Los fallos de la Corte que cambiaron la dosis mínima

Los fallos de la Corte que cambiaron la dosis mínima

Al menos cinco decisiones del alto tribunal han permitido llevar más de lo que dice la ley.

Consumo de marihuana

La Corte estableció que aunque una persona sea señalada por la comunidad como expendedora de drogas, esa prueba no sirve si se trata de testigos anónimos.

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Andrés Cristaldo / EFE

09 de septiembre 2017 , 08:02 p.m.

El 30 de mayo del 2013, la Policía recibió información de que en el barrio Santa Ana, de Bello, Antioquia, dos hombres se dedicaban a vender drogas. Cuando llegó al punto señalado por los vecinos, encontró que uno de ellos llevaba una bolsa con 8,8 gramos de marihuana y tenía en su chaqueta una hoja de papel con una lista de nombres, y 53.000 pesos.

Su acompañante llevaba un cigarrillo de 1,3 gramos de marihuana, y escondía seis bolsas plásticas con cocaína que pesaban en total 5,5 gramos, acompañadas de 83.000 pesos.

Aunque los dos hombres fueron condenados en primera instancia a más de 5 años de cárcel por portar drogas, en un reciente fallo la Corte Suprema de Justicia los absolvió con un argumento que ha venido aplicando desde marzo del año pasado. Esta decisión es la última de una serie de fallos con los que la Corte ha venido eliminando –no en las normas pero sí en la práctica– el concepto de dosis mínima permitida, al establecer que el porte mínimo de drogas es el que la persona necesite para su consumo personal.

Con esa determinación es posible llevar más droga de la que dice la ley, siempre y cuando se demuestre que la intención no es distribuirla ni venderla, sino consumirla.

Expertos aseguran que esa posición podría cambiar en el corto plazo las cifras de presos y detenidos por porte de drogas, el tercer delito que hoy lleva a más gente a prisión. En los últimos 6 años han sido capturadas más de 368.000 personas bajo esos cargos, pero hoy solo están condenadas 16.922 y 7.428 tienen medida de aseguramiento.

La última decisión sobre los jóvenes de Bello trajo una novedad: la Corte afirma que para la judicialización las autoridades deben tener en cuenta otros elementos más allá de la droga en sí, como el empaque del estupefaciente, testigos y elementos que prueben la vinculación a una red etc.

El fallo establece que si bien ser adicto, como los dos jóvenes de Bello “no es prueba concluyente” de que no se tiene la intención de traficar, las pruebas de que la intención es venderla deben ser inequívocas.

En otro fallo de abril pasado, la Corte absolvió a un hombre detenido en Medellín en el 2014 con 19 gramos de bazuco, bajo el presupuesto de que está permitida la “autopuesta en peligro bajo responsabilidad propia”. En ese caso la Corte afirmó que se trataba de un habitante de calle cuya droga “no estaba embalada en sobres o papeletas como para concluir que se pretendía vender por dosis”.

Lo mismo ocurrió con un joven de 18 años que fue encontrado en el 2012, en San Roque, Antioquia, con 5,7 gramos de cocaína. En ese caso la Fiscalía insistió en su condena afirmando que tener cuatro veces más de lo permitido no admite suponer que era para su consumo personal. Sin embargo, la Corte consideró que el consumidor es un enfermo y no un delincuente, y que “la protección de los consumidores implica la carga procesal por parte de la Fiscalía de demostrar un contexto de actividad orientada al tráfico de estupefacientes”. Esto significa que la carga de la prueba queda en manos de las autoridades y no del portador.

El mismo análisis se hizo en una decisión que tumbó una condena de 9 años y 10 meses de prisión contra un soldado por portar 50,2 gramos de marihuana. Ese fue el primer fallo en el que la Corte permitió llevar más droga de la que indican las leyes. En esa decisión el alto tribunal absolvió al soldado del batallón José Antonio Galán, de Socorro, Santander, porque se trataba de un adicto y la droga era para su aprovisionamiento en la selva.

Un caso distinto ocurrió en abril de este año, en el que la Corte mantuvo la condena de casi seis años contra un hombre que escondía en su pantalón una cajetilla con 43 cápsulas de cocaína, que sumaban 7,2 gramos.

En este caso, la Corte aseguró que las acciones deben ser compatibles con “el consumo de la sustancia”. Esto significa que la judicialización procede cuando la cantidad supera exageradamente la requerida por el consumidor o enfermo, o cuando se establece que su intención es “sacarla o introducirla al país, transportarla, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla, financiarla o suministrarla”.

Pruebas que no sirven

En la última decisión sobre la dosis mínima, la Corte estableció que aunque una persona sea señalada por la comunidad como expendedora de drogas, esa prueba no sirve si se trata de testigos anónimos.

La Corte también dijo que el hecho de que las personas a las que se les incautó la droga estén en la calle tampoco es un indicador de que sean traficantes. El alto tribunal asegura que no es verificable que un consumidor siempre abandone el lugar donde compra el estupefaciente. Tampoco es una prueba que en poder de los detenidos se encuentre dinero. Según la Corte es “una odiosa postura discriminatoria” deducir que hay algo irregular en que una persona lleve determinada cantidad de dinero.

‘Cambio es positivo pero tiene vacíos’

Marco Forero, experto en seguridad ciudadana, afirmó que los fallos de la Corte han condicionado la dosis mínima, pero no la han eliminado. Si bien considera que la posición de la Corte es acertada para proteger a los consumidores, asegura que podrían existir dificultades de orden policivo a la hora de establecer si la droga es para la venta o tiene fines personales.

Jorge Restrepo, director del Cerac, asegura que los fallos del alto tribunal permiten concentrar la persecución en organizaciones criminales y no en los consumidores. Asegura, sin embargo, que la Corte debería “dar unos criterios para que la Policía y Fiscalía puedan determinar cuando el fin es el autoconsumo o cuándo es el microtráfico”.

Dijo que una manera fácil de establecerlo es determinando si la persona tiene fuentes de ingreso o rentas suficientes para vivir de una actividad legal, y no del microtráfico, como sucede en países como Inglaterra.

César Rodríguez, director de Dejusticia, dice que la Corte es acertada porque trata al consumo como un problema de salud pública. Afirma que en estos casos cambia la valoración que hacen los jueces, pero no la competencia de la Policía para judicializar a portadores que superen lo permitido.

En todo caso, Rodríguez dice que “hay un gran margen de maniobra que permite la arbitrariedad”, por lo que la falta de reglas claras podría generar injusticias.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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