‘Nada me ha marcado más como policía que la violencia sexual’
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‘Nada me ha marcado más como policía que la violencia sexual’

El director de la Dijín, relata la barbarie que afrontaron niñas explotadas por el ‘clan del Golfo’.

General Vargas

El general Vargas ha liderado la lucha contra los explotadores sexuales.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

22 de mayo 2018 , 07:51 p.m.

Las experiencias más profundas en el ejercicio de la profesión policial son aquellas en las que sobresale la condición humana por la fuerza de eventos críticos, como la muerte de un policía en cumplimiento de su deber o la atención de una víctima de cualquier abuso, confirmando la necesidad de que en toda sociedad exista siempre una Policía presta a proteger, ayudar y servir al más débil y necesitado.

Sin embargo, pocos hechos me han generado un profundo impacto profesional y personal, durante más de 30 años de carrera policial, como el fenómeno de la violencia sexual e instrumentalización de niñas por parte de la organización criminal del ‘clan del Golfo’, como práctica sistemática y delincuencial en la región de Urabá.

Esta modalidad nos llevó a complementar nuestra estrategia contra la principal organización del crimen en Colombia, elaborando el concepto operacional definido como la Campaña Militar Policial Agamenón II, considerada una de las operaciones más grandes desarrolladas por la Fuerza Pública, en términos de sostenibilidad territorial y acción focalizada.

Luego de tres años hemos logrado llevar al ‘clan del Golfo’ a un debilitamiento crónico y progresivo, así como a la pérdida de prácticamente toda su línea de mando en solo un año, y también a conocer mayores detalles sobre las repudiables prácticas que han incorporado.

En el caso particular, como coordinador de esta operación, asignado por parte de mi general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía, he conocido de primera mano, con los testimonios vivos de las víctimas, cómo el abuso sexual se convirtió en una de las principales prácticas del clan y su transformación en una verdadera red de trata, proxenetismo e inducción a la prostitución.

Comenzamos a conocer esta modalidad de violencia con los primeros asaltos a los campamentos del entonces principal cabecilla Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni. Una niña de 12 años, natural de Turbo, que fue sometida durante años a los vejámenes de este cabecilla, cansada del maltrato y el abuso, buscó a la Policía para denunciarlo y dar con su ubicación.

Durante las conversaciones con la menor, ella señalaba con dolor que no quería ver otras jóvenes corriendo la misma suerte que ella, por obligación, tuvo que sufrir.

En el Urabá chocoano, nos decía, existen matronas, señoras mayores que conocen muy bien la región y que se convierten en proxenetas al servicio del clan. Cuenta la menor que fue precisamente su matrona, una señora robusta de 40 años, con varias cirugías estéticas, la que la había “ofrecido” a los cabecillas por dinero. Ella era una de las ‘preferidas’ por alias Giovanni.

Estos indicios nos llevaron a abrir una línea investigativa en materia de delitos sexuales, para identificar las redes de proxenetismo al servicio del clan. En los lugares allanados se encontraban hojas de contabilidad donde se relacionaban cuentas para el pago de favores sexuales, relacionando desembolsos no directos, sino a través de intermediarios, para evitar la trazabilidad del dinero y los contactos.

Allí se relacionaban regalos, como ropa de marca y hasta motocicletas biwis, y se evidenciaba cómo además del sometimiento de las niñas, se les explotaba chantajeándolas con dinero.

En las comunicaciones del ‘clan del Golfo’, los analistas identificaban que ya existía una red de proxenetismo, en la que las víctimas esperaban la llamada de la jefe de la red para ser enviadas a los cabecillas a cambio de dinero. Algunos familiares incluso llegaban a inducir la elaboración de cartas en las que, por necesidad, pedían ‘ayudas’, dinero para tratamientos médicos o comprar útiles escolares.

En otros casos, las aberraciones sexuales llegaban a tal punto que primero eran obligadas a tener relaciones sexuales con los responsables del ‘enganche’ en las redes, antes de ser enviadas a los cabecillas.

Avanzadas las investigaciones, se logró identificar a las principales coordinadoras de esa red, mujeres que se acercaban a las escuelas, veredas y caseríos en zona rural para identificar comunidades vulnerables y familias con niñas menores de 14 años, que cumplían el perfil que solicitaban estos delincuentes.

Una de ellas, y quien se caracterizaba por elegir a las niñas, las obligaba a que se tomaran fotos para elaborar un catálogo, que luego era enviado a los cabecillas para que las seleccionaran. Esta mujer era Briceida Machado Galindo, conocida con el alias de Paola.

Con las evidencias y el testimonio de varias menores y familias, que señalaban a esta persona como el principal contacto con los cabecillas, se logró que fuera capturada y condenada a 11 años de prisión por concierto para delinquir e inducción a la prostitución.

‘Paola’ era responsable de definir los encuentros y movilizar las menores a caballo o en mula durante más de dos horas, siendo enviadas en grupos, como si se tratara de mercancía.

