La larga lista de anormalidades en el remate de carros del Senado

La larga lista de anormalidades en el remate de carros del Senado

Investigación de Contraloría descubrió nuevas irregularidades en el negocio con la firma Nave Ltda.

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En el proceso del traspaso de vehículos pertenecientes al Senado de la República la Contraloría encontró irregularidades.

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El TIEMPO.COM

03 de noviembre 2016 , 09:19 p.m.

Vehículos que se subastaron por mucho menos de lo que realmente costaban, irregularidades en el traspaso de los carros que permitieron que, después de vendidos, siguieran figurando a nombre del Congreso o que hoy los tengan desconocidos, y carros que circulan con blindaje aunque no hayan renovado ese permiso.

Esa es la lista de las anormalidades que encontró la Contraloría General al estudiar el negocio mediante el cual el Senado dio de baja 260 de sus vehículos en el 2012, entre ellos el del escándalo de los 600 millones de pesos de la mafia y por el que está con casa por cárcel Luis Javier Rojas Morera, el hijo de una exalta funcionaria de la corporación.

El polémico contrato es el 420 del 2012, que firmó el Senado para que la Comercializadora Nave Ltda. subastara seis lotes de vehículos que no tenía en uso. La indagación de la Contraloría empezó después de que en abril fuera capturado Rojas Morera con la fuerte suma de dinero y en un carro que supuestamente había sido subastado pero que seguía a nombre del Congreso de la República. (También: 80 vehículos subastados siguen a nombre del Congreso)

La Contraloría evidenció que en esa subasta se habría generado un detrimento de 1.765 millones de pesos porque los vehículos fueron vendidos por Nave Ltda. a precios muy por debajo de los valores del mercado.

Entre el avalúo y el certificado de venta hay diferencias en la descripción del modelo y del cilindraje de los automotores. Adicionalmente, en el negocio no se tuvo en cuenta que costaban al menos un 10 por ciento más por ser blindados, y además al Estado no se le pagaron otros recursos provenientes del impuesto de remate establecido en la Ley 11 de 1987.

El detrimento también se generó porque en la subasta se le descontaron al Senado valores de mantenimiento que debía asumir la comercializadora, ya que el contrato indicaba que la subasta se haría “en el estado en que se encuentren” los vehículos.

La Fiscalía investiga el negocio, pues hasta ahora no se ha explicado por qué el hijo de una alta funcionaria del Senado, Magdalena Morera, terminó con un carro que había sido negociado por la oficina en la que ella trabajaba.

Las irregularidades se prolongaron por años. Así, a pesar de que el traspaso tenía que realizarse máximo 60 días después de la venta, esto no se cumplió.

Hoy hay al menos 72 de esos carros a nombre del Senado, incluidas las obligaciones de impuestos.

Por cuenta de esa irregularidad, el Congreso debe también millonarias multas por infracciones de tránsito que han cometido los nuevos dueños. (Lea también: Escándalo en el Congreso por carro con dinero de bandas criminales)

Igual de grave es el caso de otros 123 vehículos también subastados por esa comercializadora, en los que hoy aparecen como compradores personas diferentes a las que inicialmente habían sido las adjudicatarias en la subasta.

Además, de manera inexplicable, en el Registro Único de Tránsito otros 19 vehículos aparecen como traspasados a “persona indeterminada”, por lo que no se sabe quién es hoy su dueño. En cuatro de ellos, el servicio aún aparece como si fuera de “uso oficial”, lo que implica que desconocidos se vean favorecidos por normas de tránsito que no deberían cobijarlos.

Y a pesar de que el contrato indicaba que Nave debía encargarse de realizar todos los trámites necesarios para que los nuevos dueños renovaran el permiso de blindaje, ese procedimiento no se cumplió. Los registros dan cuenta de que 164 de esos carros mantuvieron el blindaje a pesar de que no se hizo el trámite.

“Los hechos descritos vulneran las condiciones de seguridad de la ciudadanía dada la posibilidad de que los vehículos transiten sin la realización de los análisis previos que determinen la necesidad de blindaje por parte de los propietarios”, dice la Contraloría.

Contrato no ha sido liquidado

Hasta el pasado mes de agosto, según la investigación de la Contraloría, el contrato con Nave Ltda. no había sido liquidado y las pólizas de calidad del servicio, cumplimiento del contrato y responsabilidad civil ya están vencidas.

“Existen obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del contratista, especialmente aquellas inherentes al registro del traspaso de propiedad y el trámite de autorización de uso de blindaje o desblindaje de algunos bienes subastados”, dice el informe.

Esta situación tiene hoy desprotegido al Senado frente a las irregularidades que haya con el uso y destinación de los carros.

JUSTICIA

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