Las razones por las que la Corte Suprema aumentó la pena de los Nule

Las razones por las que la Corte Suprema aumentó la pena de los Nule

Acusados de corrupción deben reintegrar el 50 % de dinero apropiado si aspiran a la rebaja de pena.

Los Nule

Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre.

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EL TIEMPO

13 de octubre 2017 , 09:17 p.m.

De ahora en adelante, los acusados en casos de corrupción que aspiren a una rebaja de la mitad de su pena no solo deberán aceptar cargos, sino que también tendrán que entregar previamente, y de su bolsillo, el 50 por ciento de los dineros de los que se apropiaron, si es que aspiran a ese beneficio o a un preacuerdo.

Además, el dinero que entreguen las aseguradoras para responder por las firmas que las contratan, en casos de incumplimientos, no puede ser entendido como una reparación de quien se apropió del erario.

Y si la Fiscalía tiene los elementos y pruebas suficientes para llevar a una persona a juicio y lograr su condena, no puede aceptar que sea beneficiaria de la rebaja del 50 por ciento de la pena.

Esas tres determinaciones –que son claves y que llegan en un momento en el que el país es sacudido por casos de corrupción en la justicia, en la esfera pública y privada–, fueron hechas el viernes por la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que decidió aumentar la pena de los polémicos empresarios Nule.

Las nuevas exigencias de la Corte endurecen nuevos preacuerdos que se están celebrado en investigaciones por corrupción, como los casos de Odebrecht o de Córdoba, por las irregularidades en contratación que implican al exgobernador Alejandro Lyons.

Con estas consideraciones, la Corte aumentó de 14 a 19 años y 5 meses la condena de Manuel, Miguel y Guido Nule, y la de Mauricio Galofre subió de 10 años a un poco más de 13. Mientras cada uno de los Nule tendrá que reintegrar 13.055 millones de pesos, Galofre debe devolver 6.000.

La Corte Suprema aceptó una demanda de casación que presentó la Contraloría, que se constituyó como víctima en el caso del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, proceso en el que el ente de control argumentó que los empresarios no devolvieron el dinero del que se apropiaron.

La Corte le da la razón y asegura que en la condena que el Tribunal Superior de Bogotá les puso, en el 2012, omitió “tener en cuenta los derechos a la justicia y a la reparación de las víctimas de la ilicitud, que no estaban cubiertos con la mera admisión de responsabilidad penal”. Por eso, dice la corporación, la rebaja no podía ser mayor del 35 por ciento.

La Corte también aseguró que aunque en el proceso sí se reintegró parte del dinero, esa devolución la hizo la aseguradora que habían contratado los Nule en caso de tener que responder por un incumplimiento en el contrato de la malla vial de la calle 26, pero no por su buena voluntad.

Si la Fiscalía tiene los elementos y pruebas suficientes para llevar a una persona a juicio y lograr su condena, no puede aceptar que sea beneficiaria de la rebaja del 50 por ciento de la pena

“La aplicación de atenuación de la pena es improcedente porque el pago que hizo Segurexpo al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) no fue un acto voluntario de reintegro de lo apropiado con su valor actualizado con intereses, sino simplemente el compromiso adquirido por la aseguradora”, afirmó el magistrado Francisco Acuña, quien leyó el fallo.

Precisó que los Nule, lejos de querer reparar, “pretendieron pagar con una aseguradora que administra recursos públicos, lo que a todas luces es reprochable”, dijo.

En el fallo, la Corte también hace otro cambio de jurisprudencia que es clave: si los fiscales de los casos encuentran que en las investigaciones penales hay evidencias y pruebas suficientes para llevar a juicio a los acusados, “pueden oponerse a que el allanamiento (aceptación de cargos) lleve a que se le dé el máximo de rebaja”.

El abogado de los Nule, Hernán Jiménez, afirmó que la decisión de la Corte no corresponde a una realidad jurídica, sino “a otro tipo de intereses”. Dijo que “estos cambios jurisprudenciales son bien delicados para el proceso penal. Ya no hay posibilidad de que la gente se allane si no tiene en el bolsillo la mitad de la plata para pagar. Es otro palo para el sistema penal acusatorio”, dijo.

MILENA SARRALDE DUQUE
milsar@eltiempo.com

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