Reserva de las fuentes, eje esencial de la libertad de expresión

Reserva de las fuentes, eje esencial de la libertad de expresión

Gran controversia desató fallo de Corte Suprema que dice que periodistas deben revelar sus fuentes.

EL TIEMPO

Aspecto de la sala de redacción del periódico EL TIEMPO, en Bogotá.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

24 de enero 2018 , 05:54 p.m.

En diciembre del año pasado, una sentencia (7/12/17) de la Corte Suprema de Justicia puso en jaque uno de los aspectos cruciales de la libertad de expresión en Colombia.

En la insólita decisión se obliga a un medio de comunicación a revelar las fuentes que le permitieron publicar un artículo contra una funcionaria que se sintió afectada en sus derechos. El caso es relativamente simple: la exviceministra de Aguas y Saneamiento Básico Leyla Rojas demandó a la revista Dinero por publicar un artículo titulado ‘Pecado de Eike’, indicando que su honra y su buen nombre habían sido mancillados. En este se informaba acerca del empresario brasileño Eike Batista, uno de los principales inversores extranjeros en Colombia, quien se retiró del país “salpicado por una serie de escándalos”.

El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la exfuncionaria y le exigió a la revista que le entregara los nombres de las fuentes de esa información. Ante esta situación, la revista se opuso y acudió a una acción de tutela que terminó siendo fallada por la Corte Suprema de Justicia, confirmando los argumentos del Tribunal.
La decisión de la Corte desconoce no solo la jurisprudencia nacional e internacional que sobre libertad de expresión se ha realizado, sino que pone en riesgo el diálogo de jueces que se produce entre las decisiones nacionales e internacionales y es respaldado constitucionalmente por la figura del bloque de constitucionalidad.

Libertad de expresión y sus límites

La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Esta manida frase ha sido expresada de forma recurrente por la jurisprudencia constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empero, la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, tiene límites en su ejercicio, pero estos tienen una reglamentación que no puede ser esquilmada.

Es claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en su artículo 13 que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto y puede someterse a restricciones indirectas, “no ejercerse en desmedro de los derechos o la reputación de los demás” o a responsabilidades ulteriores “delitos de injuria y calumnia”.

Lo que por ningún motivo debe aceptarse es la imposición de la censura previa, toda vez que ese tipo de acción conculca la libertad de expresión y pone en riesgo la existencia de una sociedad democrática donde el pluralismo y la diversidad de opiniones sean la regla y no la excepción.

En el caso concreto, la Corte Suprema de Justicia estableció en su decisión que “si bien es cierto que el ejercicio desplegado por los medios de comunicación debe alentarse, por cuanto a través de él se mantiene enterada a la población en general de las situaciones que le conciernen, supervisan la gestión pública (...) contribuyendo a la construcción de una democracia deliberativa; no lo es menos que tal actividad no puede entenderse absoluta, pues impone a quienes la ejercen unos deberes de fidelidad, imparcialidad y certeza”.

Lo dicho por la Corte Suprema de Justicia es cierto. La libertad de expresión no es absoluta, y existe un deber de imparcialidad en la información. También lo es que el abuso de su ejercicio puede implicar responsabilidades ulteriores. Lo que no se puede colegir de lo anterior es que esa responsabilidad lleve a obligar al emisor de la información a develar el nombre de las fuentes, porque ello implicaría poner en juego el ejercicio mismo del periodismo. En eso sí se equivocó la Corte Suprema.

Tratamiento de la reserva

Las fuentes periodísticas son esenciales para el ejercicio del periodismo. Estas podrían definirse como los hechos o datos que le permiten al periodista construir una noticia. Es esencial que el emisor de la información las contraste para efecto de no caer en equívocos que producirían responsabilidades ulteriores.

La protección de estas fuentes es una de las piezas que justifican el ejercicio de la prensa. Con su exigencia se desestimula la investigación periodística y, por ende, se fragiliza la democracia.

En el sistema europeo de derechos humanos se ha desarrollado jurisprudencia sobre la reserva de las fuentes periodísticas. Es así como en el caso Goodwin, contra el Reino Unido (1994), un periodista exigió protección al sistema europeo, luego de que se le ordenó revelar sus fuentes, imponiéndole una multa. La Corte Europea de DD. HH. señaló que “la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa, como surge de los códigos de deontología en vigor de numerosos Estados contratantes. La ausencia de tal protección podría disuadir a las fuentes periodísticas de ayudar a la prensa a informar al público sobre cuestiones de interés general. En consecuencia, la prensa podría encontrarse en inferiores condiciones para desempeñar su rol indispensable de ‘perro guardián’ y su aptitud de suministrar informaciones precisas y fiables podría verse disminuida”.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por su lado, se contemplan, dentro del artículo 13 de la CADH, los elementos fundantes de la libertad de expresión. En la norma se indica que esta libertad comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Este derecho tiene límites como el respeto a los derechos, la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

La reserva de fuentes se ubica en la idea de las restricciones que involucra la censura indirecta, como puede ser el suprimir una pauta estatal o usar los proveedores del servicio de internet para afectar la libertad de expresión de un emisor de información.

Este artículo 13 ha sido desarrollado a través de la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la organización de Estados Americanos (OEA), en la cual se indica, en su numeral 8): “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. La interpretación de ese principio por la Relatoría de la libertad de expresión de la OEA prescribe: “Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación (...)”.

Así mismo, el secreto profesional consiste en guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información. Se trata de dar garantías jurídicas que aseguran su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información. Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.

Casos que fueron buen ejemplo

La Corte Constitucional, en múltiples decisiones, ha acogido lo señalado a nivel internacional. De hecho, en una reciente sentencia de esa corte se negó el material periodístico de una investigación a una cirujana plástica, recordando que: “La reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística, cuya libertad e independencia el Estado debe, de acuerdo con la Constitución, proteger especialmente. (...) Ahora bien, estamos ante un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas, sin la cual el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar se tornarían nugatorios”.

No queda duda, entonces, de que la reserva de fuentes forma parte del eje esencial de la libertad de expresión en el régimen constitucional y en el sistema de protección de derechos humanos. Los jueces deberían tener cuidado con estas respuestas equívocas, que provocan malas interpretaciones y autocensuras. Por lo pronto, la reserva de la información, el ejercicio de la libertad de expresión y la democracia deben seguir siendo sacrosantas.

FRANCISCO BARBOSA*
* Ph. D. en Derecho Público, Universidad de Nantes (Francia) y profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia

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