Cómo enfrenta el mundo la violación de sus niños

Cómo enfrenta el mundo la violación de sus niños

Las condenas comprenden desde la pena de muerte hasta el acompañamiento terapéutico del agresor.

Abuso sexual

En la India, según cifras de la Agencia Nacional de Registro de Delitos, el número de agresiones sexuales a menores superó los 10.000 casos en el año 2015.

Foto:

Ilustración Alfonso Barreto

29 de abril 2018 , 06:48 a.m.

La pederastia es uno de los crímenes que mayor alarma social genera. El debate sobre la manera en la que se castigan estos delitos no está exento de polémica.

Existen países “más laxos” con los violadores por el carácter pro derechos humanos de sus códigos penales, por lo que ni siquiera se concibe la cadena perpetua. Lo más parecido es la prisión permanente revisable con la que, por ejemplo, cuenta España y que prevé la extensión de la condena más allá de los 40 años (tiempo máximo que se puede permanecer en prisión) por “violación a un menor tras ser asesinado o privado de libertad o torturado”.

El país europeo también incluye la vigilancia policial del pedófilo durante los siguientes 10 años a su salida y su inclusión en una base de datos policial para su monitoreo.

Alemania, por su parte, cuenta con un programa que permite a los depredadores sexuales someterse a encarcelamiento voluntario, terapia y al suministro de inhibidores sexuales químicos. Se conoce como la ‘custodia de seguridad’ que desarrolla la clínica Charité, en Berlín, con presupuesto estatal.

En los últimos años, el endurecimiento de las penas para este tipo de delitos ha sido también noticia en países como Francia, Reino Unido o Bélgica. En este último se contemplan penas de más de 10 años y la prohibición de trabajar en cualquier institución pública o privada de educación los 20 años siguientes al cumplimiento de la condena. La ley también incluye el control terapéutico de los reincidentes en libertad condicional.

En cuanto a Latinoamérica, las medidas varían según las legislaciones. En Argentina, por ejemplo, los pedófilos pueden pagar hasta 20 años de prisión y ser condenados a cadena perpetua en caso de reincidencia. También se concibe la castración química en ciertos casos y existe un censo nacional de violadores. México, en cambio, no tipifica como delito grave los abusos sexuales cometidos contra niños en 25 de los 32 estados que lo conforman, denuncian medios mexicanos como el 'Excelsior'.

En la otra cara de la moneda están los países donde violar a un niño se paga con la vida. Ese es el caso de algunos estados africanos y del Medio Oriente, como Irak y Siria antes de la guerra, y de estados asiáticos como Sri Lanka, Vietnam, Tailandia y Bangladés.

Indonesia es uno de los más recientes en incluir la pena de muerte y la castración química obligatoria para los abusadores de niños. Sucedió en el 2016, después de la violación grupal de una joven de 14 años en la ciudad de Bengkulu. En la India, donde según cifras de la Agencia Nacional de Registro de Delitos se produjeron 10.854 violaciones a menores en el 2015, último año del que se tienen registros, también se incluye la pena capital.

En el caso de Estados Unidos, son nueve los estados que aplican la castración química como medida para reducir los casos de pederastia (California, Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Oregon, Texas, Montaba y Wisconsin). En 1994 también se aprobó la Ley Megan que toma su nombre de Megan Kanka, una niña de siete años violada y asesinada ese año en Nueva Jersey por Jesse Timendecquas, un agresor sexual que ya había sido condenado por crímenes sexuales contra menores.

La norma obliga a las autoridades estatales a llevar un registro de los delincuentes sexuales y a poner en conocimiento de la comunidad esta información por medio de plataformas digitales u otros medios. Cada estado decide qué datos del delincuente difunde, aunque generalmente se trata de su nombre, fotografía y lugar de residencia y trabajo. Desde el 31 de octubre del 2017, según informó ‘The New York Times’, los pasaportes de estos individuos llevan una marca para alertar a las autoridades de otros países cuando salen de territorio estadounidense.

La aplicación de esta ley ha generado mucha discusión. Por un lado, son varias las organizaciones de derechos humanos, como la Alliance for Constitutional Sex Offense Laws, que han criticado la medida porque viola las libertades constitucionales de estas personas, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.

Por otro lado, un estudio elaborado en 2008 por la Unidad de Investigación y Evaluación del Departamento de Justicia de Nueva Jersey concluyó que la norma no tiene efectos reales a la hora de reducir los delitos sexuales contra menores y prevenir la reincidencia. Debido a estas revelaciones, el estudio también sugirió que los costos de poner en marcha esta medida (5,1 millones de dólares solo en el 2007) no se justifican.

JULIA ALEGRE BARRIENTOS
Redacción Domingo
En Twitter: @JuliaAlegre1

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