Delitos menores como el hurto serán juzgados en un tiempo récord

Delitos menores como el hurto serán juzgados en un tiempo récord

Así lo busca el nuevo procedimiento penal abreviado. De siete audiencias se pasará a dos.

Paro de la Rama Judicial

Al acortarse el número de audiencias, los fallos deberán llegar más pronto.

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Camila Garzón

12 de julio 2017 , 11:15 a.m.

A partir del próximo miércoles, con la entrada en vigencia de la ley de procedimiento abreviado, la justicia será, por fin, más rápida en las investigaciones de los llamados delitos menores, que son los que más afectan a los colombianos.

Así, la investigación y juzgamiento de delitos como estafa, inasistencia alimentaria, lesiones personales o los hurtos de todo tipo requerirán después de la realización de solo dos audiencias y no de siete, como se venía haciendo.

Ese ahorro significa que los procesos más simples pasarán de durar más de dos años a seis meses aproximadamente. Bajo este sistema podrán tramitarse no solo los delitos que se cometan después del 13 de julio, sino también los que estén engavetados desde enero del 2005 y en los que no se ha hecho todavía la audiencia de imputación de cargos.

El impacto será directo sobre unos 275.000 procesos que entran cada año al sistema penal por 63 tipos de delitos, entre querellables (que no tienen cárcel) y los que por su naturaleza son más sencillos de investigar como los robos. En teoría, el impacto será grande porque por primera vez habrá un chance de que se haga justicia rápida.

Además, otra de las disposiciones es que si una persona es capturada y tiene otro proceso pendiente, no podrá eludir la cárcel. Esta semana en un operativo contra las bandas dedicadas al hurto, la Fiscalía capturó a dos personas que ya habían sido detenidas en 22 ocasiones, tan solo en este año.

Esa norma, que está demandada ante la Corte Constitucional, debe ponerles freno a los casos de atracadores y otro tipo de delincuentes que no temen la acción de la Policía, pues saben que si son detenidos solo bastará con unas horas para regresar de nuevo a las calles.

Hasta hoy los delitos sencillos se investigan con los mismos tiempos y procedimientos de los casos más complejos. Al acortarse el número de audiencias, los fallos deberán llegar más pronto.

“Si la nueva ley se implementa bien, el impacto sobre la justicia y la eficacia del Sistema Penal Acusatorio será grande”, dice Ana María Ramos, de la Corporación Excelencia en la Justicia.

El abogado Jaime Granados, que fue uno de los cerebros del Sistema Penal Acusatorio del 2005, señala que se trata de “una reforma necesaria”, pero que espera que no se convierta en un nuevo “cuello de botella” para los jueces.

Excelencia en la Justicia advierte que mientras la Fiscalía realizó decenas de jornadas de capacitación para sus funcionarios, la Rama Judicial no ha hecho la tarea. EL TIEMPO consultó a la Sala Administrativa de la Judicatura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Acusador privado

Otra de las figuras innovadoras que trae la ley es la posibilidad de que la víctima pueda ser también parte investigadora a través de su abogado, con la posibilidad de que incluso se llegue a una acusación ante un juez.

Así mismo, la norma estableció también que los estudiantes de derecho que trabajen en consultorios jurídicos de universidades acreditadas se desempeñen como acusadores privados.

El director del consultorio de la Universidad Central, Gilberto Betancur, dijo que en esa institución ya están alistando un plan de capacitación sobre la ley para que sus estudiantes adelanten los procesos que les lleguen. Advirtió que en la aplicación de esta ley el mayor desafío será evitar que se den casos de falsas imputaciones. “Las pruebas deben tener una cadena de custodia, pero aquí no habría eso”, dice Correa.

Granados, sin embargo, dice que el acusador privado ha funcionado bien en España y Chile y que lo propio debe ocurrir en el país: “Para el sector del comercio que es motor de la economía y el mayor generador de empleo formal, es muy costoso y difícil seguir las acciones penales por hurto ante la justicia, que está colapsada. (...) Por eso cambiar el monopolio de la Fiscalía puede ayudar a dar solución con esa congestión”, manifestó.

Dentro de los cambios que trae la ley, cuando el delito de hurto no sea denunciado por la víctima por encontrarse imposibilitada para hacerlo, el policía que haya atendido la situación podrá interponer la querella. No obstante, la víctima seguirá siendo la única facultada para ejercer la acusación privada si así lo desea.

