Delincuentes pagaban entre 60 y 80 millones por beneficios penales

Delincuentes pagaban entre 60 y 80 millones por beneficios penales

Funcionarios pedían las millonarias sumas por beneficios como casa por cárcel. Hay 21 capturados.

Detenidos por corrupción

Algunos de los detenidos, en la audiencia de imputación de cargos del sábado 1.° de julio.

Foto:

Mauricio Moreno / EL TIEMPO

03 de julio 2017 , 12:17 a.m.

Tres meses después de haber sido detenido en Puerto Concordia, Meta, el 3 de junio del 2013, Édison Guillermo Velázquez Álvarez, alias Farid, segundo al mando de la banda criminal ‘Libertadores de Vichada’, obtuvo el beneficio de detención domiciliaria y días después consiguió también, del juez penal segundo de control de garantías de Villavicencio, Raúl Hernán Ardila, un permiso para trabajar.

La decisión fue sustentada bajo la supuesta condición de que Velásquez es padre cabeza de familia de un niño de 5 años.

En diciembre del 2013 fue condenado a seis años y cinco meses de cárcel, pero el juez segundo de ejecución de penas de Guaduas, Cundinamarca, Eduardo de Jesús Renzo Ovalle Baquero, conocido como Yepeto, le concedió la libertad condicional con solo tres años de la pena cumplida y luego de reconocerle un tiempo de redención por supuestamente haber trabajado y estudiado en prisión.

Esas polémicas decisiones forman parte del expediente de la Fiscalía contra Ardila, Ovalle y otros 19 funcionarios de la justicia detenidos el jueves pasado en Meta y Cundinamarca, acusados de venderles beneficios a decenas de peligrosos delincuentes y a personas procesadas por delitos graves.

Por las gabelas, ‘Farid’, que era el hombre más cercano al extinto Martín Farfán, ‘Pijarvey’, habría pagado, según el ente investigador, la suma de 60 millones de pesos.
Este fin de semana, durante las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos contra 10 de los detenidos, la representante de la Fiscalía señaló que esas personas, que se desempeñan como jueces, abogados y funcionarios del Inpec, contribuyeron para teñir de legalidad un sinnúmero de procedimientos y favorecer a delincuentes a cambio de pagos de entre 60 y 80 millones de pesos.

“A él –Édison Veláquez– le otorgaron detención domiciliaria “sin cumplirse las exigencias de ley y buscando dar apariencia de legalidad”. Además, agregó la fiscal, el menor no se encontraba en estado de abandono “y el juez, asumiendo una posición sesgada y arbitraria de la ley, concedió el beneficio. En el momento de su captura no ejercía como padre del niño”.

Sobre la libertad condicional, advirtió que ese beneficio le permitió a ‘Farid’ seguir con sus actividades criminales.

Según la investigación del ente acusador, el entramado de corrupción comenzó en Meta, pero siguió en Guaduas, Cundinamarca, y buscaba llegar a otras zonas del país como Santander y Chocó.

Los investigados

En la diligencia de imputación contra 10 personas (la imputación de los otros 11 quedó programada para el próximo miércoles), la fiscal del caso calificó de “un desafuero y despropósito que atentó contra la institucionalidad” el comportamiento de ellos.

Se trata de Raúl Hernán Ardila, juez; Fabián Ríos Cortés, director de la cárcel La Esperanza, en Guaduas; José Luis Rangel Núñez, asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio; Arismendy Barela Moreno, asesor jurídico del Inpec; Jefry Torres Torres, dragoneante de la cárcel de Guaduas; Alison Fabián Nandez, estudiante de derecho; Viviana Vega, abogada; Julio Alberto Preciado, comerciante; Blanca Ruth Salazar, asistente judicial, y Eduardo de Jesús Renzo Ovalle, juez, a quienes este sábado les imputó los cargos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato, falsedad en documento público y fraude procesal.

En la audiencia se mencionaron los nombres de Margarita Díaz y William Alejandro Carmona, contra quienes también hay órdenes de captura. Díaz, quien ha tenido diferentes puestos en encargo en la Rama Judicial, es, según la Fiscalía, el nexo entre detenidos y la red que otorga los beneficios.

La investigación por estos hechos, por los que también se imputarán cargos contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, comenzó el 5 de septiembre del 2013. La Fiscalía fue advertida de “una dinámica delincuencial caracterizada por su vocación de permanencia y por una peligrosa expansión temporal y espacial (...), dedicada al otorgamiento de beneficios como sustitución de detenciones preventivas, detenciones domiciliarias, permisos de trabajo, libertades condicionales a cambio de gruesas sumas de dinero”, dijo la fiscal.

Otro de los delincuentes que recibieron beneficios fue Ángel Humberto Espitia, condenado por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir y a quien también le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria, sin cumplir con los requisitos. Espitia apareció en junio del 2014 en una lista de hombres detenidos por ser presuntamente líderes de una red de lavado de activos y narcotráfico que tenía operaciones ilegales en once departamentos del país.

“Los capturados formaron parte de un entramado de corrupción que permeó la institución y llegó a otras entidades y personas”, señaló la fiscal al presentar ese caso.

Un tercer beneficiado por estos hechos fue Julio Preciado Uñate, condenado a siete años de prisión por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El 24 de noviembre del 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, Meta, le concedió detención domiciliaria. Luego pidió permiso para trabajar cumpliendo funciones en mercadeo y publicidad por todo el país, pero le negaron el permiso.

Posteriormente solicitó cambio de residencia, y su proceso terminó en el despacho del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Guaduas, a cargo de Eduardo de Jesús Renzo Ovalle Baquero, aunque inicialmente, por reparto, correspondió al juez primero de ejecución de penas.

En una de las más de 600 llamadas interceptadas a los presuntos líderes de la red delincuencial, Margarita Díaz dice, sobre el caso de Preciado, que el reparto cuesta 5 millones y el permiso de trabajo, 15 millones de pesos. En otra comunicación, Viviana Vega le dice a Preciado que se incrementó el gasto porque deben tocar al encargado del área.

Y este accede a pagar 30 millones de pesos para que le otorguen permiso de trabajo a nivel nacional.

En la diligencia, la representante del ente acusador concluyó que “todos los caminos conducen a Guaduas”, porque se encontró que Viviana y Margarita presumían que allá “a todo se le podía dar manejo”.

Este domingo, ante la juez 77 de control de garantías, se legalizó la captura de los otros once detenidos.

JUSTICIA

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