El exgerente de EPS que busca evadir la justicia pasando por indígena

El exgerente de EPS que busca evadir la justicia pasando por indígena

Enoc Clavijo pide que su caso sea revisado por la justicia indígena para obtener beneficios.

Enoc Clavijo, exgerente de EPS Dusakawi

Enoc Clavijo fue capturado por efectivos del Gaula en marzo de este año para responder por la pérdida de más de 4.000 millones de pesos.

Foto:

Cortesía Ejército Nacional

24 de septiembre 2017 , 11:37 p.m.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía, Enoc Clavijo, exgerente de la EPS indígena Dusakawi, que presta servicios en la costa Caribe, habría desfalcado a esa entidad por al menos 4.000 millones de pesos mientras estuvo a su cabeza entre el 2010 y el 2014.

Hoy está en curso ante el Consejo Superior de la Judicatura una polémica solicitud para que su caso pase a manos de la justicia indígena. Clavijo fue detenido en marzo de este año en Valledupar. La Fiscalía estaba lista para presentar el escrito de acusación en su contra por la presunta participación en los delitos de peculado y asociación para cometer delito contra la administración pública, pero la diligencia fue suspendida por la petición de cambio de jurisdicción.

Al exgerente lo acusan de haberse aliado con el contratista Hernán Osorio, también detenido
, para facturar gastos inexistentes y servicios no prestados como entrega de medicamentos y traslados médicos a las comunidades arhuacas, wiwas, koguis y yukpas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Pese a la gravedad de los hechos que se le acusan, Clavijo, quien en el 2015 fue precandidato para la alcaldía de Codazzi, Cesar, podría recibir una sanción menor a los 15 años de cárcel que establece la justicia ordinaria y pagarla en un resguardo si la Corte acepta que su caso pase a la jurisdicción indígena.

El proceso surtió reparto el pasado 15 de agosto en la Judicatura y por ahora está en etapa de recolección de datos para certificar que Clavijo pertenece realmente a la comunidad yukpa.

Para José María Arroyo, gobernador del pueblo arhuaco, uno de los vinculados a esa EPS, Clavijo sabía que lo que hacía correspondía a un hecho de corrupción. Además señala que no es yukpa y que en consecuencia debe pagar por la justicia ordinaria.

En todo caso, el gobernador dice que las sanciones de los resguardos no son mínimas, pues aunque pueden ser menores en tiempo –de la mitad normalmente– son efectivas, pues se procura la resocialización de la persona a través del trabajo comunitario y el acompañamiento de los líderes del resguardo, y para hechos de corrupción se exige la total devolución de la plata para resarcir el daño causado.

Arístides Loperena, exgobernador del cabildo wiwa dice por su parte que Clavijo sí es indígena y debe ser castigado por su comunidad.

Loperena señala que en ese proceso también deben ser vinculadas otras personas porque los líderes de las comunidades son las encargadas de vigilar y de coadministrar la EPS.

Aunque no existe una lista específica de delitos que corresponda a una u otra jurisdicción, la Judicatura tiene a su cargo estudiar ciertas condiciones territoriales y objetivas –entre ellas la capacidad del resguardo para sancionar a la persona– para dirimir el conflicto de competencias.

Algunos conflictos revisados por la Corte Constitucional han determinado que las conductas que involucran bienes jurídicos universales deben ser conocidos por la justicia ordinaria, es decir, los delitos que afectan y se relacionan con una comunidad.

También ha fallado en el mismo sentido, concediendo la autoridad para juzgar a la justicia ordinaria, en muchos casos en los cuales las víctimas han sido menores de edad, aunque no es una norma.

Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic) cuestiona que desde el Gobierno y la justicia se ha desconocido el carácter constitucional de la jurisdicción indígena, de hecho, dice tajantemente que la jurisdicción ordinaria persigue a la justicia natural.

Para Quilcué, las medidas de armonización de las comunidades son incluso más efectivas que las de la justicia ordinaria y las investigaciones más ágiles. Dice, por ejemplo, que por delitos de lesa humanidad hay sentencias de 60 años de cárcel sin rebaja de penas.

Entre el año 2010 y lo corrido del 2017, la Judicatura ha estudiado 547 conflictos de competencias, de ellos 501 han sido resueltos a favor de la justicia ordinaria, 13 han pasado a la justicia indígena y en 33 el tribunal se ha abstenido de fallar por lo que los casos han sido regresados a los juzgados que los tenían desde el principio.

JUSTICIA

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