Riesgo de excarcelación masiva por proyecto de Ley de Pequeñas Causas

Riesgo de excarcelación masiva por proyecto de Ley de Pequeñas Causas

Fiscal General advierte que leyes como la de Natalia Ponce de León, quedarían en el limbo.

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El Fiscal General advirtió que leyes como la Natalia Ponce de León, que castiga a quienes ataquen con ácido, quedarían en el limbo.

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Archivo particular

10 de agosto 2016 , 01:38 a.m.

En su primer debate en el Congreso, el nuevo fiscal General, Néstor Humberto Martínez, alertó sobre el riesgo de una excarcelación masiva en caso de que se apruebe, como va, la llamada Ley de Pequeñas Causas.

Esa iniciativa, radicada el año pasado por el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, es clave para la seguridad ciudadana porque establece, entre otras herramientas, procedimientos penales más cortos para algunos delitos de alto impacto, castigos para los delincuentes reincidentes y la posibilidad de que los mismos ciudadanos hagan las veces de ‘fiscales privados’ para llevar a juicio a quienes han cometido delitos menores en su contra.

Martínez Neira destacó este martes que su despacho apoya la iniciativa en líneas generales. Pero algunos de sus artículos, advirtió, en la práctica cubrirán de impunidad algunas de las conductas que más afectan a los ciudadanos.

Durante una sesión en la Comisión Primera de la Cámara, donde el proyecto está en tercer debate, el Fiscal aseguró que 69 comportamientos que hoy son delito pasarían a ser contravenciones. Esto tendría dos efectos nocivos: por un lado, por el principio de favorabilidad, todas las personas presas por esas conductas quedarían libres de inmediato. Y por el otro, a pesar de su gravedad, algunos de esos delitos en la práctica ‘desaparecerían’ para la justicia.

La posición del Fiscal General es que, “por el daño ocasionado”, se debe revisar la lista de todas las conductas penales que pasarían a ser contravenciones.

Así, por ejemplo, el proyecto considera como contravención cualquier hurto cuyo monto sea inferior a los 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta cifra equivale hoy a unos 103 millones de pesos. De esta manera se abrirían las puertas de la cárcel para miles de delincuentes callejeros, incluidos los responsables de hurto de celulares, que es, de lejos, el delito que más se comete en Colombia.

“Esto no se puede convertir en una forma de impunidad. Si esto se diera se impactaría la seguridad ciudadana. Debemos ser muy cuidadosos para no dar estos efectos contrarios a los propósitos del proyecto”, dijo el fiscal Martínez Neira.

Hace un mes entró en vigencia otra reforma que les permitirá a más o menos 10.000 sindicados que llevan más de un año presos salir de prisión, al menos hasta que se definan sus procesos penales. Muchos de ellos ya empezaron a salir a la calle y el Gobierno tuvo que tramitar un ajuste de urgencia para evitar que incluso los sindicados de delitos más graves también se vieran beneficiados por la norma, que reglamenta la detención preventiva.

Adicionalmente, el Fiscal señaló que dos artículos del proyecto terminan dejando sin efecto sendas leyes que en su momento fueron bandera para los colombianos.

Así, la Ley Natalia Ponce de León, que impuso penas de entre 30 y 50 años para los criminales que atacan con ácido, quedaría en el limbo. Esto, porque los ataques que ocasionen deformidades permanentes por el uso de esas sustancias químicas quedarían de nuevo en el universo de las lesiones personales y no serían un delito autónomo. “Se derogaría de un tajo la Ley Natalia Ponce de León que acabamos de expedir los colombianos para reprimir esa criminalidad oprobiosa que está afectando a tantas mujeres en Colombia”, dijo Martínez.

Otra norma cuestionada por el proyecto de ley es la que castiga los delitos de crueldad contra los animales. Esto porque les quita a los jueces penales municipales el conocimiento de esos casos, “dejando sin juez natural el conocimiento de tales asuntos”.

Por petición del Fiscal se creó una subcomisión para discutir las advertencias de la Fiscalía General.

El ponente del proyecto, Hernán Penagos, representante a la Cámara por ‘la U’, fue nombrado como coordinador de esta subcomisión. “Vamos a mirar cómo evitar esa posible excarcelación masiva de la que habló el señor Fiscal, y también cómo hacemos para que haya suficientes jueces y defensores públicos que atiendan las acusaciones cuando estas se destraben”, aseguró Penagos.

Penagos agregó que el tercer tema que se va analizar será la “exclusión” del delito de lesiones personales con ácido “de la lista de los que serán contravenciones”, y que se buscará “incluir” algunos delitos informáticos en el grupo de conductas que tendrían al ciudadano directamente como acusador en el proceso.

JUSTICIA

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