'Competente para resolver caso de El Quimbo era el Consejo de Estado'

'Competente para resolver caso de El Quimbo era el Consejo de Estado'

El tribunal dice que la C. Constitucional no era quien debía ordenar reapertura de la generadora.

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La represa de El Quimbo cubre un área cercana a las 8.000 hectáreas en el departamento del Huila, a unos 70 kilómetros de Neiva.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

02 de septiembre 2016 , 12:27 p.m.

 En un auto del consejero de Estado Alberto Yepes Barreiro, quedó consignado que el decreto que autorizó en el 2015 la reapertura de la generadora de energía de la represa de El Quimbo debió haber sido revisado y juzgado por el Consejo de Estado y no por la Corte Constitucional.

Según el Consejo de Estado este tema les correspondía por ser la máxima instancia contenciosa, y porque así quedó estipulado en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excepción) y el 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La reapertura de la operación de la represa se dispuso como una de las medidas que ordenó el Gobierno Santos para contener la emergencia social, económica y ecológica que generó el fenómeno del niño y el cierre de la frontera con Venezuela; esto a pesar de que el Tribunal Administrativo del Huila había ordenado suspender la operación de la represa de El Quimbo, como medida cautelar luego de la interposición de una acción popular.

Sin embargo, esa disposición referente al reinicio de labores en la hidroeléctrica, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-753 del 2015 dando lugar una vez más a la suspensión de las actividades de producción energética.

La demanda del Gobierno fue ante la Corte Constitucional, pero un particular demandó el mismo tema ante el Consejo de Estado. El estudio del caso le correspondió en este último tribunal al magisrtado Yepes quien advirtió que debió haber sido el Consejo de Estado el encargado de resolver ambos casos por tratarse de una decisión de carácter administrativo.

Sin embargo, como el Tribunal Constitucional ya había tomado la decisión de excluir el decreto presidencial demandado del ordenamiento jurídico, el consejero de Estado aseguró que "se impone el respeto a la cosa juzgada constitucional".

JUSTICIA

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