General Santoyo, a dos años de poder pedir la libertad en EE. UU.

General Santoyo, a dos años de poder pedir la libertad en EE. UU.

Por colaboración, juez le rebajó el 40 por ciento de la condena de 13 años que se le impuso en 2012.

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El genera (r.) Mauricio Santoyo.

Foto:

Felipe Caicedo / EL TIEMPO

02 de septiembre 2016 , 07:45 a.m.

El general Mauricio Santoyo Velasco, condenado a 13 años de cárcel por sus nexos con narcotraficantes y paramilitares, logró que una corte de los Estados Unidos recortara en un 40 por ciento la condena que recibió hace cuatro años por ser ficha de los grupos paramilitares en Colombia.

El exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer general colombiano condenado por la justicia norteamericana, pagará 93,6 meses de cárcel y no los 156 originales que una corte de Virginia le impuso por el delito de auxiliar el narcotráfico de las desmanteladas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Lea también: General Santoyo ahora será investigado por asesinato de Jaime Garzón)

El oficial negoció con la Fiscalía de EE. UU. y en esa primera instancia logró evitar una condena que podía haber llegado a los 30 años. Como prometió colaborar con la justicia, tenía derecho, previo aval de las autoridades norteamericanas, a acogerse a la llamada ‘Regla 35’. Se trata de una norma frecuentemente utilizada por los colombianos, especialmente narcos, que terminan condenados en los Estados Unidos y que están detrás de las grandes rebajas que llevan a que grandes capos terminen pagando penas de entre cuatro y cinco años, cuando en Colombia habrían recibido más de 20 años.

Las cuentas

Santoyo Velasco ya completa más de cuatro años detenido y con la rebaja su expectativa de libertad se acerca sustancialmente. Según fuentes que conocen la administración de justicia federal, con la rebaja del 5 por ciento del total de la pena que se da por buena conducta y otras gabelas, en unos dos años podría aspirar a la libertad bajo palabra. Las mismas fuentes advierten que para obtener la rebaja es absolutamente imprescindible que los fiscales del caso hayan dado pleno reconocimiento al grado de colaboración entregada por el procesado (‘asistencia sustancial para la justicia’). (Además: El audio que vincula al general Santoyo con el crimen de Jaime Garzón)

Desde el 2012, sus abogados en los Estados Unidos habían señalado que se estaba trabajando en acuerdos para rebajar la pena “considerablemente y para que (Santoyo) pudiera regresar mucho antes” al país. En los registros del buró de prisiones de los Estados Unidos, Santoyo figura como uno de los internos del FCI Miami (Federal Correctional Institute), que es una locación penitenciaria de mediana y baja seguridad. Allí hay 1.393 internos.

Este viernes en diálogo con ‘La W Radio’ el abogado del general Santoyo, Óscar Rodríguez, aseguró que este tendrá que decidir si se queda en Estados Unidos, una vez quede en libertad.

Agregó que existe la posibilidad de que la familia de Santoyo adquiera la visa americana para estar cerca de él pero que el general todavía no ha tomado una decisión sobre este tema.

Además, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el general Santoyo continúe trabajando con las agencias como informante el abogado dijo, “en este momento no es algo que se está contemplando, lo que él quiere (Santoyo) es tener libertad y poder reunirse con su familia”.

En el país, el general Santoyo es investigado por su presunta responsabilidad en el crimen del periodista Jaime Garzón, ocurrido en 1999 y cometido por sicarios de los grupos paramilitares. El oficial es señalado de ser el determinador del plan para desviar la investigación. Por esos hechos hay 10 exfuncionarios del antiguo DAS procesados.

Igualmente, ONG lo han señalado como el responsable de la desaparición de los investigadores de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, que ocurrió en Antioquia por la época en la que Santoyo era jefe del Gaula de la Policía en Medellín. También aparece en los expedientes de chuzadas a grupos de derechos humanos en Antioquia.

JUSTICIA

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