandes las sacan jóvenes de 12 o 15 años a quienes también les pagan para que les avisen si vienen autoridades y cuenten qué se habla en las comunas”, le dijo a EL TIEMPO un investigador, el mismo que vio un video que ‘Guacho’ puso a circular hace algunas semanas.

En este se ve cómo en zona rural hombres de su organización desmiembran a un joven a quien acusaron de filtrar información. Las otras víctimas de esta práctica son miembros de bandas rivales y hasta ciudadanos venezolanos que llegaron a la región atraídos por las 25.000 hectáreas de coca cultivada, que dispararon el kilo de 800.000 pesos a 2 millones de pesos.

Picando gente eliminan enemigos y siembran terror, afianzando su control territorial.

Aunque autoridades tomaron con escepticismo la denuncia de la Procuraduría, encaja con datos de la Fundación Ideas para la Paz que ya había hablado de dos casas de pique. Pero el Ministerio Público no solo identificó cinco más, sino que tiene coordenadas exactas y nombres de víctimas.

La presencia de esos grupos ilegales y su control territorial reconfiguraron barrios. La vinculación de niños como campaneros y de jóvenes como parte de las bandas rompió la tradición de confianza entre familias”, explica la Procuraduría.

Uno de los funcionarios que estuvo durante meses en el terreno afirma que en Tumaco no hay alternativas laborales legales. Y las necesidades insatisfechas hacen que la ilegalidad se asiente con facilidad.

Cifras no concuerdan

“El lujo, el derroche y el desprecio por la vida y la integridad reemplazaron la solidaridad, la autoridad de los mayores, las redes de parentesco y las economías ancestrales”, explicó el investigador, y agregó que, oficialmente, el año pasado el número de muertos superó los 254, pero la comunidad dice que hubo muchos más.

Por eso, desde principios de 2017, líderes de Tumaco decidieron contar sus propios muertos. Una madrugada de ese mes, hubo una balacera en la comuna 5 (la más violenta del puerto junto a la 1, 2 y 4), y ante la negativa de autoridades locales de ingresar, la madres de los muchachos sacaron cadáveres y empezaron a llevar sus propias cuentas.

Según Medicina Legal, ese mes hubo 21 hombres asesinados y una mujer. Pero los pobladores contaron 163. Y la Policía dice que este mes no ha habido ningún homicidio, aunque la comunidad lo niega.

Los líderes de las zonas están asumiendo roles de autoridad. Dada la ausencia del Estado y el miedo, deben asumir tareas de rescate de secuestrados y recuperación y atención de heridos. Además, el levantamiento de cadáveres para entregarlos a sus familias o para darles sepultura por encargo”, dice el informe que se le remitirá a la Fiscalía, que desde el viernes abrió investigación formal.

La comunidad no recuerda una ola de violencia tan sangrienta: el 2017 cerró con 254 muertos. La asemejan a los asesinatos que se registraron entre 2005 y 2006, por enfrentamiento entre las Farc y los ‘paras’ que no se desmovilizaron.

Y si bien desde enero el Gobierno trasladó a 2.000 uniformados a Tumaco y reforzó programas sociales, en tres meses es difícil recuperar un terreno perdido hace años y superar una problemática acentuado por la bonanza cocalera.

“Si hay indicios de semejante práctica (casas de pique) ahí estará nuestra fuerza pública investigando con la Fiscalía”, aseguró el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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