Procuraduría emite nueva directiva para campañas por el sí y el no

Procuraduría emite nueva directiva para campañas por el sí y el no

El Ministerio Público insiste que funcionarios no podrán usar tiempo laboral para campañas.

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Procurador General, Alejandro Ordóñez.

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Archivo / EL TIEMPO

07 de septiembre 2016 , 05:34 p.m.

Después del recio debate entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez por lo que pueden o no hacer los funcionarios públicos a propósito de las campañas por el sí o el no en el plebiscito, el Ministerio Público expidió una nueva directriz con la descripción de las reglas que evitarían que los funcionarios puedan ser procesados disciplinariamente en el futuro. (Lea también: Choque de Santos y Ordóñez por plebiscito deja a funcionarios en limbo)

El documento insiste en que la divulgación del Acuerdo de Paz no se puede "disfrazar" con lo que "en realidad es una campaña a favor del sí o el no en el plebiscito".

También dice que la autorización para los servidores públicos de participar en las campañas "no es libertad absoluta para hacer de todo", pues señala que conforme a la ley 1806 de 2016, los servidores públicos que deseen hacer campaña "única y exclusivamente pueden debatir, deliberar y expresar públicamente y libremente sus opiniones o posiciones”.

Y aclara con ello que los servidores públicos no pueden ser jefes de debate, directores de campaña, gerentes de sede, coordinadores de día de elecciones ni tesoreros de campaña.

En contravía a lo que dice el Presidente (que se podrá utilizar tiempo laboral mientras se reponga), la directriz del Procurador dice que los funcionarios públicos no podrán suspender las tareas propias de su trabajo, ni utilizar la jornada laboral para participar en actividades de campaña.

En la circular de 15 puntos advirtió:

1- De acuerdo al artículo 2.4 de la Ley 1806 de 2016, la autorización para realizar campañas en el plebiscito por parte de los servidores públicos está restringida única y exclusivamente a “debatir, deliberar y expresar públicamente y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito”. Los servidores públicos no pueden realizar otras
actividades propias de una campaña, tales como ser tesorero de campaña, administrador de sede, gerente de campaña, coordinador del día de votación, responsable de transporte de electores, miembro de comité promotor o tener cualquier otro cargo de dirección u operativo, entre otras actividades que desbordan la norma citada.

2- Los servidores públicos a quienes les está permitido realizar campaña con ocasión del Plebiscito, no podrán para ese efecto utilizar bienes del Estado ni recursos del Tesoro Público durante el período de campaña, votaciones y el escrutinio, ni suspender las tareas propias de la función encomendada y utilizar la jornada laboral para participar en
actividades de campaña. Así mismo, deberán abstenerse de “coaccionar a los servidores y contratistas del Estado.

3- En cuanto respecta a la imposibilidad de utilizar el tiempo de la jornada laboral para adelantar actividades de campañas, dicha restricción obliga igualmente a quienes tienen la potestad de otorgar permisos o autorizaciones. El horario de la jornada laboral no debe modificarse ni autorizarse la utilización del tiempo de la misma para realizar
actividades de campañas, en la medida que la sola modificación de los horarios con dicho fin afecta el adecuado cumplimiento de la función pública y por ende la prestación del servicio a la ciudadanía, sin importar si existe compensación de tiempo o no.

4- La campaña del plebiscito no podrá incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos, o que se relacionen con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular.

5- Los ordenadores de gasto público no podrán autorizar partidas presupuestales, ni alterar las partidas presupuestales existentes a fin de dotar de recursos las campañas por el Sí o por el No, o financiar actividades que realicen los funcionarios públicos en apoyo a una de las opciones dentro del desarrollo del plebiscito convocado por el Gobierno.

6- Tampoco durante la campaña del plebiscito podrán los ordenadores del gasto autorizar partidas presupuestales, ni alterar las partidas presupuestales existentes con el fin de financiar campañas que promuevan el sí a la paz o el no a la paz, teniendo en cuenta que esto confunde el derecho a la paz con el Acuerdo Final e impide una “decisión
consciente e informada” de los ciudadanos.

