Las minas de ‘Macaco’ que no llegaron al Fondo de Reparación

Las minas de ‘Macaco’ que no llegaron al Fondo de Reparación

Tribunal Superior de Justicia y Paz ordenó imponer medidas cautelares a los predios.

Bloque Central Bolívar

Al Bloque Central Bolívar se le atribuyen reclutamiento forzado, masacres, desapariciones y desplazamiento.

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26 de septiembre 2017 , 09:05 a.m.

Más de 400.000 millones de pesos debieron haber producido en solo tres años –entre 2003 y 2006– las minas de oro que ‘Macaco’, uno de los principales jefes del Bloque Central Bolívar de las Auc, entregó para reparar a las víctimas de este grupo paramilitar. A pesar del hecho de que hayan sido productivas, el Estado nunca tomó posesión de estas.

Se trata de las minas La Gloria, en San Martín de Loba, sur de Bolívar, y tres minas en la hacienda Mandinga, en Cáceres (Antioquia). Al Bloque Central Bolívar se le atribuyen reclutamiento forzado, masacres, desapariciones y desplazamiento.

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, terminó expulsado de Justicia y Paz (hoy cumple condena en Estados Unidos), y las autoridades sospechan que algunas de sus fichas terminaron usufructuando el millonario negocio.

En una reciente sentencia contra el Bloque Central Bolívar, el Tribunal Superior de Justicia y Paz ordenó a la Fiscalía imponerles medidas cautelares a los predios y sus rendimientos, con el fin de “intentar saldar el déficit que se tiene en cuanto a la indemnización de las víctimas”.

Según el último informe del Fondo de Reparación de Víctimas, a septiembre del 2016, los paramilitares solo han entregado 303.003 millones de pesos en bienes para reparación.

El cálculo de la Fiscalía estima el producido diario de ambas minas en unos 20 kilos de oro. Entre el 2003 (cuando empezó el proceso con las Auc) y el 2006, esa producción habría dejado al menos 400.000 millones de pesos en manos de quienes han aprovechado las minas.

La explotación de La Gloria estaba en poder del Eln hasta que los paramilitares se adueñaron del negocio en el 2002, antes del desplazamiento de 200 familias.

En el 2004 se constituyó con recursos de la organización paramilitar la sociedad Grifos S. A., que comenzó a explotar la mina, cuyo mayor accionista era Rosa Edelmira Luna Cardona, entonces esposa de ‘Macaco’. Esta empresa tenía además otros dos títulos mineros en el Bajo Cauca antioqueño.


Aunque quedó plenamente demostrada la participación del grupo paramilitar en la explotación de La Gloria, para el Tribunal de Bogotá, “dichas minas no fueron presentadas al proceso especial de Justicia y Paz, y, en consecuencia, los rendimientos de estas no están siendo integrados en la reparación integral de las víctimas...”.

Además, dice: “Es inexplicable que la Fiscalía, teniendo conocimiento de la mina, con los dividendos que genera, no haya adelantado las gestiones para ponerla en manos del Estado". Apenas en el 2014, el fiscal del caso solicitó la imposición de medidas cautelares sobre los títulos mineros de La Gloria.

No obstante, la petición fue retirada debido la respuesta del Fondo de Reparación de Víctimas, según la cual necesitaba adelantar una serie de “estudios” y, a la fecha, los altos rendimientos “no están siendo destinados a la reparación”. Hoy, nadie en el Estado sabe quién está sacando el oro de La Gloria.

La historia se repitió en la hacienda Mandinga, de 1.012 hectáreas. ‘Macaco’ la compró en el 2005, pero la dejó a nombre de sus vendedores para burlar el seguimiento de las autoridades.El jefe paramilitar “la usaba como escondite de armas y vehículos”, según reconoció ante la justicia.

Aunque en este caso sí se realizó la extinción de dominio, la sentencia resalta que el Fondo para la Reparación no asumió la administración para la explotación de las minas de oro porque “no tenía la infraestructura suficiente”.

La Sala de Justicia y Paz comprobó que el fondo aceptó una suma de 16 millones de pesos anuales para que un particular arrendara 92 hectáreas de la hacienda y llevara a cabo la explotación. Además, hubo acuerdos que los magistrados consideran lesivos para los intereses de las víctimas.

JUSTICIA

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