‘Los derechos humanos se han ampliado a diferentes contextos’: Boulin

‘Los derechos humanos se han ampliado a diferentes contextos’: Boulin

El presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos habla de las nuevas violaciones.

El 12% de los niños son explotados laboralmente
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Archivo 123RF

04 de febrero 2018 , 11:50 p.m.

Las imágenes de pueblos militarizados o sometidos por un aparato policial que persigue todo tipo de oposición política son cosa del pasado, en opinión del jurista argentino Ignacio Boulin, presidente y cofundador del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLDH), organización que desde el 2015 es reconocida como órgano con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

Boulin sostiene que los cambios en el mundo también han alcanzado los derechos humanos. “Hoy en día, las violaciones responden a situaciones diferentes, distintas a las que se tenían a la vista en el momento de las primeras declaraciones internacionales sobre derechos fundamentales”, dice, y considera que “los organismos multilaterales y la sociedad civil deben adecuarse al nuevo panorama”.

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado identifica esos patrones sistemáticos de violaciones contra personas perpetrados ahora no solo por Estados. En la actualidad, también entran a ese escenario sujetos no estatales, como empresas, sindicatos y gremios. Un ejemplo –indica– es el conflicto que se ha generado con la plataforma de Uber en el mundo. Sin embargo, advierte que este giro no exime a Estados de su responsabilidad y obliga a buscar nuevas alternativas a las clásicas herramientas y mecanismos de protección que se acomoden a los cambios mundiales.

¿Cuál es el panorama actual de los derechos humanos en el continente?

Con excepción de Venezuela, en la mayoría de países se ha ido consolidando un cierto nivel democrático que comprende la defensa de los derechos humanos. Con excepciones, han quedado en el pasado los métodos violentos que afectaron de manera especial el derecho a la vida, la libertad personal y la libertad de expresión. Hablamos de regímenes que ejercían detenciones masivas e ilegales, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, hoy surgen nuevas amenazas contra los derechos humanos, otras formas de atentados contra la dignidad humana y las libertades fundamentales.

¿Cuáles son esas nuevas amenazas?

El mundo es otro, y los derechos humanos se han ampliado a diferentes contextos acordes con dicho cambio. Son conflictos distintos con nuevos actores, en los cuales aparecen no solo los gobiernos, sino también empresas o sindicatos. Ahora, sujetos paraestatales o privados también ejecutan acciones violatorias de los derechos humanos. Son casos en los que se presentan patrones comunes como violencia de género, discriminación contra la mujer, los homosexuales o las minorías étnicas y religiosas por algunos sectores de la sociedad, y agresiones sistemáticas entre grupos económicos o sociales.

Un ejemplo...

Hay muchos. Podemos citar casos como la persecución y el asesinato de periodistas por el narcotráfico en México, la violencia privada en contra de minorías incentivadas desde los atriles políticos, como en Estados Unidos durante la campaña y el gobierno de Donald Trump; las agresiones de transportadores contra conductores de Uber en Colombia, en Argentina y otros países de la región; el bloqueo de internet y las redes sociales hecho por empresas o instituciones públicas, coartando la libertad de expresión o el desarrollo de formas de trabajo; el accionar de grupos criminales que intimidan o extorsionan a transportadores en Guatemala; la violencia y la discriminación.

¿Y en Colombia?

Los grupos paramilitares en el país y toda la corrupción política que han desencadenado, como la ‘parapolítica’, son un buen ejemplo. Lo mismo que la situación de derechos humanos de campesinos, indígenas y afrodescendientes afectados por el conflicto armado.

¿Caben casos como la reciente decisión judicial en Colombia que obliga a los periodistas de un medio a revelar sus fuentes frente a una demanda por la publicación de una investigación periodística?


No se puede invocar una cuestión procesal o formal para no reconocer un derecho fundamental; es problemático desde el punto de vista de los derechos humanos, especialmente en consideración a los lineamientos del Sistema Interamericano. La protección de las fuentes es fundamental para tutelar la libertad de expresión que permita tener un debate libre y robusto. Por eso, esa orden judicial es contraria a la libertad de expresión.