7- Por regla general las instituciones públicas no pueden de ninguna forma utilizar bienes del Estado, cualesquiera que estos sean, ni recursos del tesoro público para apoyar el Sí o el No en el plebiscito.

8- El Acuerdo Final que se somete a consideración de los ciudadanos a través del plebiscito no es la paz como derecho. En acatamiento de esto y para garantizar una “decisión consciente e informada” de los ciudadanos, durante el periodo de campaña del plebiscito los servidores públicos y las instituciones públicas no pueden promover el “Sí a la paz” o el “No a la paz”, pues eso confunde el derecho a la paz con el Acuerdo Final.

9- La publicación y divulgación del Acuerdo Final es un deber que le corresponde cumplir única y exclusivamente al Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1806 de 2016, por lo tanto, se excluye de tales actividades a cualquier otro órgano o entidad de la rama ejecutiva del nivel nacional como también a
los gobiernos de las entidades territoriales. El Gobierno Nacional no se encuentra facultado por la ley para trasladar o imponer dicha obligación a otras entidades. Las entidades u órganos que no tienen el deber de publicar y divulgar el Acuerdo Final no podrán utilizar ni disponer bienes ni recursos públicos para realizar labores de publicación y divulgación del Acuerdo Final por no preverlo la norma.

10- De igual forma, la Sentencia C – 379 de 2016 señala que los instrumentos de divulgación determinados en el artículo 5 de la Ley 1806 de 2016 están dirigidos a garantizar únicamente las actividades de divulgación y publicación del Acuerdo Final, por tanto, en ningún momento podrán utilizarse estos mecanismos para la promoción o campaña del plebiscito.

11- De ninguna forma se pueden confundir actividades de divulgación del Acuerdo Final con actividades de promoción de campaña, sea a favor del sí o del no. Tampoco se pueden utilizar los eventos convocados para la divulgación para promover el sí o el no en el plebiscito.

12- Los funcionarios del Ministerio Público, en especial los procuradores territoriales y personeros, deberán requerir e informar de manera inmediata a las autoridades competentes, cualquier irregularidad presentada, en especial a los integrantes de la Fuerza Pública, cuando se tenga conocimiento o se presente queja sobre presiones de grupos armados que impidan el normal desarrollo de las campañas, el ejercicio del derecho al voto, igualmente, procederán a recepcionar las quejas a que haya lugar, junto con los elementos que se aporten o se puedan obtener para, de ser el caso, remitirlo inmediatamente a quien corresponda.

13- A los Procuradores Regionales y Provinciales se les recuerda el deber de activar los Comités Regionales y Provinciales de Control y Asuntos Electorales, de acuerdo con la Resolución No. 158 de 2015 y, a través de los mismos, buscar la colaboración armónica con las demás instituciones señaladas por la Sentencia C - 379 de 2016, como garantes para el desarrollo del proceso de votaciones en desarrollo del plebiscito especial. (Órganos de Control, Organización Electoral, Rama Judicial y Fuerza Pública).

14- Los funcionarios que decidan hacer campaña en desarrollo del plebiscito, en uno u otro sentido y, les corresponda cumplir funciones relacionadas con el proceso de las votaciones, en especial la de clavero y miembro de las Comisiones para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, deberán manifestar tal circunstancia ante las autoridades competentes, habida consideración que dicha situación puede constituirse en impedimento para el normal desarrollo de esta función pública transitoria.

15- Los funcionarios del Ministerio Público, en especial los Procuradores Regionales y Provinciales, así como los Personeros Distritales y Municipales, ejercerán la vigilancia preventiva necesaria sobre los servidores públicos, respecto de las disposiciones y limitaciones establecidas en las Leyes Estatutarias que regulan los mecanismos de
participación ciudadana, así como a la jurisprudencia relacionada con la revisión normativa.

JUSTICIA

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