Capturas de delincuentes reincidentes se duplicaron desde el 2010

Capturas de delincuentes reincidentes se duplicaron desde el 2010

Cerca de 22.000 personas que hay hoy ante la justicia ya habían cometido delitos.

Capturas de reincidentes

La FIP dice que con un promedio de 200.000 capturados cada año, los que repiten en el crimen representan un 14,3 por ciento del total de detenidos.

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John Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

01 de abril 2018 , 11:11 p.m.

Mientras en el 2010 había 10.956 delincuentes detenidos que ya habían cometido varios delitos, el año pasado esa cifra –entre los que están en la cárcel, tienen brazaletes y están en prisión domiciliaria– fue de 21.990, por lo que en los últimos siete años el número de reincidentes creció 100 por ciento.

Las estadísticas hacen parte de un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que muestra el panorama de esta problemática que afecta la seguridad ciudadana y desfigura la confianza en la justicia. Esa investigación plantea alternativas para combatir la reincidencia diferentes a las que han sido puestas en el debate por la Fiscalía o la Policía, priorizando la prevención y la resocialización.

La FIP dice que con un promedio de 200.000 capturados cada año, los que repiten en el crimen representan un 14,3 por ciento del total de detenidos (no todos terminan en prisión), principalmente por hurto (28 %), porte de armas de fuego (16 %), porte y tráfico de drogas (13,5 %), violencia intrafamiliar (7 %), lesiones personales (7 %) y homicidios (6 %).

De las 179.024 personas que hacían parte de la población reclusa (efectivamente privados de la libertad) a enero de este año, el 8,6 por ciento era reincidente (unas 15.401 personas). De los que tienen una condena, es decir, de 112.196 personas, los reincidentes equivalen al 19,6 por ciento.


Parte del análisis de la FIP se concentra en el elevado costo que representa la reincidencia para el país, teniendo en cuenta los procesos judiciales, las reclusiones y las afectaciones sociales. El número de reincidentes presos que han tenido condenas, según el Departamento Nacional de Planeación, le cuestan al Estado más de 292.409 millones de pesos al año.

Por eso la FIP invita a que, más allá de las medidas carcelarias, el país busque mejorar las condiciones de prevención de la reincidencia, con programas de educación, inclusión laboral y medidas sociales en las zonas de mayor riesgo, y con mejores formas de resocialización en las cárceles.

Por cada peso que se invierte en resocialización, el país se ahorra un promedio de cinco pesos. “Como señala Naciones Unidas, la reducción de la cantidad de delincuentes que vuelven a delinquir significa menos víctimas, mayor seguridad comunitaria y menor presión para los organismos policiales”, dice la investigación.

A esto se suma que sin los reincidentes el hacinamiento en las cárceles sería del 26,2 por ciento, casi 20 puntos menos de lo que está hoy.

Pero no todos los reincidentes están en cárceles. De las 58.365 personas que registra el informe para el mes de enero en detención domiciliaria, unas 4.314 son reincidentes, es decir, el 7,3 por ciento de personas ya condenadas por haber delinquido han logrado el beneficio de casa por cárcel. Y entre quienes tienen brazaletes electrónicos, que son 5.255 custodiados con este sistema, 498 han repetido en el delito; es decir, el 9,4 por ciento.

En Bogotá, el porcentaje de reincidentes sobre el total de capturas se ha mantenido desde el 2013. La cifra, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es del 15 por ciento.

La estadística es mayor en el caso de los menores; según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero del 2012 y agosto del 2017, de los 152.048 menores que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 31.460 fueron reincidentes (el 20,6 por ciento).

Aunque la cifra de reincidentes condenados en las cárceles (19,6 por ciento) es alta, la Fundación Ideas para la Paz dice que esa estadística en Colombia es inferior a la que se mantiene en otros países. En Argentina, por ejemplo, el 42 por ciento de las personas condenadas y en prisión ya habían cometido delitos; en São Paulo es el 49 por ciento; Chile, 51 por ciento, y México, 25 por ciento.

Esto no implica necesariamente que el país esté mejor, pues, según la FIP, lo que podría mostrar esa cifra es un importante subregistro. Afirma el Dane que la tasa de denuncia por delito en el 2016 apenas llegó al 29 por ciento del total de conductas ilícitas, lo que muestra que la mayoría de casos se quedan sin una acción judicial.

La reincidencia es una muestra de la incapacidad del sistema de justicia para reintegrar a las personas que han cometido delitos, y para disuadir la ocurrencia de nuevos hechos

Hurto, el de más reincidencia

Siendo el hurto el delito en el que más se reincide, la Fiscalía reportó que entre enero del 2016 y octubre del 2017 se recibieron 29.000 noticias criminales por robos cometidos por personas que tenían antecedentes penales. El 31 por ciento de los capturados tenía entre dos y cuatro detenciones previas, otros 582 habían sido capturados y puestos en libertad entre cinco y seis veces en los últimos meses, mientras que 240 tenían de siete a diez anotaciones.

