$ 15.000 millones ha perdido Ecopetrol por hurto de crudo este año

$ 15.000 millones ha perdido Ecopetrol por hurto de crudo este año

Responsables son redes que lo roban y lo legalizan con empresas falsas, guerrilleros y narcos.

Robo de petróleo

En el último año, las pérdidas por robo de crudo crecieron.

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Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

11 de junio 2017 , 12:00 a.m.

El año pasado, las redes que se dedican a la extracción ilegal de petróleo le causaron a Ecopetrol pérdidas que superan los 32.000 millones de pesos. Y en los últimos dos años, a la petrolera estatal le fueron hurtados 875.000 barriles, especialmente de los oleoductos Trasandino y Caño Limón Coveñas.

Las redes criminales que se lucran de esta actividad son el azote de los oleoductos y poliductos de donde extraen el crudo a través de válvulas ilegales. Solo entre el 2016 y lo que va de este año se han identificado 830 de estos conductos por los que se roban este recurso no renovable.

En el último año, las pérdidas por robo de crudo crecieron. Mientras entre enero y mayo del 2016 hurtaron en promedio diario 1.399 barriles, este año en el mismo periodo el promedio es de 2.928 barriles. Con las válvulas ilegales ya le han quitado a Ecopetrol en lo que va del 2017 más de 15.775 millones de pesos.

Entre las bandas que desangran a las petroleras se han detectado empresas falsas. José Julián Tadeo Jaramillo, conocido como el ‘capo de capos’ en el hurto de crudo, era uno de los hombres más buscados en Colombia por ese delito. Tenía bajo su mando a 25 personas que subcontrataban a otros delincuentes para que extrajeran a través ese mecanismo el petróleo que Ecopetrol transportaba por el Magdalena Medio.

Este delincuente era gerente de la empresa Seinpetrol, que usaba para legalizar el petróleo robado, y con documentación falsa lo hacía pasar como desecho, y lo transportaba a los puertos de Barranquilla y Cartagena.

Desde allí, el hidrocarburo era exportado a España y Estados Unidos, donde al recibirlo se pagaba por barril entre 46 y 48 dólares. Esa práctica fue puesta al descubierto por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, Dijín, luego de un largo trabajo encubierto que permitió la captura de Jaramillo en mayo del año pasado.

El ‘Capo’ del crudo fue condenado a 49 meses de prisión y al pago de 452 millones de pesos, y se inició en su contra un proceso de extinción de dominio de sus bienes.

Uno de los investigadores de la Dijín le dijo a EL TIEMPO que, con base en este operativo, se están buscando otras redes que roban el crudo y consiguen sacarlo a otros países. “Ya estamos haciéndoles seguimiento a otras empresas que delinquen en Colombia bajo esa práctica. Detectamos una muy importante en Cartagena y muy pronto habrá resultados muy positivos”, dijo el funcionario.

Pero los oleoductos no solo están siendo golpeados por las firmas de papel. También han sido tomados como fortín de guerra: este año han sido dinamitados en 31 ocasiones; 50, el año pasado, y 80, en el 2015, cifras que, en todo caso, han bajado tras el proceso de paz con las Farc.

Tan solo en el 2016, la estatal petrolera invirtió 40.000 millones de pesos reparando la infraestructura, y este año, por los ataques que se han dado, sobre todo al oleoducto Caño Limón- Coveñas por parte del Eln, se han dejado de producir 900.000 barriles.

Narcotráfico

El desangre de Ecopetrol también tiene como protagonistas a las redes del narcotráfico, por lo que la Policía, Fiscalía y Ecopetrol han priorizado dos zonas del país: Catatumbo, en Norte de Santander, y Tumaco, en Nariño.

No es casualidad que, durante el 2016, de las 167 refinerías ilegales desmanteladas en el país, 117 se encontraran en Nariño, el departamento con más cultivos de coca –29.755 hectáreas según Simci del 2015–. Un informe de inteligencia conocido por EL TIEMPO advierte que el Eln sería el responsable del 5 por ciento de la pérdida de petróleo en esta zona y que un 85 por ciento recaería en la delincuencia común organizada que estaría asociada al narcotráfico.

