Excarcelación masiva de presos desata una intensa polémica

Excarcelación masiva de presos desata una intensa polémica

Desde el 1° de julio han salido de la cárcel 340 presuntos delincuentes. Fiscal pide contrarreforma.

Excarcelación de presos

Por la norma terminarán fuera de las cárceles al menos 11.000 presos en un año.

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David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

13 de agosto 2017 , 07:19 p.m.

La Ley 1786 del 2016, de Racionalización de la Detención Preventiva, va camino de convertirse en una de las normas más accidentadas de los últimos años.

Originalmente fue expedida en el 2015, pero a días de entrar en vigencia, en julio del 2016, fue necesario hacerle una cirugía de urgencia para postergar por un año más sus efectos: la libertad, máximo en dos años, de cualquier preso que no hubiera sido condenado judicialmente en ese lapso, sin importar el tipo de delito.

Finalmente, la vigencia empezó el pasado primero de julio y el resultado, en palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, “es deplorable”. Tanto así que la Fiscalía ya anunció que presentará un nuevo proyecto (el tercero en dos años sobre la materia) para tumbar la polémica norma.

Sobre el papel, el discurso con el que el exministro de Justicia Yesid Reyes logró vender la idea es totalmente lógico. Como consecuencia de la absurda paquidermia de la justicia colombiana, tanto en Fiscalía como en los juzgados hay presos que completan más de siete años en condición de sindicados; esto es, sin condena en su contra.

Sentencias de la Corte Constitucional sobre la bomba de tiempo del hacinamiento carcelario y demandas por más de 22 billones de pesos contra la Fiscalía por detenciones injustas les dan arsenal a los que defienden la norma.

El lío es que cualquier persona que conozca cómo opera el aparato judicial sabe que, en el 90 por ciento de los casos, esos plazos son casi incumplibles. Y, además, que en muchos casos son las maniobras desleales de las defensas las que impiden que se haga pronta justicia. El resultado es el regreso a las calles de peligrosos delincuentes y el consiguiente impacto en la seguridad ciudadana y, sobre todo, en la confianza de la gente en su justicia.

Los ejemplos abundan. En marzo del 2016, un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja desde que la niña tenía cuatro años hasta los 12 fue detenido en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos eran conocidos por la abuela de la menor, que en lugar de parar los vejámenes la amenazaba para que no contara.

El hombre es uno de los 120 procesados por delitos sexuales que recuperaron la libertad en los últimos días como consecuencia de la aplicación de la ley.

En el mes largo que lleva la norma van 340 libertades por toda clase de delitos. Uno de los beneficiarios es uno de los cuatro policías que fueron capturados en mayo del 2015, luego de haber detenido injustamente al ciudadano israelí Ophir Efraín Bakal en el centro de Bogotá y exigirle el pago de una multa por supuestamente estar haciendo escándalo en la vía pública. Según la investigación, los policías le hicieron un paseo millonario a Bakal, llevándolo en una moto particular a dos cajeros para vaciar sus cuentas.

Estos casos se suman al de Ricardo Enrique González, quien por una polémica extensión de la gabela quedó en libertad hace dos semanas, por orden de un juez a pesar de haber sido condenado en primera instancia a 45 años de cárcel por el asesinato de sus dos hijas y el intento de homicidio de su esposa. Un juez de Caldas consideró que la excarcelación no operaba solo para los sindicados, sino para los que fueron condenados y pasados dos años seguían esperando el resultado de su apelación. El escándalo nacional sirvió para que el Tribunal de Manizales reversara ese fallo, sin embargo, este viernes en una nueva decisión otro juez de La Dorada, Caldas, volvió a otorgar la libertad para González con la restricción de no acercarse a su expareja.

Por la norma, a la que se suman otras en camino que aumentan los beneficios penales, terminarán fuera de las cárceles al menos 11.000 presos en un año.

“Es imposible que las autoridades estén dedicadas a combatir a los delincuentes, y las leyes favoreciendo su libertad para seguir acechando a los ciudadanos”, cuestionó el Fiscal.

Sin embargo, el Gobierno no acompaña esa idea. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dice que aunque “es respetable” la posición de la Fiscalía, las libertades contempladas en la ley, en todo caso, no operan de forma automática porque dependen de que el juez evalúe ciertas condiciones, entre ellas que no se hayan presentado dilaciones por parte de la defensa.

Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, dice que esta ley evidencia un grave conflicto de garantismo entre la justicia y la seguridad ciudadana. “El aparato no se preparó y se dejaron de hacer muchas cosas. (...) Ni el Fiscal ni nadie en el poder judicial sabe cuáles de las 11.000 personas que pueden salir son realmente un peligro para la sociedad o van a obstruir la justicia”.

Procurador exige plan para priorizar los casos

Fernando Carrillo, procurador general

¿Qué medidas tomar para impedir la excarcelación?

Es necesario un plan de acción para priorizar los procesos e investigaciones en curso. Igualmente es necesario analizar la viabilidad de las prórrogas.

¿Cómo proteger a las víctimas si sus victimarios están afuera?

Si bien es el Estado el que debe garantizar la integridad de los habitantes del territorio, la realidad desborda la capacidad de reacción de quienes tienen competencia en la materia. Por ello urge priorizar los procesos en los que la medida tendrá aplicación para buscar y dar respuestas rápidas. De lo contrario, insisto, hay una revictimización, así como la generación de un riesgo para la sociedad.

¿Apoya el plan de la Fiscalía de tumbar la ley?

En principio sería la solución más rápida: derogar la ley, pero el problema sigue; las normas del procedimiento penal contemplan la garantía del derecho a la libertad. Hay un problema estructural del sistema judicial, bien en la fase de investigación o en el juzgamiento.

JUSTICIA

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