Además, no será necesario presentar una demanda ante las autoridades para iniciar la acción penal cuando la persona haya sido capturada en flagrancia; cuando la víctima sea menor de edad o cuando se trate de casos de violencia contra la mujer.

El abecé de la norma

¿En qué se diferencian el proceso ordinario del abreviado?

El abreviado elimina la audiencia de imputación de cargos, que se reemplaza por la entrega del escrito al sindicado. El proceso, que realiza el fiscal, se llama traslado de acusación.

Luego, en audiencia concentrada, se lleva a cabo la acusación y la audiencia preparatoria, para posteriormente realizar el juicio. Finalmente, también por escrito, se notifica la decisión del juez, condenando o absolviendo al sindicado.

¿Cuáles son los delitos que pueden tramitarse con procedimiento abreviado?

Son alrededor de 63 conductas, las querellables, aquellas que no tengan pena de prisión y otras, como: hurto calificado, lesiones personales transitorias sin secuelas o culposas, estafa, abuso de confianza, protección de datos, protección a los derechos de autor, inasistencia alimentaria y uso ilegítimo de patentes.

¿Aplica cuando hay personas detenidas?

Sí, aplica tanto para casos en los que el procesado está en la cárcel o para aquellos donde la investigación se lleva con el indiciado en libertad.

En los casos en los que haya personas capturadas, el traslado de acusación será durante la audiencia de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento.

¿Se mantiene la conciliación previa para los delitos querellables?

Sí, es un requisito. Cuando no se logra el acuerdo entre las partes, se adelanta el proceso abreviado.

¿Cómo se lleva el proceso si hay un acusador privado?

Después de que se entrega el escrito que corresponde a la imputación, quien adelante la acción penal (fiscal o abogado de la víctima) realizará la investigación y cuando decida acusar, deberá llamar al procesado y a su abogado para entregarles el documento de acusación y las pruebas.

¿Cambian en algo las sanciones que se imponen por estos delitos?

No, las sanciones se mantienen. Sin embargo, si el presunto delincuente está detenido, no podrá pasar más de 180 días en la cárcel sin ser condenado o absuelto.

También quedarán libres los investigados cuando, pasados 70 días desde el traslado de la acusación, no se haya iniciado la audiencia concentrada o cuando, después de 30 días de la terminación de la audiencia concentrada, no se haya iniciado la audiencia de juicio oral, que es en la cual se dicta la sentencia.

Pero ¿qué pasa cuando los procesados dilatan las diligencias?

Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, los días de retrasos no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en la ley para terminar la detención preventiva. Tampoco se podrá considerar que se ha excedido esta cuando la audiencia “no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos”, dice la ley.

Personas con menos recursos también podrán tener acusador privado

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, destacó que la Ley 1826 trae dos ventajas importantes que se van a reflejar en términos de eficacia y celeridad en los procesos judiciales.

“La primera es la implementación de un procedimiento más rápido y expedito que el procedimiento penal ordinario. La segunda ventaja es que les permitirá a las víctimas ejercer la acción penal, sin tener que esperar a que la Fiscalía lo haga”.

El ministro destacó que para las personas con menos recursos también será posible participar en la investigación y juzgamiento de sus victimarios con la ayuda de las universidades que tienen facultades de Derecho.

“Tanto la figura del acusador privado como el procedimiento penal abreviado son figuras que se implementaron en aras de recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia penal, la cual tradicionalmente ha sido criticada por su lentitud”, aseguró Gil.

Y afirmó que el cúmulo de procesos en la Fiscalía hace que ellos no tengan mucho tiempo para dedicarse a las investigaciones por los delitos más simples, que son los que finalmente más afectan a la ciudadanía.

En términos de procedimiento –según Gil Botero–, la reducción se da con la eliminación de la audiencia preliminar de formulación de imputación, la de lectura de fallo y agrupando la audiencia preparatoria y la audiencia de acusación.

Y aunque en esta ley –que fue depurada en varias oportunidades cuando apenas era un proyecto y se llamaba ‘Pequeñas Causas’– no quedó nada sobre reducciones de pena o sanciones más flexibles para los responsables de los delitos, sí estimó una limitación al tiempo máximo de privación preventiva de la libertad. Gil destaca este asunto al señalar que lo máximo que puede estar detenida una persona de forma preventiva y sin condena es 180 días, lo que incide directamente en el hacinamiento carcelario.

JUSTICIA

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