En Norte de Santander (que tiene 11.527 hectáreas de coca), este año se detectó que por el tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas que pasa por el Catatumbo se incrementó la instalación de válvulas, las cuales dejan una pérdida de petróleo estimada de 150.000 barriles.

En el informe se establece que entre 2008 y 2016, el Eln sería el responsable, aproximadamente, del 60 por ciento del petróleo que se perdió en esta zona del país, lo que equivale a unos 16 millones de dólares; seguido por ‘los Pelusos’, con un 30 por ciento, que corresponde a 8 millones de dólares, y un 10 por ciento de la delincuencia organizada, con una pérdida de casi tres millones de dólares.

En estas regiones, el crudo hurtado es utilizado para el procesamiento de cocaína, lo que ocasiona un grave daño al ecosistema.

“Tenemos 10 zonas en el país que desde el 2002 priorizamos. En un trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública, Fiscalía y Ecopetrol pudimos reducir el hurto de hidrocarburos. Hoy adelantamos 60 procesos investigativos contra estas organizaciones, en los que ya se tienen vinculadas a 250 personas como presuntas responsables de estos delitos”, afirmó a EL TIEMPO el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.

Este año, las autoridades han desarticulado tres de esas organizaciones dedicadas al hurto de hidrocarburos, logrando la captura de 49 personas. Se especializaban en refinar el crudo para el procesamiento de coca en Catatumbo y Nariño.

Otra forma de hurto está asociada a los hidrocarburos refinados (gasolina y ACPM), que son extraídos de los poliductos. Como el producto no logra llegar a Ecopetrol (que en medio del proceso le inyecta una tinta química para marcarlo como gasolina legal), cuando las autoridades lo encuentran sin la señal de la petrolera, lo consideran como gasolina hurtada.

Con infiltrados, Dijín busca desmantelar redes criminales

Agentes encubiertos, seguimientos, georreferenciación del delito y grupos especiales sobre terreno forman parte de la estrategia de las autoridades para neutralizar las redes que se nutren del hurto de hidrocarburos, le dijo en entrevista a EL TIEMPO el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín.

¿Cuál es el panorama del hurto de hidrocarburos en el país?

Tenemos un plan de acción que se basa en la puesta en marcha de 10 puntos priorizados en los que se trabaja de la mano con la Fiscalía para atacar el delito.

Tenemos una reducción notoria en el hurto de los refinados, –gasolina y ACPM– a tal punto que Ecuador y México han tomado como referencia nuestra estrategia. Otra situación es la que enfrentamos en el hurto de hidrocarburos –petróleo–, y ahí es donde estamos adelantando un arduo trabajo para identificar las redes que se lucran de esta actividad, que son más organizadas, utilizan empresas fachada y están vinculadas al narcotráfico.

¿Qué técnicas adelantan para enfrentar este delito?

Estamos partiendo del análisis criminal y de la correlación del delito para establecer el vínculo entre los indiciados, los elementos incautados, las transacciones financieras y los usos del hidrocarburo apoderado, entre otra información, y así generamos la estrategia de ataque.

Sobre el terreno, ¿cómo están actuando?

Se conformó un grupo especial en la Dijín para el hurto de hidrocarburos. Ellos se están infiltrando en las organizaciones, ganándose la confianza de los jefes y obteniendo información de primera mano que sirve para su judicialización. El seguimiento de los implicados y la vigilancia de determinados puntos, aunque una táctica vieja, es una herramienta fundamental en la investigación.

Mantenemos una conexidad procesal y con la Fiscalía se están abriendo las investigaciones focalizadas en la extinción del derecho de dominio sobre inmuebles comerciales, residencias o predios utilizados para la receptación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

¿En qué consiste el apoyo de fiscales destacados?

Con base en el 'modus operandi' se ubicaron las zonas de mayor afectación y allí fue necesario crear estructuras de apoyo con fiscales especializados de la Unidad de crimen organizado y con un grupo de policía judicial, para adelantar procesos investigativos que permitan la desarticulación de estructuras con un sólido acervo probatorio.

JUSTICIA

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