Además de las cifras, a las autoridades locales les preocupan las leyes que parecen laxas con la delincuencia. El año pasado los alcaldes del país le pidieron a la Fiscalía que buscara derogar las leyes que racionalizaron la medida de aseguramiento (que estableció que una persona solo podía estar presa de forma preventiva uno o máximo dos años), con las que ya han recuperado la libertad cerca de 5.000 personas sin que se lograra confirmar su responsabilidad en los delitos o ser absueltos.

Según la Fiscalía, 700 de los beneficiarios de esas leyes (el 14 por ciento) han reincidido en hurtos meses después.

De acuerdo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hay leyes que están debilitando la acción del Estado frente a la delincuencia y “van en contravía de la demanda ciudadana de mayor seguridad y de mayor protección”.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha señalado que los beneficios de excarcelación excluyen hoy a quienes han seguido vinculados al delito luego de haber recuperado la libertad y que tener esa consideración depende también de que la misma Fiscalía exponga la situación ante los jueces, quienes a su vez deben ponderarla como un limitante para otorgar beneficios.

Finalmente, la FIP también advierte que preocupa, no solo la reincidencia, sino la cantidad de delitos que se quedan en la impunidad. Entre el 2014 y el 2017 el hurto creció en un 38 por ciento, pasando de 136.805 casos a 222.475, mientras que las capturas cayeron un 14 por ciento al pasar de 59.967 a 52.396.

La política criminal debe estar orientada a disminuir los efectos negativos de los mercados ilegales y la progresiva desarticulación de las estructuras criminales

Penas no frenan la reincidencia: FIP

Una de las conclusiones del informe es que enviar la gente a prisión no ha servido para frenar su reincidencia, lo que lleva a cuestionar qué tanto está sirviendo la cárcel para disuadir a los delincuentes y qué tan efectiva es la resocialización en los centros penitenciarios, pues un buen porcentaje vuelve a prisión antes de los siguientes cinco años de haber pagado una pena.

“La reincidencia es una muestra de la incapacidad del sistema de justicia para reintegrar a las personas que han cometido delitos, y para disuadir la ocurrencia de nuevos hechos. El costo social y económico de la integración fallida puede ser muy alto, ya que agrava los problemas de hacinamiento”, asegura la FIP.

Según estimaciones del Ministerio de Justicia, el 7,9 por ciento de los condenados vuelven a ingresar al año siguiente a su salida. Esa cifra aumenta al 13 por ciento para los 2 años; 16,6 por ciento, para los 3 años; 19,2 por ciento, para 4 años, y 21 por ciento, para 5 años.

Los condenados “por hurto o delitos relacionados con porte de armas de fuego presentan tasas de reingreso y recondena mayor, en comparación con los condenados por otros delitos”, dice la investigación de la FIP.

Mientras la Policía y Fiscalía han criticado las leyes que han racionalizado la medida de aseguramiento u otras normas que han llamado “laxas” para contener la delincuencia, la FIP asegura que la mejor solución para todos los delitos no siempre es la cárcel. “Aunque la adopción de medidas severas y el uso de la cárcel suelen estar en el primer orden de las alternativas, lo cierto es que no siempre resultan la mejor opción, de hecho, puede ser contraproducente”, dice el estudio.

Para la FIP es claro que el encarcelamiento tiene efectos inmediatos en los infractores violentos pero su impacto es “bastante limitado para disuadir a delincuentes vinculados a los mercados ilegales”, pues las redes de delincuencia siguen existiendo y reclutando. Así, en los casos de hurtos, tráfico y venta de drogas, los incentivos para reclutar a las personas a la ilegalidad permanecen.

En esos casos, dice la FIP, “la política criminal debe estar orientada a disminuir los efectos negativos de los mercados ilegales y la progresiva desarticulación de las estructuras criminales”.

La Fundación también asegura que para evaluar las medidas de aseguramiento y contra quienes se deben aplicar, se debe hacer una verdadera diferenciación entre los delitos más y menos graves y el perfil de los delincuentes, pues la cárcel como castigo “puede tener un efecto criminógeno que incrementa la posibilidad de reincidencia”, al entrar a un entorno donde se encuentra con personas y redes ligadas al crimen. Así no es lo mismo una persona que comete un homicidio a quien ha cometido un hurto menor.

Para la FIP, la cárcel no muestra efectos significativos sobre los reincidentes, pero sus costos sí son más altos. La reincidencia “de quienes no cumplen su sentencia en una cárcel no es mejor ni peor que la de aquellos individuos que son encarcelados. Pero las cárceles sí traen mayores costos económicos y sociales para el Estado, los prisioneros y sus familias”, asegura el estudio.

MILENA SARRALDE
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @MSarralde

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