Fiscalía sigue con reparos frente a modelo de justicia para la paz

Fiscalía sigue con reparos frente a modelo de justicia para la paz

Martínez insiste en que delitos posteriores al 1.º de diciembre competen a jurisdicción ordinaria.

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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha cuestionado, por considerarlas inconvenientes, varias iniciativas del Minjusticia.

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Archivo / EL TIEMPO

05 de febrero 2017 , 09:50 a.m.

Aunque en el segundo debate de la justicia especial para la paz, esta semana, el Congreso terminó acogiendo varias de sus advertencias frente a la jurisdicción alternativa, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez mantiene aún reparos frente al modelo que debe garantizar la paz sin impunidad.

Desde antes de su llegada al cargo, Martínez Neira dejó claro que es un convencido de la paz negociada con las Farc. “La reconciliación entre los colombianos es el propósito más importante de nuestra sociedad”, dijo Martínez en su discurso de posesión, en agosto del año pasado.

(También: Justicia para excombatientes, a dos debates de quedar lista)

Sin embargo, esa posición y las buenas relaciones con el presidente Juan Manuel Santos no le han impedido en todo este tiempo pararse en la raya frente a lo que considera podrían ser boquetes jurídicos para quienes le hagan ‘conejo’ a la paz o situaciones que podrían generar riesgo para el éxito del posconflicto.

En septiembre, el Fiscal sorprendió cuando planteó, en una carta pública, el regreso de la fumigación aérea de los cultivos de coca, ante el crecimiento desbordado de las narcosiembras en el país.

La justicia especial de paz ha sido objeto de varias observaciones por parte del fiscal Martínez, quien ahora se concentra en que quede claro que los delitos cometidos después del primero de diciembre del 2016 (delitos de ejecución permanente) queden bajo la competencia de la Fiscalía.

“No permitiremos que los beneficios convivan con el delito”, agregó Martínez el día su posesión, con lo que dejó claro cuál sería su postura para garantizar la persecución de los delitos en el posconflicto y asegurar que los desmovilizados cumplan con su palabra.

Desde entonces se ha reunido con el Presidente, el Congreso y los negociadores de paz para incluir en la nueva normativa ajustes que eviten la impunidad. En ese proceso, el fiscal Martínez ha empezado a tener diferencias con funcionarios del Gobierno e incluso ha sido señalado por el exjefe de la delegación de las Farc, ‘Iván Márquez’, de estar “empeñado en destruir lo construido con tanto esfuerzo en La Habana”.

Varias de las observaciones del Fiscal General fueron recogidas en el proyecto que crea la justicia especial para la paz, pero el tratamiento del delito de ejecución permanente sigue siendo objeto de discusión en el Congreso.

Fuentes de la Fiscalía resaltan que no existen diferencias de fondo con el Gobierno, pero sí defensa de posiciones que consideran claves para el país.

Uno de las razones de la polémica, según fuentes consultadas, radica en que el Gobierno le ofreció dejarle conocer la versión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en el segundo acuerdo con las Farc antes de suscribirse, pero no lo hizo.

También que el proyecto de ley de amnistía, aprobado en diciembre pasado, no se le presentó a la Fiscalía previamente para ayudar en su elaboración.

Esto tampoco se hizo con el proyecto que crea la justicia especial para la paz. El debate promete ser más fuerte si se tiene en cuenta que el Fiscal insistirá en su posición y el Gobierno pareciera no estar de acuerdo.

En el trámite de la justicia para los excombatientes, la Fiscalía hizo observaciones, particularmente en relación con los beneficios para los disidentes, reincidentes y autores de delitos continuados.

Prácticamente todas han sido incorporadas, menos la relacionada con los delitos de ejecución permanente. De hecho, en el segundo debate de la iniciativa, en la plenaria de la Cámara, los representantes suscribieron una proposición con cerca de 70 firmas respaldando la posición del Fiscal; sin embargo, no fue avalada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y, por ende, no fue incorporada en el texto.

“Nos falta la firma del Ministro del Interior y lograremos un régimen adecuado para los delitos continuados, de tal manera que se imponga la jurisdicción ordinaria en estos casos”, afirmó Martínez ese día, a la salida del debate.

El decano de derecho de la Universidad Nacional, Genaro Alfonso Sánchez, señaló que “hay observaciones muy pertinentes que no tratan de estorbar sino de contribuir a que el instrumento final quede bien hecho y evitar problemas de interpretación”.

Política antidrogas

En materia de lucha contra las drogas, la polémica ha sido más profunda. Fuentes han señalado que el Fiscal no comparte la manera como el Ministerio de Justicia lidera las políticas en esta materia, en un momento en que tanto los cultivos como el microtráfico se han disparado.

Las diferencias del Fiscal y el Minjusticia se empezaron a hacer públicas cuando en noviembre pasado Martínez advirtió que en el Consejo de Política Criminal se propuso una reforma para suspender la acción penal contra pequeños cultivadores, productores y traficantes de droga. Antes de ese rifirrafe, el Fiscal ya había cuestionado un proyecto del Ministerio de Justicia para acabar con el hacinamiento carcelario a través de gabelas a los condenados.

Esta semana, el Fiscal insistió en que se sigue trabajando en una reforma al Estatuto Antinarcóticos (Ley 30 de 1986), sin la participación del ente acusador y que además en su concepto podría debilitar la política del Estado en la lucha antidrogas.

Ese enfrentamiento podría tener este martes otro capítulo durante la reunión del Consejo de Política Criminal, en la que el tema sería examinado.

Proyectos represados

Otra de las preocupaciones de Martínez es que los proyectos de ley que presentó para aumentar la transparencia de la Fiscalía en temas de impedimentos, control interno y rendición de cuentas fueron objetados en el segundo semestre del 2016 por el Ministerio de Justicia, a instancias del Consejo de Política Criminal.

Esas iniciativas, pese a que fueron presentadas en el Congreso, no han tenido celeridad. A esto se suma que la Fiscalía considera que la política criminal que promueve el Minjusticia debilita la posibilidad de un sistema penal que realmente disuada a los criminales.

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