Presentan propuesta para hacer 'cirugía' a la extinción de dominio

Presentan propuesta para hacer 'cirugía' a la extinción de dominio

Quienes se acojan a sentencia anticipada se podrán quedar hasta con el 3 % de lo incautado.

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Hasta ahora se han ocupado bienes de delincuentes de alto perfil.

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Archivo EL TIEMPO

03 de noviembre 2016 , 12:21 a.m.

Con una nueva reforma al código de extinción de dominio el Gobierno Nacional espera recaudar en un corto tiempo más de cuatro billones de pesos en bienes que habrían sido adquiridos con plata de actividades ilegales.

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda presentaron al legislativo una reforma del código que ya había sido reformado con una ley aprobada en el Congreso y sancionada en 2014 por el presidente Juan Manuel Santos.

La iniciativa busca agilizar los términos del proceso de extinción de dominio con lo que procesos que tardaban años puedan ser fallados por la justicia en meses.

El proyecto busca, además, solucionar el problema con la administración de los bienes que han sido objeto de extinción de dominio que incluso en el pasado terminó en un escándalo que llevó a la desaparición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y a la creación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La idea del Gobierno y la Fiscalía es que se acuda a la enajenación (venta) temprana de los bienes para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de las propiedades incautadas.

Con esa figura, argumenta el Ejecutivo, “se le quita al Estado el problema de administrar tantos bienes y de diferentes naturalezas. También se elimina la posibilidad de que existan escenarios y contextos de corrupción en la administración de los bienes y, por último, permite tener acceso de manera muy rápida a recursos líquidos que son destinados contra el crimen”.

En caso de que el proceso sea fallado en los procesos de extinción a favor de los investigados, el Estado tendría que devolver el valor neto de su bien más el producido del mismo.

Igualmente se establece que el dinero de los bienes que los jueces determinen deben ser extinguidos se distribuya entre la rama judicial y la Fiscalía con un 25 por ciento cada una y el resto para el Gobierno Nacional.

En el proyecto se mantienen los beneficios para quienes colaboren con la justicia delatando bienes adquiridos con dinero ilegal o a quienes se acojan a la sentencia anticipada renunciando a defenderse en ese tipo de procesos.

En todo caso la Fiscalía evaluará la eficacia de la colaboración para conceder los beneficios. Quien delate bienes podría quedarse hasta con el cinco por ciento de su valor, que no supere los 2.500 salarios mínimos.

Y quienes se acojan a sentencia anticipada se podrán quedar hasta con el tres por ciento de lo incautado y hasta otro tres por ciento por colaboración.

JUSTICIA

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