La protección de las fuentes es fundamental para tutelar la libertad de expresión que permita tener un debate libre y robusto. Por eso, esa orden judicial es contraria a la libertad de expresión

¿Esta situación ocurre solo en Colombia?

No sucede solo en Colombia, en varios lugares se está presionando a periodistas y medios para que revelen las fuentes, como está pasando con el presidente Trump, en Estados Unidos.

¿Qué pasa cuando los violadores de derechos humanos desbordan el poder del Estado?

Lo que pasa es que el Estado no puede declararse nunca en impotencia. Su deber es responder a sus obligaciones en defensa de los derechos humanos. Para eso está. El Estado sigue siendo responsable internacionalmente, aunque los autores no sean sujetos estatales cuando esas violaciones de derechos humanos son toleradas y no se previenen, ni investigan ni sancionan y reparan, independientemente de quién las haya realizado.

¿Cómo enfrentar este tipo de violaciones cuando provienen de compañías transnacionales privadas?

Lo correcto es que estas se sometan a la autoridad del Estado y fomenten métodos de buenas prácticas que los libren de actos violatorios de los derechos. En estos casos, lo que puede funcionar son tratados internacionales entre países.

¿Deben las organizaciones de defensa de los derechos humanos cambiar su discurso, reorientar su estrategia y ver al Estado como otra víctima?


Se debe llegar a un equilibrio. La sociedad civil no puede dejar la crítica y la denuncia cuando corresponde. Pero puede abrir espacios y estrategias de colaboración, apoyo y coordinación en la defensa y promoción de los derechos humanos. Los Estados, por su parte, están obligados a mostrar resultados en los estándares de transparencia y mejora de políticas públicas y en abrirse al diálogo genuino con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo lograrlo?

Y vuelvo al tema de Colombia. En su país se está dando esa colaboración mutua. Organizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos se han aliado con el Gobierno en defensa de los acuerdos de paz.

Uber y el derecho al trabajo

¿Por qué insiste en el tema de Uber?

Lo que se reprocha son algunas medidas drásticas, como la bajada de aplicaciones o la supresión de contenidos, considerándolos ilegales sin fundamentos precisos y claros que determinen su ilegalidad conforme al test de necesidad, proporcionalidad y legalidad que establece el Derecho Internacional. Caso concreto ha sido una medida cautelar de un juez de Buenos Aires que bloqueó el servicio de Uber en Argentina. Organizaciones como Access Now han indicado que es contraria a la libertad de expresión la bajada de ese tipo de aplicaciones.

¿Los tribunales colombianos que se han pronunciado frente al tema de Uber también han incurrido en estas violaciones?

Entiendo que ningún tribunal colombiano ha declarado a Uber ilegal. Si se refiere a una reciente sentencia de la Corte Constitucional, esta que se limitó a decretar para dos casos puntuales y específicos de personas discapacitadas que la acción de tutela no era el mecanismo procesal idóneo, considero que ese tribunal pudo haber ordenado una protección de los derechos. Ya lo hizo antes en casos como el de los vendedores ambulantes, o el de las corridas de toros. En mi opinión, el tema central es el de resguardar los derechos fundamentales de estos ciudadanos a no ser agredidos, o a la libertad del oficio, y excusas formales no sirven para negar esa tutela.

¿Pero los derechos de los taxistas?

Toda innovación de este tipo debería entrar en un espacio de libertad. De lo contrario, se ahoga la innovación, que es algo que internet favorece, tal como han reconocido los organismos internacionales y que, sabiamente, reconocen varios tratados que protegen el derecho humano a la ciencia y sus beneficios. Es como si a principios del siglo XX se hubieran prohibido los taxis para proteger a los conductores de carruajes de tracción a sangre.

GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
EL TIEMPO
gerjim@eltiempo.com
En Twitter: @GermanAJL

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