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Cortes

Reparos del Consejo de Estado y Procuraduría a la reforma electoral

Foro que se adelanta entre el Consejo de Estado y el Congreso sobre reforma electoral.

Foro que se adelanta entre el Consejo de Estado y el Congreso sobre reforma electoral.

Foto:

El procurador Fernando Carrillo dijo que se va a 'mutilar el ejercicio de función constitucional'.

Angy Viviana Alvarado
Más contradictores que partidarios ha tenido la propuesta de reforma electoral que la Misión Electoral le entregó esta semana al Gobierno y que fue analizada el jueves, durante el foro organizado por el Congreso y el Consejo de Estado.

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El presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, insistió, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, que es inconstitucional la creación de un nuevo órgano con facultades electorales y jurisdiccional
“La concentración desmesurada de funciones y de poder sin controles en un órgano supremo de siete magistrados conlleva un peligro mayúsculo para las instituciones, la democracia y el Estado social de derecho, en el trascendental asunto de la organización electoral y la democracia representativa”, puntualizó Ramírez.
El consejero hizo énfasis en que el argumento de ineficiencia con el que el Gobierno justifica la necesidad de reemplazar las funciones de la Sección Quinta de ese tribunal con una nueva corporación no es real y resaltó que 95 de cada 100 procesos que llegan a la Sala son fallados a tiempo. Lo que se necesita, dijo, son reformas procesales y no normativas.
Sobre la vía rápida para dar trámite a este proyecto en el Congreso, Ramírez aseguró que esta reforma no puede pasar vía fast track porque el acuerdo de paz “solo se refiere a la justicia especial para la paz, como mecanismo transitorio y excepcional, y a la justicia agraria”, pero no al control judicial electoral, que hoy ejercen los jueces del país.
Ramírez llamó la atención sobre el proceso electoral que viene en marcha en el país para elegir Presidente y congresistas, y al respecto dijo que no puede haber interferencias cambiando las reglas de juego.
En el foro, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el senador Hernán Andrade (conservador) sobresalieron por ser unos de los pocos defensores de la reforma electoral, a la que al parecer le espera un panorama oscuro en el Congreso.
Cristo dijo que es difícil que haya un consenso sobre el tema, pero señaló que está trabajando para impulsar esa reforma dentro de las bancadas de todos los partidos.
Consideró que “la reforma es una necesidad urgente e inaplazable” porque “aquí nadie puede decir que está funcionando bien el sistema político y electoral colombiano”.

Que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de su función constitucional

Pero el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien coincidió con Ramírez en la mayoría de críticas sobre la reforma electoral, aseguró que evidentemente es necesario hacer cambios, pero no los que el Gobierno quiere.
“Tenemos el problema de la financiación de las campañas, que deriva en corrupción, pero crear un cuarto poder no es la solución”, concluyó.
Lizcano también se refirió a la queja del procurador general, Fernando Carrillo, quien, en un comunicado emitido el pasado miércoles, alzó su voz contra la propuesta de la Misión Electoral que le quita al Ministerio Público la función disciplinaria sobre alcaldes y gobernadores.
En su intervención, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y quien fue magistrado del Consejo de Estado, se refirió únicamente a la importancia de que en el país se garantice la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura.
No obstante, aclaró que esa garantía puede darse dentro del mismo Consejo de Estado si se le asigna a la Sala Plena de ese alto tribunal la misión de resolver las apelaciones, una modificación que, en su opinión, no tiene que hacerse vía fast track.

También se pronunció el Procurador

El procurador Fernando Carrillo también llamó la atención sobre la propuesta de que a partir de esta reforma se le quite al Ministerio Público la función de investigar a alcaldes y gobernadores.
"Que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de su función constitucional", dijo Carrillo.
Indicó, además, que en el escenario institucional "es reconocido el rol que está jugando la Procuraduría como para pensar en ponerla en objetivo de una reforma electoral. Eso no lo entendemos nosotros ni los colombianos, y sería un gran retroceso en la lucha contra la corrupción”.
En el foro organizado por el Congreso y el Consejo de Estado la magistrada de la sección quinta de ese tribunal Lucy Jeanneth Bermúdez indicó que está reforma es una oportunidad para fortalecer las instituciones existentes y mejorar los procesos, por ejemplo, el de los tiempos en que se tramitan los procesos jurisdiccionales electorales.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com 
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Angy Viviana Alvarado
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