Convenio por 1.072 millones enreda al exgobernador del Valle

Convenio por 1.072 millones enreda al exgobernador del Valle

Juan Carlos Abadía responderá por dos delitos. Uno de sus secretarios ya fue condenado.

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El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue destituido por la Procuraduría por participación en política.

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Archivo / EL TIEMPO

30 de noviembre 2016 , 10:13 p.m.

El destituido exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, tendrá que responder penalmente por las irregularidades en un convenio firmado por su administración en enero del 2010.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, por los que podría pagar una pena de más de 15 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.

El exmandatario, sobre el que pesan dos destituciones de la Procuraduría, es investigado por las irregularidades en un convenio que buscaba dotar con textos escolares 40 bibliotecas de colegios de 10 municipios del Valle.

Por esos hechos ya fueron condenadas en julio del año pasado cuatro personas, entre ellas, el entonces secretario de educación Elber Gustavo Navarro y los particulares José Antonio Rodríguez, Luz Piedad Hurtado y Luz Delly Martínez, representante de la Fundación Calimío a quien se entregó el convenio.

Según la investigación de la Fiscalía, durante la entrega y ejecución del convenio se habría favorecido una firma que no tenía la suficiente experiencia para cumplir con el objeto del convenio, entre otras, según la denuncia solo tenía un capital de creación de un millón de pesos. Además hubo subcontratación para la adquisición de los textos.

Para los investigadores, el entonces gobernador estuvo al tanto del proceso contractual. Igualmente consideran que la entrega de los recursos tenía que darse mediante licitación y no con una adjudicación directa mediante la figura del convenio.

Por cuenta de las irregularidades, particulares se habrían apropiado de 817’482.400 millones de pesos de los 1.072 millones que fueron destinados para ese convenio.

Se detectó que la Fundación Calimío subcontrató la adquisición de los libros con la empresa Alfa y Omega, cuya representante era Luz Piedad Hurtado Cardona, y que esta a su vez habría comprado los libros a una editorial local.

La Contraloría departamental en una auditoría ya había advertido del detrimento ocasionado al departamento con ese convenio. De hecho, certificó que los libros llegaron a los colegios, pero que allí no los habían pedido y que “en su mayoría están archivados sin darle un uso adecuado (...) En las instituciones agropecuarias los libros no son consultados por el enfoque de enseñanza técnica”.

JUSTICIA

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