Existen evidencias de fotografías de los cabecillas con estas menores, que luego enviaban a otros delincuentes para que fueran abusadas y violentadas nuevamente. La investigación permitió corroborar cómo incluso llegó a ofrecer su hermana menor de edad al servicio de la organización. Este, sin duda, fue uno de los hechos que más me ha impactado durante el desarrollo de la operación Agamenón.

Debo señalar que me generó profunda tristeza cómo la inversión de los valores llegó a un punto donde en algunos hechos los mismos parientes presionaban a las niñas para que continuaran en esta actividad a cambio de dinero, situación que además de haberlas inducido en la prostitución, las revictimiza y explota la condición de vulnerabilidad emocional y física en la que ya se encontraban.

Uno de los principales propiciadores de estas conductas era Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo cabecilla del clan, quien fue neutralizado el año pasado. El abuso de niñas de entre 8 y 14 años se convirtió en un hábito por parte de este delincuente.

Con el análisis criminal y de inteligencia en terreno, se logró configurar un asalto aéreo con comandos Jungla, que permitió neutralizar a este cabecilla y corroborar lo que por diferentes fuentes y testimonios calificaban a ‘Gavilán’ con el apelativo del “depredador sexual de Urabá”.

Lo primero eran documentos con nóminas y pagos a proxenetas integrantes del clan por el envío de niñas. También nos llamó la atención las cartas dirigidas por ellas –ya explotadas sexualmente– en las que señalaban que “estarían agradecidas con cualquier ayuda”, refiriéndose a dinero que les pudieran enviar o su consentimiento para cuando el cabecilla las llamara de nuevo.

En varios casos, en estos abusos repetitivos eran sometidas a peores aberraciones, que incluso terminaban en abortos forzados. Testimonios de las menores evidenciaban cómo eran obligadas a tener relaciones sin ningún tipo de protección y a buscar otras niñas, que debían ser vírgenes.

Además de estos vejámenes, ‘Gavilán’ era un objetivo de altísimo valor estratégico para la Policía. En su carrera criminal se le logró incautar más de 230 toneladas de cocaína. Fue el responsable del denominado ‘plan pistola’ contra policías de la región y de diferentes formas de violencia contra pobladores de Urabá. Su neutralización era un imperativo para el Estado.

Otro de los cabecillas neutralizado meses antes, Úldar Cardona, ‘Pablito’, también lideraba esas redes de violencia sexual. Era cuidadoso con su componente de seguridad, incluso los amenazaba a ellos y a sus familias frente a cualquier situación u operación cerca de su área de influencia criminal que lo pusiera en riesgo.

Fue precisamente uno de sus hombres de seguridad el que junto con una de estas mujeres, cansada e indignada de sus abusos, suministraron valiosa información a agentes encubiertos de la Policía para ubicar a este delincuente. Le seguíamos los pasos desde hace más de 18 meses.

La mujer nos relató cómo a partir de la red de sicarios y ‘puntos’ que manejaba, Pablito amenazaba a las familias de la región, obligando a que llevaran a su escondite a sus hijas de entre 10 y 13 años. Allí eran secuestradas y abusadas por días. Esta informante nos narró cómo durante dos años de abuso obligó a que le llevaran más de 50 menores.

Me sorprendió ver cómo se encontraba ropa de niñas de 8 o 10 años colgada en ventanas en los resguardos de estos delincuentes. Las menores eran obligadas a cambiarse para evitar que fueran detectadas con el mismo vestuario, entrando o saliendo de sus zonas de seguridad.

Precisamente fue el estudio de los patrones empleados de violencia sexual por parte del clan el que nos permitió encontrar aspectos como la búsqueda de niñas en los entornos escolares y en comunidades vulnerables, el perfil de las menores y el empleo las rutas de migración ilegal para su trata.

Luego, las investigaciones se concentraron contra Arístides Meza, alias el Indio, tercero del clan, neutralizado en marzo y quien también participaba en estas actividades, fijando las cuantías por pagar, entre 10 y 15 millones de pesos, por abusar de niñas y adolescentes vírgenes.

Hoy, esas niñas que testifican contra estos delincuentes con el fin de imputar un mayor número de delitos agradecen haberlas rescatado de ese calvario, esperando que nunca más otras jóvenes y familias se vean sometidas a este tipo de violencia.

La historia de muchas mujeres de la región que contactaban a la Policía y a los investigadores, cansadas de ser abusadas por años, desde muy niñas, pero también estimuladas en evitar que sus amigas de infancia, del colegio, del barrio y sus familiares fueran sometidas a esas aberrantes condiciones, motivan a los policías de Colombia para continuar trabajando, todos los días y decididamente, por evitar que la violencia sexual vuelva a tocar las fibras de la familia y la sociedad, contribuyendo así a la construcción de la paz.

BRIGADIER GENERAL JORGE LUIS VARGAS VALENCIA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL

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